Víctimas arremeten contra el Gobierno Petro por polémica propuesta para que exFarc cumplan sanciones de la JEP: “Quieren limpiarles la cara”

El Ministerio de Justicia presentó un borrador que ha generado preocupación entre diversos sectores sociales involucrados en la implementación de sanciones propias por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Según el documento conocido por El Espectador, la iniciativa contempla la creación de Zonas de Restauración y Reintegración Comunitaria (ZRRC), inspiradas en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), diseñados para la transición de excombatientes de las Farc a la vida civil.

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La iniciativa propone que las ZRRC sirvan como espacios específicos para que quienes se sometan a la JEP cumplan con sanciones que incluyan restricciones de libertad y otros derechos, en un ambiente supervisado, seguro y restaurativo. Estas zonas permitirían a los sancionados participar en actividades reparadoras como trabajos comunitarios, formación técnica, y proyectos que impacten positivamente a las comunidades afectadas por el conflicto armado.

De acuerdo con la propuesta de 24 páginas elaborada por el Viceministerio de Política Criminal y la Dirección de Justicia Transicional, dichas medidas contribuirían al cumplimiento de los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador (TOAR). Estas acciones están diseñadas específicamente para reparar a las víctimas y fomentar la reconciliación.

El borrador señala que los sancionados estarán sujetos a medidas que restringirían su movilidad, aunque insiste en que dichas condiciones no se equipararían a las penitenciarias tradicionales. En cambio, se basarían en principios de dignidad humana y justicia restaurativa.

Un punto especialmente sensible es la ubicación geográfica de estas zonas, ya que se contempla que estén situadas en áreas rurales o semiurbanas de alta afectación por el conflicto armado. Según El Espectador, el plan se enfocaría en un total de 41 zonas a lo largo del país, una cifra que ha despertado preocupación debido a los antecedentes de inseguridad en los antiguos ETCR.

Las áreas propuestas incluirían espacios residenciales para alojar a los comparecientes, donde habría restricciones de circulación, además de lugares destinados a capacitación en habilidades técnicas, educación básica y desarrollo de oficios. Entre las actividades restaurativas planteadas están la rehabilitación de infraestructura, reparación de escuelas y caminos rurales, proyectos ambientales como reforestación y servicios sociales como brigadas de salud y talleres educativos.

El borrador también resalta que las ZRRC fomentarán reuniones periódicas entre comparecientes, víctimas y comunidades, bajo la supervisión de mediadores entrenados en justicia restaurativa para garantizar una interacción constructiva y equilibrada.

La propuesta del Ministerio de Justicia ha recibido fuertes críticas, especialmente desde sectores que representan a las víctimas del conflicto. La Corporación Rosa Blanca, una oenegé integrada por mujeres víctimas de reclutamiento infantil y violencia de género atribuida a las Farc, manifestó su rechazo a través de la plataforma X.

“El gobierno de @petrogustavo insiste en impunidad total para las FARC EP, para limpiarle la cara a los señores de la muerte que cometieron graves delitos de lesa humanidad contra los niños campesinos y la población civil. ¿En dónde queda la reparación de las víctimas? ¡Bandidos! (sic)”, expresó la organización.

Además, la implementación de estas zonas plantea desafíos de seguridad y logísticos, teniendo en cuenta que estarán ubicadas en territorios históricamente marcados por violencia y presencia de actores armados. Según el documento, las ZRRC contarían con la supervisión de la JEP, el Ministerio de Justicia y ONGs interesadas en el proceso, lo que, a juicio de algunos analistas, podría resultar insuficiente frente al nivel de atención que estos espacios requerirán.

El borrador también incluye un segundo eje centrado en conferencias que promoverían un diálogo entre comparecientes y víctimas para establecer acuerdos de reparación. Dichos encuentros serían supervisados por mediadores capacitados no solo en aspectos técnicos de resolución de conflictos, sino también en sensibilidad cultural y psicosocial para adaptarse a diferentes contextos.

El modelo propuesto sugiere que los acuerdos alcanzados en dichas conferencias serán presentados ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP para su evaluación. Estas conferencias, según el Gobierno, buscan satisfacer los derechos de las víctimas mediante acciones reparadoras, fortaleciendo el enfoque restaurativo del sistema propuesto.