La seguridad en Cauca ha estado bajo tensión desde el miércoles 15 de enero, cuando se intensificaron las acciones de grupos armados ilegales contra la fuerza pública, poniendo en riesgo la vida e integridad de la población civil.
En la tarde del jueves 16 de enero, un nuevo incidente, que ocurrió en un contexto de creciente violencia en la región, resalta la difícil situación de orden público que viven los caucanos. Un helicóptero que transportaba dinero fue blanco de un intento de asalto por parte de un grupo armado en el occidente del departamento.
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Por ahora, no hay mayores detalles de lo sucedido; sin embargo, se conoce que la rápida reacción de la fuerza pública frustró el hecho delictivo, permitiendo que la aeronave y sus ocupantes regresaran ilesos a Popayán.
Este hecho no es aislado, pues el norte del Cauca también ha sido escenario de graves hechos de violencia. En el municipio de Suárez, las disidencias de las Farc, frente Jaime Martínez, atacaron la estación de Policía utilizando drones cargados con explosivos. Aunque los dispositivos impactaron viviendas cercanas, dejando tres personas levemente afectadas por aturdimiento y generando daños materiales, el cuartel policial no fue alcanzado.
En las últimas horas, la comunidad reportó la presencia de hombres armados recorriendo sectores del casco urbano, lo que incrementó el temor entre los habitantes. Ante esta situación, el alcalde César Lizardo Cerón condenó las acciones violentas y exigió a los grupos armados cesar sus actividades que ponen en riesgo a los habitantes.
Mientras tanto, en Caloto, un ataque con artefactos explosivos y disparos contra la base militar en el Crucero de Gualí fue controlado por el Ejército Nacional, evitando mayores daños. Según reportes, los atacantes habrían lanzado cuatro artefactos desde un vehículo, hecho que sigue siendo investigado.
A pesar de la magnitud de los ataques, no se registraron víctimas ni heridos en los enfrentamientos. Sin embargo, la población caucana sigue esperando medidas efectivas por parte del Gobierno nacional, incluyendo la definición de estrategias que garanticen la seguridad en la región.
A la violencia generada por los enfrentamientos, se suma una denuncia hecha por la comunidad indígena del departamento: tres menores fueron reclutados a comienzos de 2025 por un grupo armado en el resguardado de Cerro Tijeras, una zona cercana al municipio de Suárez. Según el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), el reclutamiento ha sido una práctica recurrente en la región en los últimos meses.
“Gracias a la reacción de la comunidad en unidad, se lograron rescatar dos de los menores reclutados; sin embargo, un menor permanece en poder del grupo armado”, informó el Cric en un comunicado.
A raíz de estos hechos, la comunidad de Agua Clara, ubicada en Cerro Tijeras, decidió bloquear la vía principal de la zona para exigir la liberación de los menores restantes y poner fin al reclutamiento infantil. Aunque no se conoce el grupo armado estaría detrás de este hecho, las disidencias de las Farc tienen una fuerte presencia en esta área, siendo responsable de prácticas de reclutamiento de menores en la región durante los últimos seis meses.
Según el Cric, 107 menores fueron reclutados en 2024 en estas comunidades. Además, la Defensoría del Pueblo reportó hasta septiembre de 2024 un total de 159 casos de reclutamiento forzado de menores, lo que convierte a Cauca en uno de los departamentos más afectados por este crimen.
El Cric ha condenado fuertemente esta “terrible violación de los derechos de la niñez indígena nasa” y ha exigido el fin inmediato de estas prácticas, que continúan siendo una de las mayores amenazas para la población más vulnerable del departamento.