Los casos de corrupción en las entidades estatales no son nuevos y siguen generando graves afectaciones en materia fiscal, a pesar de los esfuerzos por desmantelar las redes ilegales. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) no se salva de los escándalos y de las denuncias por irregularidades cometidas por sus empleados.
En mayo de 2024, el presidente Gustavo Petro advirtió la participación de la entidad gubernamental en todo un entramado dedicado al ingreso de contrabando. Según explicó, involucra también a otros actores estatales, que deben propender por el orden, la seguridad y la transparencia.
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Advirtió que los recursos ilegales serían utilizados, incluso, para inyectarlos en campañas políticas. “Existe un fuerte anillo de corrupción montado durante tres décadas entre dirigentes políticos, la Fuerza Pública, funcionarios de la Dian y aduanas que permiten la entrada masiva del contrabando. Se ha construido infiltrando campañas, incluso intentaron infiltrar la mía, fracasando en ello”, afirmó el jefe de Estado en su momento en una alocución.
Pero, los hechos de presunta corrupción en la Dian no cesan con la denuncia del primer mandatario. El 11 de enero de 2025, Noticias Uno reveló un nuevo caso relacionado con cobros realizados por funcionarios de la entidad a presuntos y reales infractores de la normatividad en materia de evasión de impuestos, específicamente, del IVA.
Al parecer, los trabajadores pedían dinero a los ciudadanos para cambiar el monto de la multa que les correspondía en el computador central. Es decir, que exigían parte de los recursos que iban a ser destinados para el pago de la multa para así reducir el valor de la sanción monetaria, asegurando a los señalados infractores que el monto total seguiría siendo más bajo que la multa real.
Así lo denunciaron directivos de una IPS de la Guajira, que recibieron la visita de una trabajadora de la Dian que pretendía revisar sus libros de ingresos y egresos y, de esta manera, verificar también la liquidación de impuestos. “Ella dice que no, que no hay problema, que le prestemos las carpetas para ella sacarle copia, para verificarlas, porque ella tenía afán”, explicó la persona denunciante al medio de comunicación citado.
Tiempo después, la entidad notificó a la IPS que encontraron varias inconsistencias en las facturas revisadas. Aunque, según el denunciante, los documentos en los que basaron su notificación no pertenecían a la institución prestadora de servicios. Entonces, generaron presión para lograr que la IPS pagara cierta cantidad de dinero. Esto, por medio de un emplazamiento, es decir, un acto administrativo donde pide a los contribuyentes corregir cierta información o declarar.
No obstante, la funcionaria de la Dian indicó que todavía no era oficial el emplazamiento y que, por ende, se podía “hacer algo” para solucionar. “Podemos cambiar todo, cambiamos tu declaración de renta, tú nada más entras con la clave y haces lo que nosotros te digamos y eso te baja totalmente”, precisó la persona denunciante al informativo.
En este caso, el pago que supuestamente debía hacer la IPS como infractora era de $560 millones, pero, con la intervención de funcionarios de la Dian, el monto podía bajar a $386 millones. Después, ese dinero se reduciría a $130 millones y, del restante, debía entregar el 50% a los trabajadores involucrados en el entramado. El otro 50% simplemente desaparecía y no debía pagarse a nadie.
Debido a que rechazaron el pago de la millonaria coima, su cuenta fue embargada: “Me embargan la cuenta; ya embargada no quisieron hacer acuerdo de pago”, contó la persona afectada. Pero, la Dian levantó la sanción por tratarse de una IPS y, además, está al tanto de que las autoridades ya están investigando los hechos.