El incremento del salario mínimo en Colombia, que para el 2024 se fijó en $1,42 millones tras un aumento del 9,54%, ha generado un efecto adverso en el sector de la vivienda, particularmente en las Viviendas de Interés Social (VIS).
Este ajuste ha llevado a un incremento significativo en los precios de estas propiedades, afectando a miles de familias que buscan cumplir el sueño de tener casa propia. Mientras que en el 2024 una vivienda VIS podía adquirirse por $195 millones, en 2025 el precio ascenderá a $213,45 millones, lo que representa un aumento de $18,4 millones.
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El impacto de esta medida no es nuevo. Desde 2022, los incrementos acumulados en el precio de las viviendas VIS han superado los $40 millones, según Portafolio. Este fenómeno se debe a que el valor de estas propiedades está indexado al salario mínimo, lo que permite a las constructoras ajustar los precios de acuerdo con los aumentos anuales.
Aunque esta práctica es legal, ha puesto en aprietos a muchas familias que, al no poder asumir los costos adicionales, se ven obligadas a reconsiderar sus decisiones financieras o incluso a desistir de la compra, perdiendo las inversiones realizadas en las cuotas iniciales.
Un ejemplo de esta problemática es el caso de Ana Rodríguez, residente de Bogotá, ella adquirió en 2022 un apartamento por $170 millones con la expectativa de escriturarlo en 2025. Según explicó al medio mencionado, los incrementos en el salario mínimo han elevado el precio de su vivienda a $213,5 millones, lo que representa un aumento total de $43,5 millones. Rodríguez relató que tuvo que ajustar su cuota inicial de $1,1 millones a $1,9 millones mensuales y abonar $10 millones adicionales como última cuota.
“Es muy frustrante. Pensé que el incremento máximo sería de $5 millones, según las proyecciones de la constructora. Ahora, estoy enfrentando un aumento total de $43,5 millones. Comprar vivienda VIS, que debería ser una solución, se ha convertido en un calvario”, expresó.
Otro caso similar es el de Leidy Ruiz, periodista de profesión, que en noviembre de 2023 inició el proceso de compra de una vivienda VIS con la constructora Las Galias. De acuerdo con Portafolio, Ruiz acordó un precio inicial de $200 millones, con pagos mensuales de $2 millones. Sin embargo, tras el reciente aumento del salario mínimo, su cuota mensual se incrementó en más de $800.000 para cubrir el diferencial de $13,5 millones. “Estaba ahorrando para poder remodelar mi apartamento cuando me lo entregaran, pero ahora no podré seguir haciéndolo hasta que termine de pagar la cuota inicial”, comentó Ruiz.
Las constructoras también enfrentan desafíos derivados de esta situación. Según un vocero de Cusezar, una de las empresas del sector, la mayoría de los compradores de VIS no perciben ingresos equivalentes al salario mínimo, sino que ganan al menos dos salarios mínimos. Esto dificulta que las familias puedan absorber el impacto del aumento del 9,54 %, ya que no se refleja proporcionalmente en sus ingresos. Además, las constructoras deben lidiar con el incremento en los costos de materiales y mano de obra, impulsados por la inflación y factores internacionales, lo que reduce su rentabilidad y complica la planificación de nuevos proyectos.
A esta problemática se suma la incertidumbre en torno a los subsidios del programa Mi Casa Ya, que en 2025 contará con menos de 20.000 cupos disponibles. Aunque estos subsidios están indexados al salario mínimo y han aumentado en proporción, no son suficientes para compensar el alza en los precios de las viviendas VIS.
Por ejemplo, una familia que en 2024 recibió un subsidio de $26 millones, en 2025 obtendrá $28,47 millones, un incremento de apenas $2,47 millones. Incluso combinando este beneficio con el subsidio de una caja de compensación, que puede alcanzar hasta 50 salarios mínimos ($71,1 millones en 2025), las familias aún deberán cubrir una diferencia significativa frente al aumento de $18,4 millones en el precio de las viviendas.
El panorama es aún más complicado para quienes adquirieron viviendas VIS de renovación urbana, cuyo valor equivale a 175 salarios mínimos. Esta situación genera incertidumbre tanto para las familias como para las constructoras, ya que el aumento en los desistimientos podría erosionar la confianza de los compradores en la industria formal.
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