No paran las críticas al Gobierno nacional, después de que el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) confirmara el fin del programa Colombia Sin Hambre, que se suma a la reciente cancelación de Mi Casa Ya, que otorgaba ayudas monetarias a las familias más vulnerables para cumplir su sueño de tener casa propia.
Ante los anuncios de Ejecutivo, se desató una ola de reacciones en todo el país. Una de las voces que se sumó al debate fue la del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que destacó los esfuerzos de su administración para fortalecer la política social en la capital y los contrastó con las medidas tomadas a nivel nacional.
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“En Bogotá estamos fortaleciendo la política social. El Gobierno Distrital no está cerrando programas, los está ampliando”, declaró Galán en su cuenta de X.
Además, el mandatario distrital detalló algunos de los avances más recientes en la ciudad. Uno de los puntos destacados fue la apertura de tres nuevos comedores comunitarios, con planes de llegar a un total de 50 en los próximos meses.
Según indicó Galán, este esfuerzo permitirá ampliar la atención de 77.000 a 109.000 beneficiarios, mientras que el incremento en la cobertura de transferencias para adultos mayores, que pasó de 38.000 beneficiarios a 75.000 este año, también se fortalecerá durante el 2025.
“Además ampliamos la cobertura de transferencia para adultos mayores: pasamos 38 mil a 75 mil este año y aumentamos el monto de 130 mil a 150 mil pesos”, comentó Galán.
En paralelo, Galán anunció un nuevo componente relacionado con el sistema de transporte público como parte del programa de Ingreso Mínimo Garantizado.
“Incorporamos una línea de acceso al transporte público que contempla una inversión de 100.000 millones de pesos. Por ejemplo, vamos a apoyar a las poblaciones del Sisbén A y B con viajes gratis en el sistema de transporte, entre cinco y doce viajes al mes. El acceso al transporte es clave en la superación de la pobreza”, afirmó el mandatario.
En sus declaraciones, Galán también lanzó una crítica implícita al Gobierno del presidente Gustavo Petro. “En Bogotá no nos dedicamos a las peleas políticas, sino a dar resultados y a mejorar la oferta. La gente quiere resultados, hechos, no excusas”, criticó el alcalde en su cuenta de X.
Esto fue lo que pasó con Colombia Sin Hambre
La Renta Ciudadana, un programa clave del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), enfrenta una crisis que ha dejado a millones de beneficiarios sin recibir los recursos económicos que les corresponden.
Según informó el DPS, la línea de apoyo Colombia Sin Hambre, destinada a las personas más vulnerables del país, no ha podido realizar los desembolsos previstos debido a recortes presupuestales, lo que ha generado indignación entre los ciudadanos y ha puesto en el centro de la polémica al director de la entidad, Gustavo Bolívar.
De acuerdo con lo reportado por el Gobierno nacional, los beneficiarios afectados pertenecen a la clasificación A del Sisbén IV, el Registro Social de Hogares y los listados censales de comunidades indígenas.
Estos grupos, que representan a las poblaciones más necesitadas, dependen de los recursos de Colombia Sin Hambre para su sustento diario. Sin embargo, los recortes presupuestales realizados por el Ministerio de Hacienda han impedido que el DPS cumpla con sus compromisos financieros.
En un video publicado en sus redes sociales, Gustavo Bolívar explicó las razones detrás de la falta de pagos y se desligó de las acusaciones en su contra.
“Yo entiendo la rabia, obviamente, porque, para que sepan, he sido el principal defensor de todos ustedes ante las personas que han decidido el recorte presupuestal. Este recorte nos quitó a la entidad este año $1,7 billones”, afirmó el funcionario.
Según detalló, el presupuesto inicial del DPS para 2023 era de $10,7 billones, pero tras dos ajustes realizados por el Ministerio de Hacienda, se redujo a $9 billones, lo que ha generado un déficit que afecta directamente a los programas sociales.
El impacto de estos recortes no solo se limita a la falta de pagos, sino que también pone en riesgo la continuidad de iniciativas diseñadas para combatir la pobreza y la inseguridad alimentaria en el país. Según explicó el director del DPS, la entidad no ha recibido los giros necesarios para solventar las deudas y compromisos adquiridos.
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