El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a la carta firmada por 38 exmagistrados que le exigieron respeto a la independencia judicial, afirmando que no ha incumplido sentencias judiciales ni perseguido a magistrados.
En su pronunciamiento, Petro cuestionó: “¿Hay alguna, una sola, sentencia judicial que no haya cumplido? ¿Algún magistrado ha sido perseguido o intervenidas sus comunicaciones por mí?”
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El primer mandatario denunció lo que calificó como una “persecución política” en su contra, señalando a una “familia política” que, según él, ejerce influencia en la justicia desde la época del denominado “cartel de la toga”. En sus declaraciones, también acusó al exfiscal Néstor Humberto Martínez de haber desempeñado un papel clave en estas dinámicas.
El mandatario subrayó que no permitirá que se restrinjan los derechos a expresarse y defenderse judicialmente: “No es posible que dejemos censurar nuestra opinión ni nuestra acción social y judicial”, afirmó.
Petro además acusó a algunos magistrados del Consejo de Estado de violar su fuero constitucional y el de su movimiento político. Además, señaló que estas acciones contradicen un fallo del magistrado Arenas, el cual, según él, reconoció los derechos políticos como fundamentales.
En su declaración, el presidente Gustavo Petro criticó lo que calificó como una “violación de la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 23″. Argumentó que las decisiones judiciales, al interpretar el apoyo de partidos aliados como doble militancia, estarían invalidando las coaliciones de minorías permitidas por la ley.
El mandatario anunció que ha solicitado al Pacto Histórico conformar un equipo jurídico para llevar estos casos ante instancias internacionales. “He pedido [...] que conforme el equipo jurídico que le permita llevar esta violación de derechos políticos como demanda ante las cortes internacionales con competencia en Colombia”, afirmó.
Petro reiteró su respeto por la independencia de poderes, pero advirtió que no aceptará lo que considera intentos de censura o un posible “golpe de Estado” promovido, según él, por intereses corruptos.
Qué dijeron los exmagistrados
Un grupo de 38 exconsejeros de Estado expresó su respaldo al pronunciamiento emitido por la Sala Plena del Consejo de Estado el 16 de diciembre, en el que se rechazaron las críticas realizadas por el presidente Gustavo Petro hacia sus decisiones judiciales. La declaración subraya la importancia de salvaguardar la autonomía y la independencia del poder judicial como pilares fundamentales de la democracia.
Los exmagistrados enfatizaron que el respeto a las decisiones judiciales, especialmente por parte de las autoridades públicas, es esencial para mantener el equilibrio institucional y garantizar el funcionamiento del Estado de Derecho. Entre los firmantes destacan Libardo Rodríguez, Gabriel Valbuena y Óscar Darío Amaya, quienes en un comunicado reafirmaron la legitimidad de los fallos del Consejo de Estado, señalando que estos se fundamentan en los principios de la Constitución y la ley.
El texto resalta que la aceptación de las decisiones judiciales por todos los ciudadanos, y en particular por los altos funcionarios, es crucial para la estabilidad democrática. Este respeto, según los exconsejeros, adquiere mayor relevancia cuando proviene del jefe de Estado, quien tiene el deber de actuar en consonancia con los principios fundamentales del orden jurídico.
Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado, encabezada por su presidente Milton Chaves García, manifestó su preocupación ante acusaciones que califican los fallos de la corporación como actos motivados por intereses políticos o como “golpes blandos”. Estas afirmaciones, señalaron, desestiman el papel esencial del poder judicial, que opera de manera independiente y sin presiones externas.
Los pronunciamientos reiteran la importancia de una justicia autónoma para el equilibrio entre los poderes del Estado y el fortalecimiento de la democracia. En un contexto donde las instituciones enfrentan retos significativos, este respaldo se posiciona como un recordatorio del compromiso con la defensa de la independencia judicial y el respeto por las normas que rigen la vida democrática del país.
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