
El Concejo de Bogotá aprobó una nueva normativa que busca regular las cámaras de fotomultas en la capital, con el objetivo de garantizar mayor transparencia y evitar el uso de cámaras “escondidas” que generan polémica entre los conductores.
La iniciativa, liderada por la concejal Diana Diago, busca poner freno al negocio de las fotomultas y asegurar que las cámaras de fotodetección sean plenamente identificadas para evitar sorpresas a los ciudadanos.
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La medida aprobada en el Concejo establece que la Administración Distrital deberá garantizar que todas las cámaras de fotodetección sean claramente identificadas y que se informe sobre la tecnología utilizada en los dispositivos de control de infracciones. “Este acuerdo de ciudad, de mi autoría, va a prevenir que las fotomultas sigan siendo un negocio. No más cámaras escondidas, no más cámaras tramposas en Bogotá”, afirmó la concejal Diago, autora del proyecto.
El acuerdo también ordena la realización de campañas de sensibilización para informar a los conductores sobre el propósito de las cámaras y la importancia de respetar las normas de tránsito, de manera que la regulación no solo se limite a la sanción, sino que también incluya medidas educativas para fomentar una conducción responsable.

“Es evidente que el único propósito de las Fotomultas de Galán y Claudia López es meterle la mano al bolsillo de los bogotanos con la excusa de ‘salvar vidas’. El aumento de comparendos lo demuestra”, dijo Diago.
Además, agregó que en la capital “no se han tomado medidas contundentes para combatir este negocio, no se ven campañas de pedagogía para la reducción de velocidad, pero lo que sí se ve son cámaras escondidas por todo lado. Para colmo el próximo año, Galán quiere instalar 80 nuevas cámaras de fotomultas en la ciudad”.
En los últimos tres años, las fotomultas en Bogotá experimentaron un incremento alarmante del 900%, pero la siniestralidad vial no disminuyó de manera significativa.

“El año pasado se recaudaron más de $160.000 millones, eso es un ingreso grandísimo para Bogotá. ¿Pero realmente está cumpliendo con la función? Si tenemos el 70 % más de siniestros viales. Eso quiere decir que las cámaras no están funcionando como se quiere”, dijo la concejal Diago a Blu Radio.
Solo en 2023, la ciudad registró 12.680 accidentes de tránsito, con 22.950 víctimas, lo que representa un aumento del 78% en comparación con 2020. Esta disparidad entre el aumento de las fotomultas y la falta de reducción de accidentes ha generado desconfianza entre los conductores, que muchas veces sienten que las sanciones no se enfocan en la seguridad vial, sino en una estrategia recaudatoria para las finanzas del Distrito.
Una de las novedades más destacadas de la nueva regulación es la obligación de la Secretaría de Movilidad Distrital de divulgar qué tecnologías utilizan las cámaras de fotodetección. Además, el acuerdo también establece que la Administración Distrital deberá garantizar la identificación de las cámaras de acuerdo con las normas nacionales y aplicar las nuevas reglas a los sistemas automáticos y semiautomáticos de detección de infracciones.
En cuanto, a las campañas de sensibilización estas deberán estar a cargo de la Secretaría de Movilidad que se encargará de informar a la ciudadanía sobre el verdadero propósito de las cámaras de fotodetección, la importancia de estas y también sobre el respeto y el cuidado que se debe tener sobre estos bienes del Distrito.

Con la aprobación del acuerdo, el proyecto ahora está en manos del alcalde Carlos Fernando Galán, que debe sancionarlo para que entre en vigor. La medida se da en un entorno en el que el alcalde Galán anunció su intención de instalar 80 nuevas cámaras de fotomultas en la ciudad en 2025, lo que ha generado más inquietud entre los ciudadanos.
La concejal Diana Diago celebró la aprobación de este acuerdo, destacando que es una victoria para los bogotanos. “Es importante jugarle limpio a los ciudadanos, que los bogotanos identifiquen plenamente dónde están ubicadas esas cámaras de fotomultas y que realmente se cumpla con el objetivo que es salvar vidas. Hoy esas cámaras lo que hacen es meterle la mano al bolsillo a los bogotanos, y no está bien, no es justo y así no debe operar jamás el Estado”, concluyó Diago.
Con esta nueva regulación, el Concejo de Bogotá dio un paso significativo hacia una mayor transparencia en la implementación de las fotomultas, buscando equilibrar la necesidad de mejorar la seguridad vial con el derecho de los ciudadanos a ser informados y tratados de manera justa.
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