Al estilo del caso de Laura Sarabia: canadiense en Medellín secuestró y torturó a una empleada de servicio que creyó que le había robado

Un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario al ciudadano canadiense Raymond Arthur JR Cornish, quien estaría involucrado en el secuestro y los actos de tortura en contra de una mujer que cumplía servicios generales en un apartamento de Medellín (Antioquia).

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron el 23 de noviembre de 2023, en el barrio El Poblado de la capital antioqueña, donde la mujer había sido retenida forzosamente por este sujeto, quien se hospedaba en ese inmueble que había arrendado mediante una plataforma virtual.

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También, el ente acusatorio detalló que el hoy procesado había golpeado a la empleada de servicio para exigirle la ubicación de un anillo y un dinero en efectivo que, al parecer, se habían perdido en la residencia. Así mismo, la Fiscalía mencionó que, durante la retención de la mujer, le fue despojada de su teléfono celular, producto de la presión ejercida por el ciudadano de origen canadiense.

“Producto de la agresión, la mujer, de 42 años, recibió una incapacidad médico-legal de 15 días”, sostuvo la Fiscalía en un comunicado.

Raymond Arthur JR Cornish fue capturado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo del Ejército Nacional, cuando se encontraba en un restaurante del barrio de Medellín (Colombia). La Fiscalía reiteró que, este tipo de casos pone en evidencia los riesgos asociados a la violencia en entornos laborales y la necesidad de fortalecer las medidas de protección para las personas que desempeñan labores de servicio en propiedades arrendadas.

El sector El Poblado, conocido por su alta actividad turística y comercial, es una de las zonas más exclusivas y concurridas de Medellín, lo que añade un elemento de sorpresa a este caso. La Fiscalía continuará con las investigaciones para reunir todas las pruebas necesarias y garantizar que se haga justicia en este caso que ha conmocionado a la comunidad local.

Esta es la segunda captura contra ciudadanos de nacionalidad canadiense que fue detenido y judicializado en Colombia. El primero ocurrió el 12 de enero de 2025, cuando las autoridades capturaron al norteamericano Andy Asselin, quien fue acusado de haber retenido ilegalmente a una menor de 13 años en un hostal de su propiedad en Santa Marta (Magdalena).

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 26 de abril de 2024, cuando la menor habría sido retenida contra su voluntad en una de las habitaciones del centro residencial. Allí, la víctima fue amarrada de pies y manos y sometida a tratos degradantes, debido a que, al parecer, habría tomado sin permiso algunos objetos del establecimiento.

La captura de Asselin se produjo en la terminal de transportes de Cartagena, donde agentes de la Policía de Turismo realizaban verificaciones de antecedentes. Durante este procedimiento, se detectó que el ciudadano canadiense tenía una circular azul de Interpol y una orden de captura vigente en su contra, lo que permitió su detención inmediata.

El ente acusador imputó a Andy Asselin el delito de secuestro simple agravado, un cargo que el procesado no aceptó durante las audiencias preliminares, por lo que un juez de la república le dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Por ahora, el caso seguirá bajo la supervisión de las autoridades competentes, quienes buscan esclarecer todos los detalles relacionados con este grave incidente. Por su parte, las autoridades han reiterado su compromiso de garantizar que los responsables de este tipo de delitos enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

La comunidad de Santa Marta y las organizaciones defensoras de los derechos de los niños han expresado su rechazo ante los hechos denunciados, exigiendo justicia para la menor afectada. Este caso se suma a otros episodios que han puesto en evidencia la vulnerabilidad de los menores en contextos turísticos y la necesidad de fortalecer las políticas de protección infantil en el país.