INM asegura que uno de los presuntos asesinos de un agente migratorio en México es de origen colombiano

El Instituto Nacional de Migración de México (INM) señaló que uno de los detenidos por el asesinato del agente migratorio Luis Alberto Olivas García, ocurrido el lunes 30 de diciembre en Ciudad Juárez, portaba un pasaporte colombiano válido hasta 2032. Este anuncio se produjo tras un comunicado del Consulado General de Colombia en México, emitido el 31 de diciembre, en el que se negó tener información sobre la participación de un ciudadano colombiano en el crimen.

De acuerdo con el INM, el detenido, identificado como Carlos ‘N’, llevaba consigo un pasaporte expedido por las autoridades colombianas en Bogotá, con fecha de emisión del 7 de julio de 2022 y vigencia hasta el 6 de julio de 2032. La institución mexicana subrayó que este documento fue emitido por la autoridad correspondiente en la Calle 100 de la capital colombiana. Sin embargo, el consulado colombiano había asegurado previamente no contar con datos que vincularan a un nacional de su país con el asesinato del agente.

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El homicidio de Luis Alberto Olivas García tuvo lugar durante un enfrentamiento en la sierra de Samalayuca, una región desértica cercana a Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, al norte de México. Con base en las primeras investigaciones, los agresores, presuntamente migrantes, atacaron al agente utilizando piedras. Posteriormente, las autoridades mexicanas llevaron a cabo un operativo en la zona, que resultó en la detención de dos personas señaladas como responsables del ataque.

La muerte de Olivas García ha provocado indignación entre sus compañeros de trabajo y diversos sectores de la sociedad mexicana, quienes han exigido mayores medidas de seguridad para los agentes migratorios que operan en zonas de alto riesgo. El agente, originario de Ciudad Juárez, había ingresado al Instituto Nacional de Migración de México el 16 de noviembre de 1999 y estaba próximo a recibir un reconocimiento por 25 años de servicio en la administración pública federal. Este homenaje estaba programado para el último día de 2024, pero su vida fue truncada antes de alcanzar este hito.

Cabe mencionar que el asesinato ocurre en un contexto de creciente presión migratoria en la frontera norte de México, donde miles de personas intentan cruzar hacia Estados Unidos en medio de políticas migratorias cada vez más restrictivas. De igual manera este fenómeno se ha intensificado ante la inminente toma de posesión del presidente electo Donald Trump, que regresará a la Casa Blanca el 20 de enero. Trump ha reiterado su postura de endurecer las políticas migratorias y al mismo tiempo instó al gobierno mexicano a frenar lo que ha calificado como una “invasión” de migrantes.

Es de agregar que, en las últimas semanas, de acuerdo con medios internacionales, se ha observado a numerosos migrantes transitando por la carretera que conecta la ciudad de Chihuahua con Ciudad Juárez, con la intención de entregarse a las autoridades migratorias mexicanas. Paralelamente, organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron presuntos abusos por parte del INM, acusándolo de implementar medidas severas para impedir el avance de los migrantes hacia el norte del país. Estas acusaciones han generado tensiones adicionales en una región ya marcada por la complejidad de la crisis migratoria.

El caso de Luis Alberto Olivas García pone de manifiesto los riesgos que enfrentan los agentes migratorios en el cumplimiento de sus funciones, especialmente en áreas fronterizas donde convergen múltiples factores de vulnerabilidad. Mientras las autoridades mexicanas continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos, el incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad de los funcionarios públicos y la gestión de la migración en un entorno de creciente presión internacional.