Salvatore Mancuso reveló ante la Justicia y Paz que los bienes de las AUC fueron recibidos excomisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo

El exjefe paramilitar y hoy gestor de paz, Salvatore Mancuso, compareció nuevamente ante el Tribunal Superior de Barranquilla, donde ratificó sus acusaciones contra empresarios de la Costa Atlántica que presuntamente financiaron a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Mancuso, visiblemente afectado por problemas de salud, participó de manera virtual desde un hospital en la audiencia por el caso de los bienes del bloque ‘Catatumbo’ de las AUC.

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Durante la audiencia, el magistrado le preguntó a Mancuso sobre el destino de los bienes que estuvieron bajo el control del bloque ‘Catatumbo’. En su respuesta, el exlíder paramilitar afirmó que esos bienes fueron entregados al entonces comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, con el objetivo de que fueran utilizados para reparar a las víctimas del conflicto.

Sin embargo, Mancuso expresó que no sabe cuál fue el destino final de esos bienes, ya que no estuvo al tanto de su disposición posterior.

En su declaración ante el magistrado de Justicia y Paz, José Haxel De La Pava, Mancuso reiteró los señalamientos que hizo hace dos años contra los empresarios Rafael Antonio Matera Lajud y el fallecido Alfonso Macías Vargas

Según el exjefe paramilitar, estos empresarios habrían contribuido económicamente al financiamiento de las AUC en la región caribeña de Colombia. Mancuso también aseguró que la finca Potosí, de propiedad de la familia Macías Vargas, habría sido uno de los principales centros de operación del grupo paramilitar en la zona.

La audiencia generó gran atención, pues se convirtió en una oportunidad clave para esclarecer los vínculos entre empresarios de la Costa Atlántica y el paramilitarismo en la región. En julio de 2024, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, anunció que se judicializarán a los presuntos financiadores del paramilitarismo, destacando que se depurarán más de 700 compulsas de copias que reposan en los expedientes judiciales.

La declaración de Mancuso refuerza las investigaciones en curso sobre los vínculos entre el sector empresarial y los grupos paramilitares en Colombia, y abre nuevas interrogantes sobre el destino de los bienes que estaban destinados a las víctimas del conflicto. El proceso de Justicia y Paz sigue siendo clave para avanzar en la reparación y la verdad histórica sobre los horrores del conflicto armado colombiano.+

Salvatore Mancuso denunció a través de un video en su cuenta de TikTok que le fue retirado su esquema de seguridad, asegurando que esta decisión no es casual.

Según Mancuso, la medida se tomó después de que comenzara a colaborar con varias entidades para localizar los bienes que entregó a la Justicia y Paz, los cuales, según él, fueron desaparecidos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y deberían ser destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.

“No es casualidad que se ordene retirar mi esquema de seguridad precisamente en el momento en que recorro el país para encontrar los bienes que entregamos y que fueron desaparecidos”, manifestó Mancuso en el video. El exparamilitar destacó que la decisión de la Unidad Nacional de Protección (UNP) pone en grave riesgo a su familia y su equipo de trabajo, limitando su labor como gestor de paz en varias zonas del país.

En su llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro, Mancuso solicitó una intervención urgente: “Señor presidente de la República le hago un llamado urgente y le pido por favor que intervenga de manera directa ante la UNP, ante la Oficina del Alto Comisionado, ante el ministerio del interior y todas las instituciones que tengan incidencia directa en el proceso de paz”.

La W Radio consultó con la UNP para obtener una respuesta sobre la denuncia de Mancuso. La entidad desmintió que se le haya retirado la seguridad, afirmando que solo se cerró el protocolo de protección que tenía como compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras la decisión de la Corte Constitucional, que resolvió un conflicto de competencias entre tribunales.

Según la UNP, Mancuso continuará recibiendo protección, pero ya no bajo la JEP, sino como colaborador de la Oficina del Comisionado de Paz, con un “ajuste de medidas” en su esquema de seguridad.

Sin embargo, el círculo cercano de Mancuso aseguró que ni él ni sus abogados tienen actualmente esquema de protección, y que su familia tampoco cuenta con garantías de seguridad. Además, Mancuso denunció que las autoridades de la UNP, la Oficina del Comisionado de Paz y la Justicia y Paz estarían buscando “condicionar” sus desplazamientos a zonas donde participó en el conflicto armado, exigiendo detalles exhaustivos de cada traslado.

Según el exparamilitar, esta medida lo pone aún más en peligro, ya que podría haber un atentado contra su vida si esta información se filtra a sus enemigos.

El cruce de versiones entre Mancuso y las autoridades de protección continúa, mientras el exlíder paramilitar persiste en su labor como gestor de paz y en la búsqueda de los bienes destinados a las víctimas del conflicto, una misión que, según él, se ha visto obstaculizada por la falta de seguridad.