Por un caso de sicariato que dejó como víctima a una mujer de 37 años, identificada como Judith Karina Ramírez, en el barrio La Primavera de Yopal, Casanare, las autoridades en esta región de los Llanos Orientales anunciaron una recompensa de hasta $20 millones a quien brinde información que pueda ayudar a dar con el paradero de los asesinos.
Esta novedad se dio a conocer por parte del secretario de Gobierno, Jorge Andrés Rodríguez, que indicó en rueda de prensa a medios de comunicación que por orden expresa del alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruiz, se pagará esta cifra a quien ayude a las autoridades a encontrar a los sicarios que cometieron el crimen.
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Los hechos ocurrieron la noche del viernes 6 de diciembre, en vísperas de la celebración del Día de las Velitas, cuando Ramírez se encontraba dentro de una camioneta aguardando a que su pareja abriera la puerta para guardar la camioneta (con matrícula TFR-025) en la que llegaron hasta su residencia.
Justo en ese momento, dos sicarios a bordo de una motocicleta de color negro (modelo NKD) pasaron por el lugar e impactaron en cuatro ocasiones el vehículo, dejando herida a la madre y su bebé.
Sin perder tiempo, el padre y esposo de las víctimas del ataque armado se subió a la camioneta y condujo hasta el Hospital Central, donde los médicos confirmaron que madre e hijo llegaron sin signos vitales.
Asimismo, y durante la rueda de prensa, Rodríguez también indicó que el crimen no estaría vinculado con un hurto y que este habría sido premeditado. Además, también se confirmó que Judith Karina Ramírez trabajaba como administradora de la planta trituradora Mikonstrucciones SAS (dedicada al comercio al por mayor de elementos de construccion, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción).
En la misma intervención ante medios, destacó El Tiempo, el secretario de Gobierno de Yopal expresó su preocupación, debido a que ya ha sido puesto en conocimiento del Gobierno nacional la problemática de hacinamiento en las cárceles de la región, que alcanza a ser del 680%. Con esto los procesos judiciales se ven afectados al extenderse, y por ende, provocando mayor impunidad (libertad por vencimiento de términos) en las diligencias que, por culpa de este fenómeno, tiene en jaque a las autoridades en Yopal, Casanare.
Tal es la situación que en la estación Yopal, que tiene cupo para 20 personas, hoy se encuentran 141 personas detenidas bajo condición de sindicados. “Los jueces manifiestan que no conceden la medida de aseguramiento porque no hay espacio donde recluirlos”, explicó el secretario Jorge Andrés Rodríguez.
En Caquetá buscan a mujer embarazada y lideresa social desaparecida
La desaparición de Sandra Milena Martínez Cortés, una reconocida líder social de El Paujil, Caquetá, ha generado una profunda preocupación en la comunidad desde el 26 de noviembre de 2024.
Martínez, de 28 años y con un embarazo de alto riesgo de cuatro meses, fue sacada violentamente de su hogar mientras realizaba su labor social, y desde entonces no se tiene información sobre su paradero.
La mujer en estado de embarazo es conocida por su compromiso con el trabajo comunitario, sobre todo por el apoyo a jóvenes y mujeres en comunidades cafeteras. Su enfoque ha sido la inclusión social y el empoderamiento, además de brindar atención a víctimas del conflicto armado. La gravedad de su desaparición se intensifica debido a su estado de salud, que requiere medicamentos específicos para asegurar su bienestar y el de su bebé.
Ante la urgencia de la situación, familiares y amigos de Sandra Martínez han presentado denuncias ante la Fiscalía, el Gaula y otras entidades de seguridad, solicitando la colaboración de la sociedad civil, los medios de comunicación y las autoridades para acelerar su búsqueda. La comunidad espera que estos esfuerzos conjuntos permitan encontrarla sana y salva lo más pronto posible.
La desaparición de Martínez no solo afecta a su familia, sino que también representa una pérdida significativa para las comunidades que se benefician de su trabajo. Su dedicación a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y jóvenes en su región ha sido fundamental, y su ausencia deja un vacío difícil de llenar.
La comunidad de El Paujil y organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su preocupación por la seguridad de quienes trabajan en la defensa de los derechos y el desarrollo social en áreas afectadas por el conflicto.
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