Sofía Petro, hija de Gustavo Petro, también le respondió a Álvaro Uribe sobre La Escombrera y la Operación Orión: “Es injustificable”

En la mañana del 27 de diciembre, el expresidente Álvaro Uribe se presentó en la comuna 13 de Medellín para tratar temas relacionados con La Escombrera, un lugar que, al parecer, fue utilizado como fosa común por varios actores armados durante el conflicto en el país y que estaría ligado a la Operación Orión.

En ese contexto, Sofía Petro, hija del presidente Gustavo Petro, salió en defensa del mandato de su padre tras las acusaciones que lo señalan de orquestar un complot para descalificar una operación militar. Dicha operación fue vigilada por entidades como la Procuraduría, la Fiscalía General de la Nación, Gaula, CTI, DAS y Alcaldía de Medellín, tal como lo señaló el expresidente Álvaro Uribe.

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Sofía Petro calificó como injustificable que varios civiles fueran víctimas de la operación, cuyo objetivo era combatir la criminalidad. “Expresidente, la comunidad vio cómo llevaban a sus familiares hasta La Escombrera durante las operaciones de su gobierno en la Comuna 13. Es injustificable. La comuna es lo que es hoy por la resiliencia de los sobrevivientes, no por esas operaciones militares macabras”, sentenció la joven.

En sus declaraciones, el exmandatario se refirió a los supuestos intereses políticos del gobierno de Petro, que desplazan el verdadero propósito de buscar justicia: “La comunidad da cuenta de que la delincuencia ha arrojado cadáveres a La Escombrera desde 1978. No obstante, el Petro-Santismo y la JEP, ante tanto fracaso, no tienen alternativa diferente a afectarnos con la mentira”.

También mencionó que este tipo de señalamiento se tratarían de una estrategia previamente orquestada de cara a las elecciones presidenciales del 2026, donde se presume tendrá algún tipo de relación con alguno de los candidatos: “Con la aproximación de las elecciones no tienen alternativa diferente a afectarnos con la mentira”.

En 2019, las víctimas de desapariciones forzadas en Colombia solicitaron el cierre definitivo de La Escombrera, un depósito de escombros ubicado en Medellín que, según denuncias, se había convertido en la fosa común a cielo abierto. Este lugar, señalado por la comunidad como un sitio donde se habrían arrojado cadáveres desde 1978, representa un oscuro capítulo en la historia de la violencia en el país.

Entre las acusaciones, se dice que se acogen a las situaciones de las víctimas para fines políticos, pues, ellas han denunciado que los crímenes cometidos en este lugar no han recibido la atención adecuada por parte de las autoridades. Aunque se ha insistido en que no se debe permitir la impunidad, las críticas se han dirigido hacia la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los gobiernos de Juan Manuel Santos y Gustavo Petro, acusándolos de politizar el sufrimiento de las víctimas en lugar de buscar soluciones efectivas. Estas tensiones reflejan la complejidad de abordar los crímenes del pasado en un país que aún lidia con las heridas del conflicto armado.

Gustavo Petro no dudó en contestar a dichos señalamientos, dándole la razón en que todas estas operaciones estuvieron supervisadas por las Fuerzas Militares y otras instituciones, sin embargo, aseguró que en ese momento estaban bajo el mando del paramilitarismo y jefes de organizaciones criminales como alias Don Berna.

Según reportó el Banco de Datos de Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), al término de la intervención en el territorio, el saldo fue de un civil muerto, 38 personas heridas, 8 desaparecidas, 10 guerrilleros, un uniformado de la Policía y dos soldados del Ejército fallecidos. Además, otros 9 oficiales y 5 policías resultaron heridos tras 150 allanamientos en viviendas abandonadas por sus residentes en medio del caos y la confusión.

No obstante, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) afirmó que no solo fueron los miembros de las entidades públicas los afectados, sino que varios civiles quedaron atrapados en medio de los combates.