La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo hicieron un llamado urgente sobre el incumplimiento en la delimitación del páramo de Santurbán, tras presentar un nuevo informe de cumplimiento, correspondiente al período de agosto a diciembre de 2024.
Este informe, elaborado en cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, reveló serias deficiencias en la ejecución de las disposiciones judiciales que buscan proteger este ecosistema estratégico, que se extiende por los departamentos de Santander y Norte de Santander, y salvaguardar los derechos de las comunidades que dependen de él.
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El informe deja claro que, aunque el Ministerio de Ambiente propuso un cronograma para la delimitación del complejo de páramo Santurbán-Berlín, los avances en su implementación han sido mínimos. En total, se habían planificado 30 mesas de trabajo, pero hasta el momento solo se ha llevado a cabo una, lo que representa un cumplimiento de apenas el 3,33% de lo establecido. Esta falta de avances no ha pasado desapercibida para las comunidades locales, las cuales, ante la ausencia de resultados concretos, han expresado su descontento a través de protestas y bloqueos en diversas regiones.
“Este descontento de las comunidades reflejan el creciente malestar social ante la falta de cumplimiento”, cita el informe. La preocupación en la zona crece cada vez más, especialmente porque los procesos de delimitación son esenciales para la protección ambiental y el respeto de los derechos de las comunidades que habitan el territorio.
Impacto ambiental alarmante
El informe también subraya la grave situación ambiental en la zona, destacando el impacto de la minería ilegal que continúa operando en la región. Este fenómeno ha causado una alarmante contaminación de las fuentes hídricas con mercurio, alcanzando niveles hasta 40 veces superiores a los límites internacionales permitidos. Esta contaminación pone en peligro la biodiversidad del páramo y la salud de las comunidades que dependen de sus recursos naturales.
De acuerdo con las entidades de control, la falta de acción efectiva por parte de las autoridades ambientales ha sido una de las principales causas de la expansión de minería ilegal, que no solo ha afectado la calidad del agua en el páramo, sino que también ha provocado un daño irreversible al ecosistema. Además, subrayan que las comunidades, que en su mayoría dependen de las actividades agrícolas y del abastecimiento de agua del páramo, se enfrentan a una amenaza ambiental que pone en peligro su supervivencia a largo plazo.
Ante esta situación crítica, tanto la Procuraduría como la Defensoría instaron al Tribunal Administrativo de Santander a tomar medidas inmediatas para asegurar el cumplimiento de las órdenes judiciales. También recomendaron imponer plazos estrictos y llevar a cabo un seguimiento más riguroso de las actividades del Ministerio de Ambiente, a fin de evitar que el incumplimiento se repita en el futuro.
Finalmente, las entidades propusieron la evaluación de medidas sancionatorias para aquellos responsables de no cumplir con el cronograma de delimitación. En este sentido, Gustavo Guerrero, Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, hizo énfasis en la urgencia de concluir el proceso de delimitación del páramo de Santurbán, un proceso que ha estado pendiente durante más de una década.
“La situación ambiental y social es cada vez más insostenible. El proceso de delimitación del páramo de Santurbán no puede seguir siendo postergado. Es necesario actuar ya para evitar que se sigan violando los derechos fundamentales de las comunidades y para preservar un ecosistema que es vital para la región”, expresó el funcionario.
Indagación por incumplimiento de las medidas en el Páramo de Santurbán
Como parte de los esfuerzos para asegurar el cumplimiento de la Sentencia T-361, la Procuraduría General de la Nación abrió el 15 de diciembre de 2024 una indagación previa contra funcionarios del Ministerio de Ambiente por presunto incumplimiento de los compromisos asumidos en la tarea de delimitar el páramo de Santurbán, tal como lo ordenó la Corte Constitucional. La indagación fue iniciada por la Procuraduría Ddlegada para el Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias de Tutela, a partir de un informe preventivo con fines disciplinarios elaborado por este órgano de control y la Defensoría del Pueblo.
Entre los hallazgos que podrían constituir faltas disciplinarias, el informe destaca la falta de emisión del acto administrativo para la delimitación del páramo Santurbán-Berlín, así como la no publicación de los cronogramas de actividades tal como lo ordenó la sentencia. Además, señala que el micrositio Santurbán Avanza, que debería ser utilizado como un medio de difusión para las comunidades interesadas en el proceso de delimitación, no se ha actualizado, y que no se han creado los espacios de confianza necesarios para llegar a acuerdos con las comunidades.