Petro denunció contrato “leonino y corrupto” en el muelle 13: vinculó a allegados de Iván Duque

El presidente Gustavo Petro criticó enérgicamente la decisión de la Procuraduría General de la Nación de solicitar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) sustituir la suspensión de actividades en el Muelle 13 de Buenaventura por una amonestación escrita.

La medida, que se conoció en la tarde del martes 14 de enero de 2025, afecta al Grupo Portuario S.A., encargado de la operación del muelle, que deberá ajustar de manera inmediata su Plan de Manejo Ambiental (PMA) conforme a los requerimientos establecidos.

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La Procuraduría argumentó que la suspensión podría ser reemplazada por una sanción menos severa, siempre y cuando la empresa actualice el PMA, el cual se rige bajo la Resolución No. 297 de 2002.

Entre los documentos presentados para respaldar esta solicitud se incluyeron la Resolución 2018-159 del EPA Buenaventura, que ya había impuesto una amonestación escrita por irregularidades similares, y un oficio del 2020 en el que el Grupo Portuario S.A. presentó una actualización de su PMA.

A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro cuestionó la actuación de la Procuraduría sugiriendo que responde a intereses particulares ligados al gobierno anterior al mantener un contrato que calificó de “leonino y corrupto” y que, incluso, podría propiciar la expansión de la toxoplasmosis en mujeres al evitar la imposición de exigencias ambientales a allegados del expresidente Iván Duque que, según él, utilizan irregularmente un bien público.

“Una procuradora por sostener un contrato leonino y corrupto busca que la toxoplasmosis se expanda en las mujeres, porque no quiere que se le pongan requerimientos ambientales a los amigos de Duque que usan un bien público irregularmente”, escribió el mandatario.

En su publicación, el primer mandatario aseguró que en el Muelle 13 no existe un contrato de concesión, sino un contrato de homologación, en el que la Armada Nacional figura como la parte homologada, mientras que la Armada, a su vez, mantiene un contrato de arrendamiento con un operador privado.

Según Petro, este acuerdo debería estar supeditado a las normas ambientales, y de no ser así, la responsabilidad recaería directamente en la Armada.

“En muelle 13 no hay contrato de concesión, hay es un contrato de homologación, el homologado o casi concesionario es la Armada no el amigo de Duque. La Armada tiene es un contrato de arrendamiento con el amigo de Duque que está supeditado a las normas ambientales, sino la Armada es responsable ante el Estado”.

El presidente denunció, además, condiciones de insalubridad y abandono en el muelle, señalando la presencia de montañas de carbón al aire libre, deterioro en la infraestructura y almacenamiento inadecuado de granos destinados al consumo humano que, supuestamente, estarían expuestos a palomas y ratas: “Allí dejaron podrir decenas de toneladas de alimentación. Allí hicieron un negociado”.

“El arrendatario no tiene derechos de concesionario, sino tendría que presentar una licencia ambiental que por ley todo concesionario de puertos debe tener”, agregó el presidente.

Petro también cuestionó la extensión del contrato de homologación por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y de la Armada, pese a que él había ordenado su terminación el 3 de enero de 2025, por lo que criticó que, en lugar de entregar el muelle a asociaciones de pescadores locales, se prorrogó el contrato por tres meses.

“El contrato de homologación debió por orden del presidente terminar el 3 de enero, porque llegaba a término el contrato, es la procuraduría la que debería investigar porque la ANI amplió el contrato de homologación a la armada por tres meses, que no al arrendatario, y porque la armada amplio el contrato de arrendamiento por 3 meses cuando el presidente pidió que se hiciera a las asociaciones de pescadores de Buenaventura y el pacífico colombiano”.

La controversia sobre el estado del Muelle 13 se intensificó luego de que la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, respaldara la suspensión de la Anla, presentando imágenes que mostraban condiciones insalubres en el puerto.

Las fotografías evidenciaban desorden, suciedad y la presencia de aves sobre alimentos almacenados, lo que reforzó la preocupación por riesgos sanitarios.

Sin embargo, Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda y abogado representante del Grupo Portuario S.A., desmintió estas acusaciones, pues a través de redes sociales difundió fotografías y videos que muestran instalaciones limpias y organizadas, sin presencia de animales.

Henao acusó a la ministra de difundir información falsa y aclaró que los granos almacenados son para consumo animal, no humano, respaldándose en documentos de la Secretaría Distrital de Salud.

“Respeto por el empresariado colombiano. NO a la politiquería y a la censura”, exigió Henao.