Con la muerte de Francisco Correa, testigo en el caso del fiscal Marcelo Pecci, estos son los elementos que siguen sin resolverse

Se van a cumplir tres años desde que Colombia y Paraguay fueron sacudidos con la muerte del fiscal antimafia Marcelo Pecci en una playa de Barú, en Cartagena, en mayo del 2022.

Sin embargo, las autoridades habían logrado convencer a Francisco Correa para que cooperara y entregara información sobre los responsables del magnicidio, excepto por los autores intelectuales del crimen que todavía se mantienen en la sombra.

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Pero el 2 de enero, en la cárcel La Picota de Bogotá, Correa fue el protagonista de unana discusión con su compañero de celda, Samuel Zuleta Márquez, que terminó en tragedia cuando este último lo apuñaló en el pecho con un arma artesanal.

A pesar de los avances en la identificación de los responsables operativos, los autores intelectuales del asesinato de Pecci siguen en las sombras. Según publicó El Colombiano, que tuvo acceso a una libreta de Correa, una de las principales hipótesis apunta a una red de narcotráfico transnacional afectada por la “Operación A Ultranza Py”, en la que Pecci desempeñó un papel clave.

Esta operación, lanzada en febrero de 2022, desmanteló un entramado de narcotráfico, lavado de dinero y corrupción, con la participación de la DEA, Europol y la Secretaría Antidrogas de Paraguay (Senad).

Entre los posibles responsables se encuentran el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y el paraguayo Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. Ambos fueron mencionados por Correa en sus declaraciones a la Fiscalía, pero hasta ahora no se han encontrado pruebas que los vinculen directamente con el crimen.

Según el medio, una libreta incautada a Correa contenía referencias a reuniones con estos personajes en hoteles de Santa Marta, lo que podría indicar algún tipo de conexión.

“Tío Tío. Hotel El Faro. Rodadero. Sta Marta” (sic); y “Señor Marset. El uruguayo. Park Hotel. Sta Marta”, fueron dos de las citas en clave que aparecieron en la pequeña agenda de Correa.

La muerte de Correa ha generado dudas sobre si se trató de un simple acto de intolerancia o si hubo algo más detrás del ataque. Según El Colombiano, el abogado Francisco Bernate, representante de la familia de Pecci en Colombia, expresó su preocupación por la falta de protección a las personas vinculadas al caso. Bernate también denunció amenazas y un intento de secuestro contra un miembro de su familia en Cundinamarca.

El abogado cuestionó la falta de avances en la investigación en Paraguay, señalando que la Fiscalía de ese país tiene una deuda con la justicia y con la memoria de Pecci. Por su parte, la periodista paraguaya Liz Acosta, quien ha seguido de cerca el caso, confirmó que los avances judiciales en Paraguay han sido escasos.

Hasta la fecha, la justicia colombiana ha condenado a nueve personas por su participación en el asesinato de Pecci. Entre ellos se encuentran Margareth Chacón, condenada a 39 años y 10 meses de prisión, y su esposo, Andrés Pérez Hoyos, junto con su hermano Ramón Pérez Hoyos, ambos con penas de 25 años y 6 meses. Según el medio, estos tres recibieron el dinero de los autores intelectuales y se encargaron de financiar el crimen.

Otros implicados incluyen a Cristian Monsalve y su madre, Marisol Londoño, quienes siguieron a la víctima en Cartagena y Barú, y fueron sentenciados a 23 años y 6 meses. El transportista Eiverson Arrieta y los sicarios venezolanos Wendre Scott Carrillo y Gabriel Salinas también recibieron condenas similares. Salinas, según reportó El Colombiano, permanece detenido en Venezuela.

El incidente ocurrió en la celda 25 del pabellón 32, donde Correa y otros ocho reclusos violaban las normas penitenciarias al consumir licor y escuchar música. Según detalló El Colombiano, tras la agresión, Samuel Zuleta se mostró indiferente ante la gravedad del acto, riendo mientras Correa agonizaba. La fiscal encargada del caso describió la actitud del agresor como una falta total de valoración por la vida humana.

Correa había sido condenado a seis años y seis meses de prisión por tráfico de armas y amenazas contra un servidor público, pero su colaboración con las autoridades lo convirtió en el testigo estrella del caso. Su testimonio permitió identificar a varios de los responsables operativos del asesinato de Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022 en una playa de la isla Barú.

El fiscal paraguayo, especializado en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de dinero, fue asesinado mientras disfrutaba de su luna de miel.

Su esposa, Claudia Aguilera, quien estaba embarazada en ese momento, fue testigo del ataque. Correa había coordinado el operativo que culminó con el asesinato, instruyendo al sicario que disparó contra Pecci.