
En medio de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, (Ungrd), que tiene como protagonistas a Olmedo López, Sneyder Pinilla, Sandra Ortiz, entre otros exfuncionarios y congresistas, se suma el rastreo de 29.392 millones de pesos de un programa de Presidencia y que la Ungrd no ha ejecutado.
El programa fue anunciado por el Gobierno Petro el 7 de diciembre de 2022, y tiene como objetivo promover “la soberanía alimentaria”. Según Cielo Rusinque, entonces directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), se entregaría 500.000 pesos por una sola ocasión para suplir la necesidad alimentaria.
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De acuerdo con la investigación de El Tiempo, el dinero para ejecutar el programa del Gobierno nacional salió de la chequera de la Ungrd, razón por la cual la Procuraduría están preguntando por la ejecución del dinero, así como la legalidad del programa.

El citado medio resaltó que en una fiducia hay un monto de 29.392 millones de pesos para la entrega de subsidios a damnificados por el Fenómeno de la Niña. Asimismo, se investiga supuestos dobles pagos y giros a cédulas inexistentes.
“La Procuraduría ha solicitado en más de 5 oportunidades, a través de sus diferentes delegadas, el Plan de Acción Específico de Intervención. Las respuestas han sido evasivas y basadas en la presentación de líneas estratégicas aisladas donde no es posible identificar planes, programas, entidades involucradas ni articulación encaminada a solventar la situación de desastre”, se lee en el informe de la Procuraduría revelado por El Tiempo.
En los subsidios mencionados, el diario indicó que se expidió un certificado de disponibilidad presupuestal 224.277 millones de pesos el 27 de diciembre de 2022.
Sin embargo, a este monto por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en cabeza de Javier Pava, Olmedo López, añadió un total de 16.917 millones de pesos, cifra por la que pregunta la Procuraduría a través de su delegado para la vigilancia Preventiva de la Función Pública, Marcio Melgosa, a la Ungrd, Banco Agrario y DPS.

El Tiempo consulto al citado banco y respondieron lo siguiente: “Nos permitimos aclarar las cifras. El valor girado por la entidad pública y/o administrador de recursos fue de 224.855 millones de pesos y el valor pagado por el banco fue de 195.463 millones de pesos. El banco, a la fecha, ha reintegrado 29.391 millones de pesos a la Fiduprevisora. El banco actúa como pagador y es la Fiduprevisora quien determina quiénes son los beneficiarios y durante qué ciclos”.
En cuanto a las cédulas inexistentes, el Naco Agrario le mencionó al citado medio que “no tenemos reporte de cédulas inexistentes cobrando dicho subsidio. El banco garantiza altos estándares de seguridad para el pago de estos recursos en todo el país. En todas las oficinas y aliados nos aseguramos de solicitar el documento de identidad original de los beneficiarios y verificar la información por medio de biometría para corroborar los datos”.
El director de la Ungrd, Carlos Carillo, le aseguró al reconocido diario que todo los giros y contratos para efectuar el programa son legales, razón por la cual señaló que los subsidios que no se han entregado hacen parte del Fondo de Gestión del Riesgo, y serán proporcionados en un “próximo ciclo de subsidios”.

“No se incluyeron dentro del PAE, pero no quiere decir que se hayan realizado fuera del marco legal”, indicó Carlos Carrillo a El Tiempo, en modo de respuesta la Procuraduría General de la Nación.
En cuanto al supuesto doble pago y las cédulas inexistentes, Carrillo afirmó que “no hay conocimiento de que exista dicha situación”.
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