Las EPS enfrentan millonarias pérdidas en el inicio de 2025 y pondrían en problemas la prestación del servicio de salud

El Sistema General de Seguridad Social en Salud (Sgsss) de Colombia atraviesa un momento delicado que despierta preocupación entre los actores del sector sanitario. Según el reciente séptimo boletín del Observatorio Financiero de Así Vamos en Salud, el sistema evidencia una fragilidad estructural a raíz de múltiples factores, entre ellos, pérdidas financieras, un déficit presupuestal significativo y un creciente descontento ciudadano.

El informe se apoya en cifras consolidadas del cierre financiero de 2024 e indicadores iniciales de 2025, lo que pone en evidencia la dimensión del problema. “Las deficiencias del sistema han afectado el acceso y la oportunidad de los usuarios de recibir servicios de salud”, señala Así Vamos en Salud.

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La situación financiera de las entidades promotoras de salud (EPS) revela datos alarmantes. Según la organización, las EPS acumularon pérdidas operativas de $3,1 billones al cierre del tercer trimestre de 2024, siendo el régimen contributivo el principal responsable, con un 64% de dicho déficit.

Además, el patrimonio total de estas entidades mostró un saldo negativo de $7,1 billones, lo que hace evidente un proceso de descapitalización que pone en jaque la sostenibilidad del sistema. “El déficit patrimonial refleja una crisis estructural que debe ser atendida con urgencia”, recalca el informe.

Por su parte, el manejo financiero de EPS como Nueva EPS, que cuenta con el 23% de los afiliados del sistema y fue intervenida en abril de 2024 por la Superintendencia Nacional de Salud, visibiliza otro punto crítico: la calidad de los reportes financieros. Según el informe, la falta de datos completos ha obstaculizado la planeación y el cálculo adecuado de la unidad de pago por capitación (UPC), que es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud (Sgsss) para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS), en los regímenes contributivo y subsidiado, lo que lo convierte en un componente esencial en la financiación del sistema.

El acceso de los colombianos a servicios de salud continúa enfrentando barreras importantes, lo que llevó a un incremento en las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (Pqrs). Según datos de noviembre de 2024, estas superaron los 1,4 millones, un aumento del 20,07% respecto al mismo período de 2023. El 91 % de las quejas están vinculadas con dificultades en el acceso a servicios y tecnologías de salud.

La problemática también se refleja en un crecimiento notable en el número de tutelas presentadas por los ciudadanos. En el mismo período, las acciones judiciales por asuntos relacionados con la salud aumentaron un 25,4 % en comparación con 2023.

Según Así Vamos en Salud, el fenómeno evidencia la dependencia de la población colombiana de estos mecanismos judiciales para garantizar sus derechos, debido a que las EPS todavía no pudieron resolver oportunamente las demandas de los usuarios. “Los colombianos dependen cada vez más de las tutelas para acceder a servicios esenciales de salud” , resalta el informe.

El panorama para 2025 no es el mejor. El presupuesto del sistema arrancó con un déficit estimado en $9,2 billones, y el aumento aprobado para la UPC fue de tan solo un 5,36 %, muy inferior al 16,9% que, según el sector, sería necesario para mitigar las presiones inflacionarias y garantizar el acceso a servicios básicos. Así Vamos en Salud advirtió que este incremento, ajustado a la inflación causal del 5,3%, profundizará aún más la crisis estructural del sistema.

Además, el presupuesto máximo asignado para 2025 asciende a solo $502.000 millones, cifra considerablemente menor a los $2,3 billones ejecutados en 2024. El recorte generará más presión en la cobertura del déficit acumulado de vigencias pasadas, que apenas será financiado con $1 billón.

Según la organización, los recursos no son suficientes frente a las deudas acumuladas en los últimos años. “El desfinanciamiento inicial del presupuesto para 2025 afecta gravemente la respuesta del sistema de salud”, puntualiza el informe.

Entre 2022 y 2024, varias EPS enfrentaron intervenciones de las autoridades, lo que perjudicó tanto la calidad de los procesos internos como el reporte de información clave. La situación de Nueva EPS es emblemática, ya que la intervención dificulta la posibilidad de tomar decisiones financieras informadas y basadas en la realidad del sistema. Según el informe, se requiere un esfuerzo adicional para calcular de manera técnica la demanda real de servicios y tecnologías de salud a fin de priorizar de forma estratégica los recursos disponibles.

El boletín de Así Vamos en Salud cierra al hacer un llamado urgente a todos los actores involucrados: tomadores de decisiones, gestores del sistema y ciudadanía. El documento insiste en la necesidad de diseñar políticas y que refuercen el acceso equitativo, sostenible y eficiente a los servicios de salud.

Por último, destaca la importancia de fortalecer de manera técnica la capacidad del sistema para enfrentar con éxito los retos políticos, sociales y financieros del futuro. “Es imperativo construir consensos que permitan superar esta crisis estructural”, enfatizó Así Vamos en Salud.