Corte Suprema inspeccionó las instalaciones del Ministerio de Hacienda por el escándalo de corrupción de la Ungrd

La Corte Suprema de Justicia adelantó una inspección en las oficinas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en medio de la investigación formal frente al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd).

Según información revelada por el alto tribunal a los medios de comunicación, el allanamiento se desarrolló el martes 10 de diciembre, específicamente en la oficina donde trabajaba la exasesora Andrea Ramírez, quien denunció al exministro Ricardo Bonilla por el entramado que consistió en la entrega de contratos a varios congresistas, con el fin de que se aprobaran las reformas sociales planteadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

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De acuerdo con información revelada por Semana, la Corte también inspeccionó la vivienda donde reside la exfuncionaria de la cartera de Hacienda, en la que se llevaron un computador para analizar si existe información que compruebe el esquema de corrupción al interior del ministerio.

Ante esta situación, el Ministerio de Hacienda emitió un comunicado, donde confirmó la inspección adelantada por funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, y reiteró su disposición para atender las peticiones de los entes de control.

“El 10 de diciembre recibió una inspección solicitada por la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia. La visita fue atendida por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de sus diferentes equipos de trabajo. Tras la inspección, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público entregó a los delegados los elementos que fueron solicitados por ellos”, dijo la cartera.

Una de las exasesoras del entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, que ha manifestado su intención de colaborar con la justicia por este caso que compromete al Gobierno nacional, es María Alejandra Benavides.

De hecho, el tres de diciembre, la exfuncionaria rindió su testimonio ante el magistrado Misael Rodríguez, presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, donde mencionó cuáles fueron los congresistas que iban a ser beneficiados con los denominados ‘cupos indicativos’.

Incluso, en unos audios revelados por Semana, Benavides mencionó que Bonilla habría sido la persona que dio la orden para que los congresistas de la Comisión de Crédito Público fueran supuestamente comprados por 92.000 millones de pesos.

“Yo le digo: ‘ministro, ¿qué hacemos ministro? Allá no se está moviendo nada’, y ¿por qué lo sabía yo? Yo era la que recibía la presión del Congreso y me decían: ‘no están saliendo, no los han contactado, no los han llamado, no los han buscado, no se ha hecho nada, eso no va a ser en este año’. María Alejandra, hazlo, y yo le decía al ministro que yo lo hacía, yo le decía al ministro permanentemente: ‘ministro, esto me dice el Congreso de la República’”, se escuchan en uno de los audios.

Sin embargo, su equipo jurídico denunció amenazas en contra de Benavides, tras conocerse sus declaraciones ante el magistrado, por lo que pidió a las autoridades competentes el refuerzo urgente de las medidas de protección para ella y sus familiares.

“Se hace un llamado urgente a las autoridades competentes para reforzar las medidas de protección de mi representada y sus familiares, considerando las amenazas recibidas contra su integridad personal relacionadas con el proceso en curso”, se lee en el documento firmado por el abogado Jaime López.

Además, subrayó que María Alejandra Benavides ha cumplido con todas las garantías procesales, realizando las declaraciones ante el ente acusador, de acuerdo con lo estipulado por la ley, aunque indicó que Benavides se abstendrá de realizar declaraciones fuera del ámbito institucional.

“Reiteramos el compromiso de María Alejandra Benavides de mantener la más alta disposición de colaboración con las autoridades colombianas, siempre en el marco del debido proceso y las garantías constitucionales”, concluye la carta.

El caso de Benavides ha sido seguido de cerca, dada su vinculación en la investigación que adelanta la Fiscalía, y la solicitud de reforzar su seguridad resalta las tensiones en torno al proceso judicial en curso.