Cambio Radical informó que su bancada decidió por unanimidad no apoyar la ley de financiamiento del Gobierno

El partido político Cambio Radical anunció oficialmente que no respaldará la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Gustavo Petro, en un nuevo capítulo de la oposición que ha mantenido el partido hacia la administración actual.

La colectividad criticó la falta de un compromiso claro por parte del Ejecutivo para implementar un “plan de austeridad”, señalando que este debería ser un componente esencial antes de presentar una reforma fiscal.

“Las bancadas de Senado y Cámara del Partido Cambio Radical por unanimidad ratifican su decisión de NO APOYAR la mal llamada Ley de Financiamiento del Gobierno”, escribió la colectividad en su cuenta oficial de X. Adicionalmente, junto con su publicación subieron un comunicado explicando sus motivos para no votar de forma positiva esta iniciativa.

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En el documento, el partido político de oposición sostiene que los efectos de la reforma tributaria de 2022, aprobada durante el actual gobierno, han sido negativos para la economía.

Según el comunicado, la reforma paralizó la actividad económica y redujo el recaudo fiscal. Además, critican el impuesto al patrimonio, argumentando que ha generado una migración de colombianos al extranjero, estimada en más de 75.000 personas, un fenómeno que, aseguran, continúa en ascenso.

La colectividad de igual manera rechazó el aumento de los impuestos al carbón incluido en el nuevo proyecto (la ley de financiamiento), señalando que tendrá un impacto directo en el precio del diésel y de la energía eléctrica.

Cambio Radical también puso en duda las promesas del presidente Gustavo Petro sobre la reactivación económica.

Argumentan que los beneficios, como los descuentos a personas naturales y a empresas, solo se verían reflejados después de 2027, cuando el actual gobierno ya haya concluido su mandato.

“El presidente miente al decir que reactivará la economía, ya que los descuentos a personas naturales y a empresas se verán reflejados hasta el 2027 y 2028, cuando el Gobierno Petro ya habrá terminado su periodo”, dijeron en el comunicado.

En el texto, el partido acusa al gobierno de utilizar la reforma para cubrir un déficit de cincuenta billones de pesos, derivado “del gasto en subsidios de energía, salud y educación (Icetex). La reforma lo único que busca es tapar el hueco de $50 billones para cubrir el subsidio de energía, el déficit de recursos para la salud y el Icetex”.

Mientras tanto, dice Cambio Radical, siguen derrochando los impuestos de los colombianos en la creación de nuevas embajadas, premiando a los grupos al margen de la ley y pagando a delincuentes por no matar.

Según Cambio Radical, la eliminación del régimen simplificado en el nuevo proyecto afectará a pequeños y medianos empresarios. Argumentan que esto llevará a millones de personas a la informalidad, lo que disminuirá el recaudo fiscal, perjudicando aún más la economía.

El partido, de igual manera, considera que la reforma no aborda de manera efectiva los problemas económicos del país. Señalan que el endeudamiento interno y externo sigue creciendo y que esto, en lugar de mejorar la situación, aumentará la caída en el recaudo fiscal, agravando la crisis económica.

Cambio Radical concluye su comunicado reiterando que no apoyarán la reforma tributaria debido a la ausencia de un plan de austeridad por parte del gobierno. Aseguran que esta reforma que califican como “nefasta” es inconsistente con las necesidades económicas del país y refuerzan su oposición a la propuesta.

En cuanto a la iniciativa propuesta por el Gobierno, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, afirmó que la reforma tributaria busca recaudar 9,8 billones de pesos, aunque reconoció que el monto podría reducirse durante los debates en el Congreso, especialmente debido a las dudas generadas por la poca ejecución presupuestal en varias carteras.

Esta situación ha llevado a cuestionar si realmente es necesario recurrir a nuevos impuestos para financiar el presupuesto nacional. En paralelo, algunos congresistas han señalado que la meta del gobierno podría ajustarse a cerca de 6 billones de pesos, anticipando los recortes y modificaciones que se plantearán en el proceso legislativo.