Contraloría advierte sobre crisis fiscal tras la caída de la reforma tributaria: la ejecución presupuestal es la más baja en cinco años

En un entorno de desafíos fiscales complejos, la Contraloría General de la República emitió un llamado al Gobierno nacional para intensificar sus esfuerzos en la gestión eficiente de los recursos públicos.

Esta petición surge tras el rechazo de la reforma tributaria en el Congreso, lo que ha dejado al país con niveles de ejecución presupuestal notablemente bajos, los más reducidos en cinco años, según datos revelados por el ente de control con corte a noviembre de 2024.

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La situación fiscal del país se ha visto agravada por un déficit en el recaudo tributario. Hasta noviembre de 2024, se recaudaron $369,74 billones, de los cuales $227,41 billones provienen de impuestos, cifra que queda por debajo de la meta anual de $315,86 billones. Este déficit representa una caída nominal del 9,3% en comparación con el mismo mes del año anterior, 2023.

La ejecución del Presupuesto General de la Nación para 2024 también refleja una baja utilización de los recursos, a pesar de que existen apropiaciones bloqueadas por $36 billones.

Por ese motivo, la Contraloría recomendó al Gobierno evitar el uso excesivo de mecanismos como los convenios interadministrativos, la generación de reservas presupuestales y las fiducias, que podrían complicar aún más la situación fiscal.

Desde el inicio del año, la programación y ejecución del presupuesto han enfrentado múltiples desafíos, comenzando con la expedición del decreto de liquidación del presupuesto sin cumplir con los requisitos legales. Esto llevó a una serie de necesidades urgentes de financiamiento que resultaron en el congelamiento de recursos significativos.

La Contraloría también resaltó la importancia de una ejecución eficiente del presupuesto público como un motor para fortalecer la economía y generar beneficios tangibles para la sociedad.

Ante la falta de aprobación de la reforma tributaria, el organismo de control instó al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para asegurar un uso efectivo de los recursos asignados y enfrentar los desafíos fiscales actuales.

Así mismo, la Contraloría General de la República indicó que se registraron órdenes de pago por un valor de 24 billones de pesos destinadas a fiducias y otras figuras fiduciarias, lo que duplica el monto que se pretendía recaudar con la reforma tributaria.

Entre tanto, el ente de control le recomendó al Gobierno nacional que, al cierre del 2024, se ejecute el presupuesto de manera eficiente, basándose en la capacidad de las unidades ejecutoras para adquirir bienes y servicios.

La Contraloría señaló que el uso de fiducias refleja una tendencia a mostrar una ejecución presupuestal que no se traduce en acciones concretas. Este mecanismo, según el organismo, requiere un uso transparente y eficiente para asegurar el cumplimiento de los objetivos públicos.

El presidente Gustavo Petro anunció una serie de medidas económicas tras el rechazo del Congreso a la ley de financiamiento. El jefe de Estado aseguró que las consecuencias de esta decisión no recaerán sobre el pueblo colombiano. Según el mandatario, la negativa del Congreso responde a intenciones políticas que buscan desfinanciar al Gobierno con miras a las elecciones de 2026.

Petro enfatizó que, ante una posible crisis presupuestaria, no se recortarán los programas sociales centrales del Gobierno, los cuales han sido clave para sacar a millones de personas de la pobreza y el hambre. “La crisis presupuestal no la pagará el pueblo”, afirmó el presidente, subrayando que quienes intentaron desfinanciar estos programas han fracasado.

El primer mandatario también anunció su intención de diversificar el financiamiento de la deuda adquirida durante la pandemia de covid-19, bajo el gobierno del expresidente Iván Duque. Petro señaló que esta deuda frenó el crecimiento económico del país y afectó los esfuerzos de los ministerios.

En el ámbito tributario, Petro planea implementar cambios para combatir la evasión fiscal, enfocándose en los juegos de suerte y azar en línea y el contrabando. Según datos de Coljuegos, estas actividades ilegales podrían estar costando al país más de 70.000 millones de pesos al año. Petro recordó que los impuestos de los juegos de azar son un monopolio rentístico de la nación y están destinados exclusivamente al sector salud.

Además, el presidente instó a que se compense la falta de aprobación de la reforma laboral con un aumento del salario mínimo para los colombianos. Petro también destacó la importancia de priorizar el crédito asociativo a la economía popular como un motor para la reactivación económica.

El turismo es otro sector que el gobierno busca impulsar para 2025. Petro insiste en que las organizaciones populares deben ser contratistas del Estado, aunque esta propuesta fue rechazada por el Consejo de Estado.