Gerente de Afinia afirmó que la crisis en la costa Caribe es grave: no ha dado ganancias en cuatro años

Las deudas que el Gobierno nacional y los usuarios de los departamentos de Bolívar, César, Córdoba y Sucre acumulan con la prestadora del servicio de electricidad en el norte de Colombia, Afinia, tienen en crisis la economía de la empresa perteneciente al conglomerado Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Según indicó el gerente de la empresa, Jhon Jairo Granada, a El Espectador, las pérdidas superan los 4 billones de pesos, teniendo en cuenta las obligaciones del Ejecutivo y los ciudadanos y el cobro de la opción tarifaria, que es de $1,4 billones. Asimismo, dijo que las pérdidas en 2024 fueron de $414.000 millones.

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Aunque afirmó que no han solicitado una intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, porque no se encuentran en mora, indicó que la crisis por falta de recursos de EPM pone en riesgo la operabilidad de Afinia en el futuro. Cabe destacar que, Afinia entró con Air-E a reemplazar el servicio que prestaba Electricaribe en el pasado.

Según comentó Granada al medio citado, el Gobierno está debiendo a Afinia alrededor de $691.000 millones por los subsidios de energía para los estratos más bajos en el norte del país. “El año pasado solo nos pagaron hasta mayo”. Asimismo, la opción tarifaria, una deuda que Petro asumió en mayo de 2024, aún se encuentra pendiente de pago.

Por otra parte, indicó que los clientes deben alrededor de $2,4 billones. “Los entes públicos, como cárceles, hospitales, puestos de salud, colegios, empresas de acueducto y alcaldías, vienen acumulando deudas por casi $300.000 millones”, expresó el directivo, que también agregó que a la mayoría de estos lugares no pueden quitar el servicio por protección institucional.

El gerente afirmó que se han intentado comunicar con la Presidencia, el Ministerio de Hacienda, el de Minas, la Superintendencia y Contraloría, con el fin de que les ayuden. “El año pasado nos dijeron que no había plata, que no había fondos en el presupuesto. El Ministerio de Minas sacó las resoluciones ordenando el pago con los valores certificados”, precisó Granada sobre el particular.

En este sentido, expresó que el ministerio encargado de girar el dinero es el de Hacienda, pero que no han obtenido una respuesta.

El gerente indicó a El Espectador que la situación es crítica, puesto que la inversión hecha por las Empresas Públicas de Medellín no se está recuperando en la actualidad. “EPM no ha sacado un peso de aquí, no ha habido utilidades en estos cuatro años; al contrario, lo que ha hecho es capitalizar y hacer créditos”.

Granada también mencionó que la empresa está cumpliendo con obligaciones financieras, por lo que aún no han incurrido en las causales de intervención que considera la Superintendencia de Servicios Públicos, y agregó que no esperan una intervención en los siguientes años. Además, remarcó que dependerán del comportamiento del mercado en 2025.

El gerente afirmó que desde abril de 2024 propuso siete ideas al Gobierno nacional con el fin de controlar algunos de los problemas que hoy afronta la población en los departamentos del Cesar, Bolívar y Sucre. Granada afirmó que el Ejecutivo buscaba precios justos, pero que Afinia hablaba de precios razonables; “es decir, que remunere el servicio y como dice la ley, que las empresas sean sostenibles con una utilidad razonable para hacer inversiones”.

E indicó que la dueña de la empresa eran las personas, por lo que las tarifas corresponden a la regulación hecha desde Afinia, con el fin de que se pueda aplicar mejoras en el futuro.

Finalmente, afirmó que si el Gobierno nacional no gira los recursos y por esta razón las comercializadoras no entregan los subsidios, sería una medida grave. “Hoy, por ejemplo, a un consumidor en estrato 1 la factura le cuesta $100.000 y con el subsidio le cobramos $40.000. Si el gobierno decidiera no pagar, el usuario debería pagar completo”, concluyó Granada, que consideró que la evasión y robo del servicio aumentaría en las zonas afectadas.