Más de 30 demandas contra el Estado por problemas en las concesiones viales

Colombia enfrenta un nuevo desafío financiero debido a más de 30 demandas presentadas por 25 concesionarias viales, que reclaman desequilibrios económicos en contratos firmados desde 2014.

De acuerdo con información revelada por la revista Cambio, estas empresas responsables de la construcción, operación y mantenimiento de importantes vías, exigen compensaciones a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por conceptos como no cobro de peajes, sobrecostos derivados de obras no contempladas y emergencias climáticas que afectaron los proyectos.

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Aunque aún no se ha divulgado el valor total de estas reclamaciones, se estima que podrían ascender a cifras multimillonarias. La mayoría de los casos se están resolviendo mediante tribunales de arbitramento en la Cámara de Comercio de Bogotá, lo que les otorga carácter de confidencialidad.

La ministra de Transporte, María Constanza García, reveló que al final del gobierno de Iván Duque se mantenían 17 litigios con concesionarias por un valor aproximado de 9 billones de pesos. Sin embargo, investigaciones del medio mencionado indican que actualmente existen 32 procesos activos.

Estos conflictos no son nuevos, pues varios datan de años atrás y están relacionados con disputas sobre costos adicionales y situaciones imprevistas que, según las concesionarias, justifican ajustes contractuales.

Uno de los principales puntos de conflicto radica en los contratos firmados hace más de una década entre el Gobierno y los concesionarios. Estos acuerdos establecían que los peajes serían una fuente clave de ingresos para recuperar las inversiones realizadas en las obras.

Durante la emergencia sanitaria de 2020, el gobierno de Iván Duque autorizó la exención del pago de peajes entre el 26 de marzo y el 31 de mayo. Esta medida, aunque buscaba aliviar la carga económica de los ciudadanos, tuvo repercusiones significativas en los ingresos de los concesionarios.

Por ejemplo, el proyecto Santa Marta-Paraguachón, a cargo de una concesión vial, presentó una demanda contra la ANI, exigiendo el reconocimiento de los ingresos no percibidos durante ese periodo. Además, esta misma concesión argumentó que la disminución en el tránsito vehicular durante la pandemia redujo aún más los ingresos proyectados, lo que también forma parte de su reclamo legal.

Otros proyectos, como el de Autopistas de la Sabana, que opera en los departamentos de Córdoba y Sucre, incluyeron razones similares en sus demandas contra el Estado, según el informe de la revista Cambio.

Por su parte, Autopistas del Caribe, responsable de la vía Barranquilla-Cartagena, presentó una demanda en mayo de 2024 en la que solicitó que se reconociera el impacto de la pandemia en el equilibrio económico de su contrato.

• Congelamiento de tarifas y nuevas demandas

En enero de 2023, el gobierno del presidente Gustavo Petro emitió el decreto 050, que congeló el incremento anual de las tarifas de los peajes. Esta decisión, aunque buscaba mitigar el impacto económico en los usuarios, generó nuevas demandas contra la ANI.

De acuerdo con la revista mencionada, tres grandes proyectos viales llevaron el caso a tribunales, argumentando pérdidas económicas derivadas de esta medida.

Entre los proyectos afectados se encuentran Vías del Nus, en Antioquia; la concesión Ruta al Mar, que opera en Antioquia y Bolívar; y nuevamente Autopistas de la Sabana, en la vía Córdoba-Sucre. Estas concesiones, de iniciativa privada, han solicitado que el Estado les compense por el menor recaudo y los menores rendimientos financieros ocasionados por el decreto.

• Obstáculos para la instalación de nuevos peajes

Otro problema que enfrenta la ANI es la imposibilidad de instalar nuevas casetas de peaje en algunos proyectos, a pesar de que las obras ya han avanzado considerablemente. Este es el caso de la concesión Ruta del Cacao, que opera el corredor Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó.

En su demanda, la concesión argumenta que circunstancias extraordinarias y ajenas a su control han impedido el cumplimiento de estas obligaciones. Por ello, solicita que se condene a la ANI a pagar una compensación por el menor recaudo, cifra que supera los 20.311 millones de pesos colombianos.

Un caso similar ocurre con Vías del Nus, que no ha podido instalar el peaje de Niquía, previsto para abril de 2023. Esta concesión también ha llevado el caso a tribunales, exigiendo el pago de los ingresos no percibidos, además de intereses remuneratorios.

De los 32 tribunales convocados por concesionarios viales, siete están directamente relacionados con decisiones gubernamentales sobre los peajes, ya sea por el levantamiento de talanqueras, el congelamiento de tarifas o la imposibilidad de instalar nuevas casetas debido a protestas comunitarias, de acuerdo con el informe de Cambio.