Ministro de Salud defiende aumento de la UPC basado en la inflación, tras presuntas incongruencias en reportes de las EPS

En declaraciones a medios de comunicación, el Ministerio de Salud reveló las razones tras el incremento del 5,36% en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el 2025.

Según el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, esta decisión, que impacta de manera directa al sistema de salud y a sus actores principales, fue tomada en medio de incongruencias en los reportes financieros entregados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) a las autoridades regulatorias.

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El proceso para determinar el ajuste de la UPC comenzó en mayo de 2024 y se extendió hasta octubre del mismo año. Durante este período, el Ministerio de Salud recibió reportes de 15 EPS del régimen contributivo, aunque ninguna del régimen subsidiado presentó información. Sin embargo, tras un análisis detallado, solo cinco EPS (Salud Total, Sanitas, Sura EPS, Comfenalco Valle del Cauca y SOS) fueron consideradas para el estudio de suficiencia de la UPC.

Una situación particular fue la exclusión de Nueva EPS, una de las entidades con mayor cantidad de afiliados, debido a que no presentó su informe de estados financieros correspondiente a 2023. Esto limitó su participación en la determinación del dato final.

El Ministerio de Salud identificó diferencias significativas en los reportes entregados por las EPS a la Superintendencia de Salud y al propio ministerio. Estas inconsistencias oscilaron entre un 8,7% y un 11,6%, lo que generó dudas sobre la confiabilidad de los datos presentados. En cifras concretas, estas discrepancias representaron una diferencia de $4 billones en los costos reportados a la Superintendencia y $3,09 billones en los reportes entregados al Ministerio de Salud.

Entre las irregularidades encontradas se destacaron patrones de severidad y frecuencia de atención inconsistentes, información sobre personas fallecidas, costos de medicamentos superiores a los precios regulados y gastos médicos elevados sin una justificación clara. Ante estas dificultades, el Ministerio optó por basar el ajuste de la UPC en la inflación general reportada por el Dane para el año anterior, en lugar de utilizar la inflación específica del sector salud.

“Entre los datos que recibimos hay algunos que no tienen justificación y cuentan con cambios abruptos, como por ejemplo en el caso de los procedimientos médicos y los medicamentos. Entonces, mientras nos reportan un dato a nosotros, luego reportan uno distinto en las mesas de trabajo”, indicó Jaramillo.

El director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix León Martínez, explicó que basar el ajuste en la inflación del sistema de salud podría haber generado un incremento incluso menor. Esto se debe a que la inflación general refleja el gasto de los ciudadanos, mientras que la inflación del sector salud se centra en los costos operativos del sistema.

El Ministerio dejó abierta la posibilidad de revisar la UPC en el futuro, siempre y cuando las EPS suministren información más precisa y los mecanismos de fijación se ajusten para garantizar suficiencia financiera. De confirmarse insuficiencias en los recursos, se evaluarían mecanismos para generar ingresos adicionales que cubran las necesidades del sistema.

Del grupo de 15 EPS evaluadas, 10 fueron excluidas del estudio de suficiencia debido a inconsistencias en sus reportes financieros. Entre ellas, entidades como Compensar y Famisanar mostraron cambios abruptos en patrones de severidad y frecuencia sin documentación que los respaldara. Estas inconsistencias redujeron la representatividad de las cifras utilizadas para la fijación de la UPC.

El estudio de suficiencia se sustentó en los estados financieros de 2023, lo que pone de manifiesto la importancia de reportes fiables y consistentes. La exclusión de un número significativo de EPS refleja los desafíos de transparencia y rendición de cuentas en el sector salud.

El aumento de la UPC basado en la inflación general busca garantizar un equilibrio temporal en el sistema de salud, pero también plantea preguntas sobre la sostenibilidad financiera a largo plazo. La capacidad del Ministerio de Salud para implementar mecanismos de control más rigurosos y fomentar la transparencia entre las EPS será fundamental para evitar futuras inconsistencias.

En un sector tan vital como el de la salud, la precisión y la confiabilidad de los datos financieros son elementos esenciales para tomar decisiones que beneficien a la población y garanticen la estabilidad del sistema. Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer la supervisión y el análisis de los recursos en pro de un sistema más eficiente y equitativo.