En un contundente operativo liderado por la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, fue desarticulada una red criminal que se dedicaba a alterar las fechas de vencimiento de medicamentos caducados y comercializarlos de forma ilegal en Santander y otras regiones de Colombia.
Los medicamentos, muchos provenientes de Venezuela, eran manipulados de manera insalubre antes de ser distribuidos en farmacias y establecimientos no regulados.
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Los productos vencidos eran ingresados al país desde Venezuela o adquiridos de instituciones de salud colombianas, según detallaron las autoridades. Estos medicamentos, que incluían fórmulas de uso institucional y productos con restricción médica, eran trasladados a oficinas clandestinas ubicadas en Bucaramanga y Barrancabermeja, desde donde se realizaba su distribución.
El grupo criminal, compuesto por cinco personas, se encargaba de borrar las fechas de vencimiento y los sellos de seguridad originales de los medicamentos mediante el uso de productos químicos. Posteriormente, alteraban las etiquetas para aparentar que los productos estaban en condiciones aptas para el consumo. Este procedimiento carecía de las condiciones mínimas de salubridad, poniendo en grave riesgo la salud de los consumidores.
Entre los capturados se encuentran Belisario Adarme Jaimes, señalado como el líder de la organización; su hermana, Geny Marcela Acuña Alarcón, quien sería la encargada de la alteración directa de los medicamentos; Édgar Mauricio Pico Cavarique; Javier Alberto Mantilla Torres; y Abelardo Adarme Jaimes. Según las autoridades, los acusados enfrentan cargos por concierto para delinquir, corrupción de productos médicos y enajenación ilegal de medicamentos.
Durante el operativo, las autoridades lograron decomisar más de 598.429 unidades de medicamentos adulterados y 125 cajas de tapabocas. La magnitud de esta incautación evidencia el alcance de la red, que tenía capacidad para distribuir grandes cantidades de productos ilícitos en el mercado nacional.
El director de la Fiscalía en Santander subrayó que los medicamentos adulterados, además de ser ineficaces, representan un riesgo significativo para la salud pública. “Estos productos no solo carecen de los principios activos necesarios, sino que, en muchos casos, contienen sustancias nocivas que pueden agravar las condiciones de los pacientes”, afirmó. Asimismo, reiteró que las autoridades continuarán trabajando para desmantelar estas redes que lucran a costa de la salud de la población.
Con este operativo, las autoridades reafirmaron su compromiso en la lucha contra el tráfico ilegal de medicamentos. “Este es un paso importante en nuestra misión de proteger la salud de los colombianos. No descansaremos hasta garantizar que estos productos peligrosos no lleguen a las manos de los ciudadanos”, indicó un vocero de la Policía Nacional.
Los detenidos enfrentan penas severas por sus crímenes. El delito de corrupción de productos médicos puede conllevar penas de hasta 12 años de prisión, mientras que el concierto para delinquir y la enajenación ilegal de medicamentos podrían agravar las sanciones. Según la Fiscalía, este caso también servirá para reforzar las políticas de control y regulación en el sector farmacéutico.
Las autoridades hicieron un llamado a la población para que adquiera medicamentos únicamente en establecimientos reconocidos y que estén debidamente regulados. “Es importante que los ciudadanos estén atentos a los sellos y etiquetas de los medicamentos, y que denuncien cualquier irregularidad”, recomendó Juliana Restrepo, vocera del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).
Este operativo en Santander marca un hito en la lucha contra las redes ilegales de medicamentos. La colaboración entre las instituciones de seguridad y la comunidad fue clave para desarticular esta organización, cuyo accionar representaba un grave peligro para la salud pública.
Las autoridades continúan avanzando en la investigación para determinar si existen más involucrados y prevenir que actividades similares sigan afectando al país. Mientras tanto, el llamado a la ciudadanía es claro: la prevención comienza con la adquisición responsable y consciente de productos farmacéuticos.
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