
En el Congreso de la República, las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara aprobaron el proyecto de ley de Jurisdicción Agraria con el que el Gobierno nacional pretende abordar los problemas que tiene el Estado colombiano en materia de derechos de tenencia, uso y propiedad de las tierras rurales, y aquellos relacionados con las relaciones de producción agraria.
La iniciativa depende de la aprobación de las dos plenarias del Congreso que debatirán el articulado, para avanzar en la implementación de los acuerdos de paz firmados con las extintas Farc en La Habana en 2016.
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A pesar de las intenciones del Estado colombiano, varios académicos y congresistas de oposición mostraron su rechazo y cuestionaron varios de los artículos del proyecto de ley. Entre ellos, la senadora de la República por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, que advirtió en el Congreso sobre los riesgos del artículo Quinto del proyecto de Jurisdicción Agraria, alertando que su implementación puede imponer barreras ideológicas y frenar la productividad rural.
“En el Artículo Quinto hay mucho veneno que debemos revisar cuidadosamente. Los fines del Estado no son imponer decisiones sobre qué cultivar 0 cómo hacerlo. El Estado debe propiciar el desarrollo, no controlar la vida de las personas”, mencionó en medio del debate.

La precandidata presidencial por el Centro Democrático aseguró que en caso tal de que se mantenga este artículo “puede darse un golpe a la libertad económica de los campesinos”, afirmó.
En ese sentido, Cabal enfatizó en los peligros de conceptos amplios como “interés público” y “función social y ecológica,” señalando que pueden dar lugar a interpretaciones arbitrarias que obstaculicen la productividad rural. “Estas nociones, sin límites claros, han sido utilizadas antes para destruir la propiedad privada y frenar la generación de riqueza en el campo. Esto no salva al campesino de la pobreza; lo hunde más en ella”, aseguró.
La senadora también cuestionó las condiciones excluyentes de algunos beneficios del Estado. “Si el campesino no es mujer, cabeza de familia, víctima del conflicto armado o cumple ciertos criterios específicos, queda por fuera de los subsidios. ¿Acaso no podemos ayudar a todas las familias campesinas que realmente lo necesitan, sin imponer categorías que dividen?”.
Incluso, la líder de oposición criticó el proyecto y propuso cambios estructurales en los principios de la Jurisdicción Agraria, de los que dijo están cargados de ideología y van en perjuicio del campesino. “Lo que necesita el campesino no son más barreras ni leyes ideológicas que lo condenen a la pobreza. Necesita oportunidades reales, seguridad jurídica y libertad para producir”, sostuvo.

Bajo la misma línea, la senadora Paloma Valencia hizo pública su preocupación por el artículo 4 de la iniciativa promovida por el Ministerio de Agricultura, a su juicio, promovía la expropiación de tierra. Asimismo, confirmó que durante el debate se eliminó dicho artículo, por lo que envió un mensaje de tranquilidad a los colombianos que temían perder sus propiedades.
“La expropiación exprés se acabó porque todos los procesos de expropiación tienen fase judicial, es decir, el Estado no tiene cómo quitarles a las personas la propiedad por vía administrativa”, explicó.

Paloma Valencia también se refirió a los terrenos baldíos que ingresen a disputa. La senadora de oposición explicó que ese proceso tendrá una fase judicial adicional con el propósito de que sean los jueces quienes definan si se trata de un terreno baldío o no.
“Esas clarificaciones las van a llevar los jueces de la República. Y eso garantiza el debido proceso para que la gente pueda defender su propiedad, su tenencia, su posesión y podamos tener garantías del debido proceso”, afirmó la senadora.
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