En medio de la polémica por el deterioro del sistema de salud colombiano, el Ministerio de Salud presentó una recusación formal ante la Procuraduría General de la Nación, bajo el argumento de la falta de imparcialidad de la procuradora delegada para el sector salud, Diana Margarita Ojeda. La cartera ministerial asegura que las declaraciones emitidas por la funcionaria provocaron un “juicio anticipado” sobre la situación del sector, lo que podría afectar la legitimidad de las decisiones administrativas.
El pronunciamiento del ministerio surge tras la solicitud de la Procuraduría a la Corte Constitucional de evaluar la declaración de un Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) en el sistema de salud, al señalar un progresivo deterioro en la calidad y acceso de los servicios. En el documento enviado al alto tribunal, el Ministerio Público criticó la reciente política de la cartera respecto al aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), advirtiendo que dicha medida podría agravar la crisis financiera del sistema y vulnerar los derechos fundamentales de los pacientes.
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En un documento que aún no se conoce en su totalidad, radicado el 14 de enero y revelado por Caracol Radio, el Ministerio de Salud acusó a Diana Margarita Ojeda de emitir conceptos y opiniones sin sustento probatorio, calificándolos como carentes de imparcialidad. Según la cartera, las declaraciones de la procuradora, que señalan una “presunta destrucción, estatización y politización del sistema de salud”, no solo vulneran principios como el debido proceso y la presunción de inocencia, sino que también generan desconfianza en las instituciones públicas.
“Las afirmaciones de la dra. Ojeda atentan contra el correcto ejercicio de la función pública que con mucho honor, respeto y dedicación se ha venido realizando desde el Ministerio de Salud”, se lee en el documento.
Por ello, la cartera solicitó formalmente que la procuradora (d) se abstenga de participar en cualquier tipo de actuación administrativa relacionada con el sector salud y que se designe a otro funcionario para asumir este rol. Además, advirtió sobre las consecuencias negativas de lo que calificó como un “prejuzgamiento” en el contexto de la grave situación que enfrenta el sistema.
En una parte del documento se lee que Ojeda esta “desligándose de sus obligaciones constitucionales y legales de asumir una postura imparcial y objetiva frente a las actuaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, expresando, sin lugar a duda, sus posturas adversas, lo cual no solo quebranta el principio de imparcialidad y transparencia, sino que a su vez vulneran, los principios al debido proceso, defensa y contradicción y demás que gobiernan la función administrativa”.
Procuraduría insistió en la necesidad de declarar un Estado de Cosas Inconstitucionales en el sistema de salud
La solicitud ante la Corte Constitucional también detalla un historial de incumplimientos por parte del Ministerio de Salud en relación con las órdenes emitidas en la Sentencia T-760 de 2008, que buscaba garantizar la cobertura universal y la sostenibilidad del sistema de salud. Según el ente de control, el ministerio ignoró reiteradas advertencias sobre la necesidad de presentar estudios técnicos rigurosos y tomar decisiones basadas en evidencia.
Entre las omisiones más graves, el documento resaltó la falta de reporte de información requerida y la demora en la implementación de acciones concretas para resolver problemas estructurales del sistema. Esto, según la Procuraduría, constituye una violación no solo de los principios de la Ley Estatutaria de Salud, sino de disposiciones disciplinarias y penales.
En respuesta a esta situación, la Procuraduría propuso que la Corte evalúe la viabilidad de declarar un ‘Estado de Cosas Inconstitucionales’, una figura jurídica utilizada en contextos donde la vulneración de derechos fundamentales se ha vuelto sistemática y prolongada. Este paso buscaría movilizar recursos y medidas excepcionales para garantizar que los colombianos accedan a un sistema de salud funcional y eficiente.
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