Gustavo Petro respondió a la Procuraduría y defendió destinación de recursos de la salud para infraestructura

La aparente insuficiente de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) establecida por el Gobierno nacional para 2025 llevó a la que Procuraduría General de la Nación estudiara el estado del sistema de salud actual y se inmiscuyera en el debate sobre los recursos. La procuradora delegada para Asuntos de Salud, Diana Ojeda, advirtió en una rueda de prensa que los cálculos para financiar el sistema están mal.

Además, informó que los recursos públicos de la UPC no están siendo destinados como se debe, es decir, a la atención de los pacientes, sino a la infraestructura del sistema, algo que ya había identificado la Corte Constitucional. El tribunal, de hecho, aclaró que la UPC no debe ser utilizada para aspectos diferentes al aseguramiento de los usuarios.

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De acuerdo con la procuradora delegada, aunque el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, aseguró que revisaría la distribución de los recursos, las destinaciones hechas en años anteriores, dentro de la administración de Gustavo Petro, evidencian que el problema persiste.

“Si uno ve la destinación de los recursos de 2023, $1,2 billones para destinarlos a los hospitales públicos, a los equipos básicos, a la infraestructura, compra de ambulancias. Todo eso está bien, pero no debe ser en detrimento del aseguramiento. 2024, lo mismo, en detrimento del aseguramiento”, explicó.

No obstante, de acuerdo con el presidente Gustavo Petro, las declaraciones de la procuradora son erróneas, asegurando que es necesario garantizarle a la ciudadanía una infraestructura adecuada para la prestación de servicios, porque buena parte de la población solo cuenta con una red pública hospitalaria.

“La EPS sí puede financiar con dinero público las clínicas privadas de los dueños de las EPS, pero el gobierno no puede, con su presupuesto, reparar la red pública hospitalaria, según la procuraduría. ¿No sabe el país que la mayor parte de la población y la mayor parte de la geografía nacional no tiene más que la red pública hospitalaria cerca?”, indicó el jefe de Estado en X.

La procuradora delegada hizo más advertencias sobre la destinación de recursos de la salud para 2025. Según precisó, si se analiza el presupuesto de 2025 para el sector de la salud, el dinero para presupuestos máximos, es decir, el monto asignado a las EPS para el pago de servicios que no están cubiertos por la UPC, bajó a la mitad. Quedó en $500.000 millones, pero en 2024 el gasto fue de más de $1 billón.

De igual manera, afirmó que no se han pagado deudas correspondientes a 2022 y a 2024. Esto, a pesar de que, según la procuradora, la Corte Constitucional ha abordado cada una de esas problemáticas, exigiendo al Ministerio de Salud una solución.

Debido al aparente incumplimiento por parte del Gobierno nacional a esos requerimientos, la funcionaria informó que está pidiendo que se declare un desacato y un estado de cosas inconstitucional, que surge cuando hay una vulneración de derechos fundamentales de manera persistente y generalizada.

“Todo lo que han destruido para ver si se logra algo, porque la situación como está es irreversible, es caótica. Por ahí tengo una queja de un municipio, creo que es en Cauca, donde el equipo de radiología llegó, no hay quien lo opere y el servicio no está habilitado. Eso es pérdida de recursos”, precisó la funcionaria.

Asimismo, advirtió que la UPC para 2025 es “absolutamente insostenible”, no solo porque no tiene todos los recursos necesarios para garantizar la prestación de servicios en salud, sino también porque arrastra deudas. Eso quiere decir que el sistema de salud ya está iniciando el año “muy desfinanciado”.

Según explicó, la UPC debería estar 11 puntos por encima, pero el incremento fue de un 5,36%, lo que significa que, difícilmente, se vaya a poder garantizar la salud y la vida de los pacientes.