A finales de diciembre de 2024, el Gobierno nacional anunció el aumento del 5,3% a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que corresponde al dinero que el Ejecutivo le reconoce a las EPS por cada uno de sus afiliados.
La decisión del Ejecutivo ha generado fuertes cuestionamientos, tanto en el gremio de salud como en la clase política del país, al considerar que el incremento decretado por la administración Petro es considerablemente inferior al de años anteriores, siendo cinco veces menor a lo destinado para cubrir enfermedades de alto costo destinado para el 2024.
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Al respecto, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, salió en defensa de esta decisión, y sostuvo que el aumento tuvo en cuenta la negativa del Congreso de la ley de financiamiento, en diciembre del año anterior.
“Si no es suficiente, yo les preguntó: ¿de dónde vamos a sacar los recursos? (...) porque al Gobierno Nacional no se le puede pedir que le nieguen el financiamiento para el presupuesto, pero que aumente al 16%”, dijo el jefe de cartera durante una rueda de prensa.
De hecho, el titular de la cartera de salud aprovechó para cuestionar al exministro Alejandro Gaviria, una de las voces férreas del Gobierno Petro, y quien ha cuestionado el incremento de la UPC para el año 2025. “Recuerdo que una persona tránsfuga de este Gobierno dijo que había que aumentar el 20 por ciento, y estuvo seis años por aquí. Eso implica 15 puntos por encima de los que hoy hay, 15 puntos representan 15 billones de pesos (...) ¿y de dónde vamos a sacar esos 15 billones de pesos?”, añadió.
También, Jaramillo señaló que las irregularidades en la información reportada por las EPS han sido un obstáculo para realizar un cálculo más preciso. Según el Ministerio, estas inconsistencias han generado desconfianza en los datos proporcionados por las EPS, lo que llevó a adoptar un enfoque más conservador en el ajuste de la UPC.
Incluso, mencionó que esta situación es “normal”, al considerar que en anteriores gobiernos, “estaban por debajo de la inflación”, y cuestionó la forma en la que se toma el cálculo de la UPC para cada año, ya que menciona que se toman en cuenta datos de casi dos años atrás y no del año inmediatamente anterior.
“Ha habido un dilema respecto al cálculo de la UPC. En el 2011 el aumento de 3,47 y la inflación fue de 3,73, es decir, por debajo. En el 2015, el incremento de la UPC 6,06, y la inflación de 6,7 %. En el 2021, la inflación fue de 5,62, y la UPC, 5,18 por ciento”, comentó el ministro de Salud a los medios de comunicación.
Además, el funcionario precisó: “Lo que ha hecho el gobierno durante su periodo es tomar tres determinaciones. En el 2022 para 2023, subió la UPC 16,23 % y la inflación fue de 9,2 %. Para el 2024 aumentó la UPC en 12,1 % y la inflación fue 6,02 %. Aquí no se puede decir que este Gobierno del presidente Petro no ha hecho un esfuerzo supremamente grande”.
Así mismo, Jaramillo indicó que otro factor determinante fueron las irregularidades que, según el ministro, fueron halladas en los informes entregados por parte de las EPS y los estados financieros auditados por estas entidades.
“Hemos encontrado reportes de cerca de 23.000 pacientes fallecidos, por los cuales las realizaron cobros por servicios que estarían afectando las finanzas del sistema de salud. Usted no tiene por qué estar reportando cuando ya se ha declarado el fallecimiento de la persona”, afirmó.
Adicionalmente, el alto funcionario del Gobierno Petro advirtió que las EPS en Colombia están “en cuidados intensivos” pero que no han contemplado iniciar procesos de liquidación, al considerar que “sería bastante compleja porque no tendrían con que responder”, e insistió en su llamado al Congreso para que se avance en la discusión de la reforma a la Salud, que se encuentra en segundo debate en la Cámara de Representantes.
“Nueva EPS adeuda casi 6 billones, Famisanar adeuda 2 billones de pesos y así seguiríamos, y no tendrían con que responder. Sabemos que estas EPS intervenidas superan los 10 billones de pesos, y si las liquidamos, quebraríamos los hospitales, las clínicas y los proveedores del país”, aseveró.
Frente al costo de manejos administrativos de las EPS, el ministro resaltó un aumento del 28 por ciento en el año 2023, aun cuando el registro de usuarios habría aumentado en cerca del 11 %, por lo que anunció que acudirá a la Procuraduría y a la Fiscalía General de la Nación para entregar las irregularidades halladas y que se adelanten los trámites correspondientes.
Finalmente, el ministro de Salud reiteró que el aumento de la UPC para el 2025 será analizado detenidamente al interior de la cartera. “Nosotros estamos prestos a volver a buscar, con la ayuda de todos los sectores técnicos, y hacer una revisión muy clara”, concluyó el funcionario.