Un grupo de exempleados de la empresa intervenida Air-e ha denunciado lo que consideran maniobras dilatorias para evadir el pago de sus acreencias laborales, de acuerdo con información obtenida por la emiora colombiana W Radio.
En una carta enviada al agente especial Edwin Palma y a entidades como la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del Trabajo y la Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios), señalaron irregularidades que estarían afectando sus derechos laborales.
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Según el documento, la compañía habría trasladado la responsabilidad de los pagos adeudados a la Superintendencia de Servicios Públicos, una acción que los exempleados calificaron como “dilación evidente” y sin fundamento jurídico. Argumentaron que estas responsabilidades, de naturaleza laboral, exceden las competencias de la Superservicios en el marco de la intervención.
“En virtud del marco normativo que regula las funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, esta entidad carece de competencia para ejercer funciones simultáneas de administración, emitir conceptos vinculantes relacionados con reclamaciones de naturaleza laboral, pues ello contravendría el principio de imparcialidad, excedería sus competencias y vulneraría la Constitución y la Ley”, indica la carta.
Los exempleados subrayaron que las obligaciones reclamadas corresponden a contratos terminados sin justa causa durante la intervención de la empresa, por lo que no se trata de deudas previas a la toma de posesión, sino de obligaciones actuales.
En el documento también se exige al agente interventor Edwin Palma tomar decisiones inmediatas para saldar las deudas laborales pendientes. “Se reitera la exigencia de una solución definitiva e inmediata por parte de la empresa, en cabeza del agente especial interventor, al pago de las acreencias adeudadas”, manifiestan los firmantes.
Por su parte, Air-e, en respuesta a las acusaciones, afirmó que el caso está siendo evaluado por la Superservicios para determinar si las acreencias corresponden a deudas anteriores o posteriores a la intervención. “El pago de las acreencias está en manos de la superintendencia para que decida si son deudas pre o post toma de Air-e”, explicó la empresa.
Air-e también aseguró que respeta los derechos de los trabajadores y que las acciones relacionadas con el cumplimiento de estas obligaciones deben estar alineadas con el marco legal de la intervención.
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“Air-e Intervenida respeta y garantiza de manera autónoma el derecho de sus trabajadores, el cual debe ajustarse al alcance de la toma de posesión decretada por la SSPD, en donde por mandato legal, debe haber una coordinación”, puntualizó.
Mientras tanto, los trabajadores afectados mantienen su exigencia de que se cumpla con los pagos adeudados y esperan que las entidades involucradas actúen con celeridad para resolver la problemática que los aqueja.
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