Hasta cuándo estarán congeladas las tarifas de los peajes: estas son las fechas estipuladas en la nueva resolución

El Gobierno nacional decidió suspender temporalmente el incremento en las tarifas de ocho peajes estratégicos del país, una medida que busca mitigar el impacto económico en diversos sectores, especialmente el camionero, y garantizar la estabilidad en los contratos de concesión vial.

Según informó el Ministerio de Transporte, esta decisión se oficializó mediante una resolución que establece un congelamiento de las tarifas por un periodo de entre cuatro y seis meses, dependiendo del peaje, mientras se desarrollan negociaciones con las concesionarias responsables.

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De acuerdo con el documento emitido por la cartera de Transporte, los peajes que mantendrán sus tarifas actuales hasta el 11 de julio de 2025 son: Machetá, ubicado en la Transversal del SISGA; El Placer, en la vía Rumichaca-Pasto; El Carmen, en la ruta Puerta de Hierro-Palmar de Varela y Carreto; Aburrá, en la Autopista al Mar 1; y Cisneros, en las Vías del Nus.

Así mismo, los peajes Fusca, Andes y Unisabana, situados en el norte de Bogotá, tendrán sus incrementos suspendidos hasta el 15 de mayo de 2025.

El Ministerio de Transporte explicó que esta medida tiene como objetivo principal garantizar la prestación del servicio vial, preservar el orden público y proteger tanto el interés general como la seguridad jurídica y financiera de los contratos de concesión.

Además, se busca dar tiempo a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que, en conjunto con las concesionarias, realice los análisis necesarios que permitan llegar a acuerdos sobre los ajustes tarifarios.

En este sentido, la resolución establece que, una vez se logren acuerdos con las concesionarias, la ANI deberá solicitar al Ministerio de Transporte la modificación de las resoluciones que determinan las tarifas de cada peaje involucrado. Este proceso permitirá ajustar los valores de manera consensuada y evitar conflictos futuros.

El congelamiento de las tarifas responde, en parte, al malestar generado en sectores como el camionero, que se vieron afectados por incrementos tarifarios aplicados desde el 1 de enero de 2025 en algunos peajes.

Según detalló la ministra de Transporte, María Constanza García,, de los 22 peajes que tenían la posibilidad de realizar ajustes contractuales, ocho decidieron implementar los aumentos, mientras que 14 optaron por abstenerse. Además, seis concesionarias decidieron no aplicar los incrementos previstos.

La ministra destacó que el Gobierno mantiene un diálogo constante con las concesionarias responsables de los peajes afectados. “Ayer tuvimos una reunión con las seis concesiones de estos ocho peajes que fueron los que hicieron estos ajustes contractuales”, afirmó García en declaraciones a Noticias Caracol, destacando la importancia de alcanzar acuerdos que beneficien tanto a los usuarios como a las empresas concesionarias.

En paralelo a las medidas adoptadas por el Gobierno, el tema de los peajes ha generado un amplio debate en el Congreso de la República, donde actualmente se discuten cinco iniciativas legislativas relacionadas con la regulación de estas tarifas. Según explicó la ministra García, estas propuestas buscan, entre otros aspectos, establecer límites en la distancia entre peajes y evitar que los incrementos superen el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Estas iniciativas reflejan la creciente preocupación de diversos sectores de la sociedad por el impacto económico de los peajes en el transporte y la movilidad en el país. Aunque aún no se han aprobado, su discusión podría influir en las decisiones futuras sobre la política tarifaria en las vías concesionadas.

El congelamiento de las tarifas representa un alivio temporal para los usuarios de las vías concesionadas, especialmente para los transportadores que enfrentan altos costos operativos. Sin embargo, la medida también plantea desafíos para las concesionarias, que deberán ajustar sus proyecciones financieras mientras se alcanzan acuerdos con el Gobierno.

Con esta decisión, el Gobierno nacional busca equilibrar los intereses de los usuarios y las empresas concesionarias, al tiempo que se garantiza la continuidad de los proyectos de infraestructura vial. No obstante, el éxito de esta medida dependerá en gran medida de la capacidad de las partes involucradas para llegar a consensos que permitan una solución sostenible a largo plazo.