La población indígena que reside en Bogotá, algunos en Unidades de Protección Integral (UPI), viven en condiciones de alta vulnerabilidad. De acuerdo con la concejala Diana Diago, son casi 2.000 los ciudadanos indígenas que sobreviven en graves contextos de pobreza en la ciudad y, los más afectados, son los menores de edad, que, además, enfrentan situaciones de abandono y de vulneración de sus derechos.
“¿Cómo es posible que los niños anden en pésimas condiciones por las calles y se bañen en un caño? Que tengan que dormir en el piso, debajo de bolsas plásticas, llevan años esperando soluciones definitivas por parte de la administración distrital y el mentiroso Gobierno del Cambio,”, cuestionó la funcionaria, citada por el Concejo de Bogotá.
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Según informó, 119 niños, niñas y adolescentes habían sido rescatados y pasaron por un proceso de restablecimiento de derechos, efectuado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) por diferentes motivos. Para entonces, se registraron 65 casos de negligencia y omisión por parte de los padres; 35 casos de falta absoluta, usualmente, por temas de salud; 7 por habitar en la calle; 4 por permanencia en la calle; otros 4 por violencia sexual; 3 por violencia física; y 1 por otras razones.
La situación de vulnerabilidad de los menores de edad indígenas persiste en 2025. De acuerdo con la Secretaría de Integración Social, el 10 de enero fueron reportados dos casos graves de afectación a los derechos de 11 niñas y niños embera, residentes de la UPI La Rioja, que fueron abandonados y sometidos a prácticas de mendicidad. Entre ellos también estaba un bebé de tres meses.
El primer caso corresponde a cinco niños y niñas de entre 3 meses y 11 años que se encontraban en la calle 181 con carrera 11 pidiendo alimentos y dinero a los ciudadanos que pasaban por allí y a los comerciantes del sector. Los menores de edad fueron atendidos por funcionarios del equipo de abordaje territorial de infancia de la Secretaría.
El segundo caso abordado por la entidad fue identificado luego de recibir una denuncia sobre seis niños y niñas de entre 9 y 12 años que acudieron a las autoridades para solicitar ayuda. Llegaron hasta el Comando de Atención Inmediata (CAI) Navarra, asegurando que querían ser acogidos por el Icbf.
“Ante la situación, el equipo de Integración Social activó la ruta de restablecimiento de derechos con el acompañamiento de la Policía de Infancia y Adolescencia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf)”, indicó la entidad en un comunicado. Así las cosas, todos los niños fueron trasladados al centro transitorio Revivir para el restablecimiento de sus derechos y para la evaluación de su estado nutricional y de salud.
La Secretaría de Integración Social instó a las familias de la población indígena que reside en Bogotá a atender sus responsabilidades, así como también a la sociedad y al Estado. Recordó que, según el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 10 de la Ley 1098 de 2006, todos estos actores deben garantizar la asistencia y protección de los niños, puesto que sus derechos son prevalentes.
“Reiteramos el llamado a la ciudadanía de concientizarnos sobre la vulneración de los derechos de niñas y niños, reportando los casos que sean evidentes de trabajo infantil o explotación a la línea 141 del Icbf o al 123″, añadió la entidad en X.
En Bogotá, las autoridades han reportado varios casos agresiones cometidas en contra de menores de edad indígenas. En 2024, informaron sobre dos situaciones en las que niños, niñas y adolescentes embera fueron sometidos al castigo del cepo, que consiste en la inmovilización de las extremidades por medio de una estructura de madera.
El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció sobre uno de los hechos, rechazando la conducta de los adultos indígenas que implementaron el castigo, propio de la época colonial.
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