Duro golpe a ‘La Terraza’ de Medellín: incautaron drogas y un circuito de cámaras que utilizaban para evitar a la Policía

La Alcaldía de Medellín, en coordinación con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, anunciaron un duro golpe contra una de las organizaciones criminales más poderosas de la capital de Antioquia.

Se trata del grupo delincuencial La Terraza, a quienes les fueron incautados 20.000 gramos de marihuana orgánica y 3.000 gramos de droga sintética, que estaban previstas para su distribución en varios sectores estratégicos de la ciudad.

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Según el reporte oficial, el operativo se desarrolló en el Parque Lleras y el barrio Provenza, mediante tres diligencias de allanamiento, en la que también las autoridades encontraron elementos utilizados para la dosificación de estos estupefacientes, así como otros materiales como una contadora de dinero y un circuito cerrado de televisión, que era utilizado por esta banda para estar al tanto de la presencia de la fuerza pública en los puntos mencionados.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, aseguró que, además de distribuir la droga en varios sectores de la capital antioqueña, La Terraza también estaría enviando las sustancias ilegales hacia otros destinos del país como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Bucaramanga.

“La Terraza generaba ingresos ilícitos cercanos a los 15 millones de pesos diarios, es decir, una renta mensual de aproximadamente 450 millones de pesos, pero con esta intervención hemos afectado sus rentas y debilitado su capacidad de operar”, manifestó.

A su vez, el funcionario distrital enfatizó que las autoridades seguirán liderando estos operativos, con el propósito de desarticular a toda la organización delincuencial que atemoriza a la ciudad.

“Es un mensaje claro a los grupos delincuenciales: no hay impunidad, vamos a perseguir a los criminales donde estén y les seguiremos dando donde más les duele, en sus finanzas (...) las autoridades seguimos trabajando para que a estos grupos delincuenciales se les acabe el oxígeno y sigan siendo desmantelados en cada rincón”, afirmó.

Villa Mejía resaltó que, según el informe presentado por la Alcaldía de Medellín, durante el año 2024, se reportaron 7.133 capturados por el delito de tráficos de estupefacientes en la ciudad, lo que representa un aumento del 16 por ciento frente a los datos registrados en 2023, respectivamente.

Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación informó la captura de Jorge Barrios y Jorge Guerrero, dos patrulleros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, quienes fueron acusados por el delito de secuestro simple agravado, hurto calificado y agravado; concusión, y prevaricato por omisión.

Según la investigación del ente acusatorio, los dos uniformados estarían detrás del secuestro, robo y extorsión de dos personas en el centro de Medellín, entre el 19 y el 23 de diciembre de 2024, uno de ellos, era un vendedor ambulante, quien puso la denuncia ante las autoridades competentes.

De acuerdo con la denuncia de la víctima, en los días mencionados, los patrulleros abordaron a esta persona, y los llevaron hasta el Centro de Atención Inmediata (CAI) del Parque Bolívar de la capital antioqueña, donde sostuvo que le fue despojado de algunas de sus pertenencias, avaluadas en dos millones de pesos.

De igual forma, el vendedor aseguró que los policías habrían introducido una bolsa con estupefacientes en una maleta, con tal de justificar su detención, y es allí donde menciona que le exigieron más de diez millones de pesos para que saliera del sitio de retención.

Esta no ha sido la única denuncia contra los uniformados de la Policía, ya que otro vendedor señaló que fue víctima de golpes cuando fue llevado al CAI de la ciudad, y le habrían exigido una suma de siete millones de pesos para recobrar su libertad.

Tras esta denuncia, la Fiscalía logró la captura en flagrancia de los patrulleros Barrios y Guerrero, en la que fueron llevados ante un juez de control de garantías para su judicialización por los delitos mencionados. Sin embargo, el togado les impuso medida de aseguramiento en lugar de residencia, decisión que fue apelada por el ente acusatorio.