La Unidad para las Víctimas, a través de una carta firmada por su directora territorial, Claudia Patricia Vallejo, solicitó a la Alcaldía de Medellín, encabezada por el alcalde Federico Gutiérrez, apoyo para garantizar la atención a las víctimas del conflicto armado en los puntos de atención de la ciudad.
Según el documento, la entidad enfrenta retrasos en la contratación del operador encargado de vincular al personal necesario para estas labores, debido a las limitaciones fiscales que atraviesa el Gobierno nacional.
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En la misiva, Vallejo explicó que la falta de recursos ha impedido la contratación de orientadores y documentadores, que son fundamentales para brindar atención en los Puntos de Atención a Víctimas (PAV).
“Teniendo en cuenta el contexto fiscal actual del Gobierno nacional, estamos presentando retrasos en la contratación del Operador que a su vez contrate al equipo de Orientadores y documentadores que realizan la atención en los puntos de atención a víctimas -PAV-”, dice la carta.
Por esta razón, la Unidad solicitó a la administración municipal que disponga de su propio equipo de atención para cubrir las necesidades de la población afectada mientras se resuelve la situación presupuestaria. Según consignó la carta, esta medida busca garantizar que las víctimas puedan recibir orientación e información en los puntos designados.
De acuerdo con la comunicación oficial, la Unidad para las Víctimas ofreció su colaboración para mitigar los efectos de esta contingencia. La entidad se comprometió a proporcionar orientaciones, capacitaciones y acceso a herramientas que permitan a los equipos municipales atender de manera adecuada a las víctimas.
Además, se está evaluando la posibilidad de asignar personal de planta de la Unidad para apoyar en algunos días de la semana, aunque esta medida aún no ha sido confirmada.
En el documento, Vallejo enfatizó la importancia de la colaboración de la administración local para garantizar la continuidad del servicio. “Les solicitamos especialmente todo el apoyo y disposición para que el equipo de atención a víctimas dispuesto por su entidad pueda realizar la atención y orientación a la ciudadanía que se acerque a los puntos de atención solicitando información”, señaló la directora territorial en la carta.
El contexto fiscal actual del Gobierno Nacional ha generado cuestionamientos en diversos sectores políticos, que critican la falta de recursos para programas sociales esenciales, a pesar de contar con un presupuesto superior a los 500 billones de pesos. Según informó la Unidad para las Víctimas, los retrasos en la contratación del operador encargado de los PAV son una consecuencia directa de estas limitaciones presupuestarias.
La situación generó preocupación, ya que los Puntos de Atención a Víctimas son fundamentales para atender a una población que enfrenta múltiples necesidades derivadas del conflicto armado. Estos puntos ofrecen orientación, documentación y acceso a servicios esenciales para las víctimas, por lo que cualquier interrupción en su funcionamiento afecta directamente a miles de personas.
En su carta, la Unidad para las Víctimas reiteró su disposición para trabajar de manera conjunta con la Alcaldía de Medellín y otras entidades territoriales. Además de las capacitaciones y herramientas ofrecidas, la entidad aseguró que informará oportunamente sobre cualquier decisión que permita resolver la contingencia actual.
La solicitud de apoyo a la administración municipal incluye la posibilidad de que el equipo local asuma temporalmente las funciones de atención y orientación en los PAV. Esto, según la Unidad, es una de las competencias de las entidades territoriales, aunque se reconoce que la falta de recursos a nivel nacional ha complicado la situación.
La carta enviada por Claudia Patricia Vallejo no pasó desapercibida y generó diversas reacciones. Algunos sectores políticos expresaron su descontento ante la incapacidad del Gobierno nacional para garantizar el funcionamiento de programas sociales clave, como la atención a las víctimas del conflicto armado. Las críticas se centran en la aparente contradicción entre el amplio presupuesto nacional y la falta de recursos para atender necesidades prioritarias.
Entre tanto, la solicitud de apoyo a la Alcaldía de Medellín pone de manifiesto la importancia de la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno para enfrentar situaciones de crisis. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de estas medidas de contingencia y la capacidad del gobierno central para cumplir con sus responsabilidades en el corto plazo.
Mientras se espera una solución definitiva por parte del Gobierno nacional, la colaboración entre la Unidad para las Víctimas y la Alcaldía de Medellín será clave para garantizar que las víctimas sigan recibiendo la atención que necesitan. La situación también pone de relieve la necesidad de una gestión fiscal más eficiente que permita priorizar los programas sociales esenciales en beneficio de las poblaciones más vulnerables.