Lo que hay detrás del billonario del Fomag a los operadores de salud de los docentes colombianos

Una reciente investigación de El Colombiano reveló lo que sería complejo entramado de irregularidades y conexiones políticas alrededor de la Fiduprevisora S.A., entidad vinculada al Ministerio de Hacienda, que administra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Este fondo, clave en la transición al modelo de salud que el gobierno de Gustavo Petro busca implementar, ha estado bajo el escrutinio público debido a problemas operativos y decisiones cuestionables que comprometen recursos millonarios.

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A finales de 2023, la Fiduprevisora aprobó la suscripción de contratos por 1,2 billones de pesos con siete operadores de salud. Sin embargo, estos acuerdos, liderados por Daniela Andrade Valencia, exvicepresidenta de contratación derivada, fueron firmados sin la autorización del consejo directivo del Fomag. Andrade, vinculada políticamente al entorno cercano del presidente Petro, señaladamente a través de su pareja, Jaime Ramírez Cobo, y la exgobernadora Dilian Francisca Toro, facilitó que los operadores representados por el abogado Oscar Ibañez Parra accedieran a dichos recursos bajo condiciones que contravienen las normas usuales de negociación estatal.

Los contratos incluyeron cláusulas que resultaron ilegales y otorgaron el 100% de las tarifas reclamadas por los operadores, sin un proceso de negociación adecuado, una práctica inusual en estos casos. Aunque el consejo directivo del Fomag había decidido en diciembre de 2023 aplazar cualquier decisión hasta enero de 2024, Andrade procedió a firmar los acuerdos en solitario, generando serias dudas sobre la transparencia del proceso.

El común denominador entre los operadores de salud beneficiados es su representación legal por Ibañez, abogado vinculado al Partido de La U y a figuras como la senadora Norma Hurtado. Además, Jhon Mauricio Marín, expresidente de la Fiduprevisora y también cuota del Partido de La U, también está implicado en la aprobación de estos contratos. Marín, que abandonó su cargo en medio de escándalos de corrupción, responsabilizó al consejo directivo del Fomag por estas decisiones, aunque las actas muestran que estas no fueron autorizadas formalmente.

Por otro lado, Andrade, tras su salida de la Fiduprevisora, fue nombrada notaria en Bogotá con un salario superior a los 70 millones de pesos mensuales, en un movimiento ampliamente criticado por la opinión pública. Mientras tanto, los contratos firmados en su gestión, así como los de vigencias anteriores entre 2017 y 2024, aún no han sido liquidados y enfrentan inconsistencias que están bajo auditoría.

Las decisiones y maniobras administrativas de la Fiduprevisora han tenido un impacto directo en los más de 818.000 docentes afiliados al sistema de salud del magisterio. La falta de recursos adecuados y la complejidad del proceso de transición han generado un servicio deficiente, agravado por los escándalos de corrupción. Además, la falta de negociaciones claras y la asignación directa de recursos han desnudado los intereses políticos y las influencias que dominan el sistema.

Son varias las agremiaciones de educadores que han manifestado su preocupación ante lo que consideran una ausencia de garantías y un riesgo creciente.

El escándalo de la Fiduprevisora no es un hecho aislado. Forma parte de un patrón más amplio de manejo irregular de recursos estatales. Por ejemplo, el empresario Pedro Contecha, beneficiado con contratos por 350.000 millones de pesos, también está relacionado con Andrade y su gestión en la Fiduprevisora. Este tipo de casos reflejan una preocupante realidad: la utilización de entidades estatales como botines de poder y corrupción.

Mientras las investigaciones continúan, el sistema de salud del magisterio enfrenta un futuro incierto, con sus usuarios sufriendo las consecuencias de un aparato estatal que privilegia los intereses de unos pocos sobre el bienestar colectivo.