El incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en 5,36% para 2025 tiene a los usuarios del sistema de salud en incertidumbre, debido a que las EPS mantienen la postura de que el dinero asignado para la prestación de servicios en salud no es suficiente, mientras que el Gobierno opina lo contrario. Pues, el cálculo de la UPC se basa en información de los estados financieros que cada entidad promotora presenta.
A pesar de que los números reportados por las EPS fueron la base para determinar el incremento que debería tener la UPC, al parecer, hubo datos que no fueron tenidos en cuenta para el estudio de la situación actual del sistema. Así lo explicó la procuradora delegada para Asuntos de Salud, Diana Ojeda, en una rueda de prensa llevada a cabo el 14 de enero de 2025.
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“La UPC debe contener no solo un tema de costos, de precios, sino también de frecuencias de uso, de mayores tecnologías que han sido vinculadas al Plan de Beneficios en Salud, y nada de esto se tuvo en cuenta”, detalló.
Además, de acuerdo con la funcionaria, la demografía y las nuevas enfermedades son aspectos que también deberían ser incluidos en el análisis para el cálculo de la UPC.
Ahora bien, según detalló, el estudio llevado a cabo por el Gobierno nacional para determinar el aumento omitió el hecho de que la Nueva EPS, que es la entidad promotora de salud más grande de Colombia, no tiene todos los datos disponibles para hacer un cálculo acertado sobre los recursos destinados a la atención de los usuarios.
“La Nueva EPS, que está intervenida, no tiene estado financiero del año 2023 y tiene una población de 11 millones de afiliados, es imposible que se saque una UPC sin tener en cuenta a la EPS más grande del país y sin que se tenga en cuenta otros factores”, dijo.
La procuradora explicó que no es suficiente haber incluido la tasa de inflación del 5% o 2% y el incremento del 0,16% por concepto de servicios y tecnologías. Estas cifras, por sí solas, no apuntan a la realidad del sistema de salud ni a las necesidades de los usuarios, a los que se les debe garantizas la protección de sus derechos fundamentales, en este caso, a la salud.
Asimismo, criticó las declaraciones de algunos funcionarios del Estado que culparon a los congresistas de las comisiones económicas que hundieron la ley de financiamiento (reforma tributaria) del Gobierno nacional de la crítica situación que enfrenta el sistema de salud. Parte de los recursos que serían recaudados por medio de la ley, irían a parar al Presupuesto General de la Nación de 2025, que está desfinanciado.
Se refirió entonces a una publicación específica del director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar. “Congresistas mandaderos de las EPS que sabotearon y negaron la Ley de Financiamiento, ahora salen a llorar, porque, “la UPC quedó muy baja”. ¿Creyeron que su decisión equivocada de archivar la Ley no tenía consecuencias ¿Creyeron que con la estrechez fiscal el gobierno salía a sacrificar a los más pobres por llenarles los bolsillos a las EPS como hicieron otros gobiernos? Qué ingenuidad y qué falta de lectura de las finanzas públicas”, aseveró el funcionario.
También hizo hincapié en explicaciones que dio el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, en conversación con W Radio, relacionadas, justamente, con el archivo de la iniciativa, que buscaba solucionar algunos de los problemas que hay en el sistema y que están poniendo en riesgo su sostenibilidad.
“Esas razones, para hablar de una UPC, no son técnicas y si uno revisa la Resolución 2717, ahí hay presuntamente falsa motivación”, indicó la procuradora delegada en la rueda de prensa.