Carlos Fernando Motoa le ‘cantó la tabla’ a Jota Pe Hernández por la reforma a la justicia: “No puede dar una discusión sin recurrir al grito”

El 3 de diciembre de 2024, la plenaria del Senado aprobó en segundo debate la reforma a la justicia, una iniciativa respaldada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y que tuvo más de 55 votos a favor.

El proyecto tiene como objetivo agilizar los procesos penales, así como la descongestión en el sistema acusatorio. Sin embargo, uno de los puntos polémicos en el articulado es el que otorgaría beneficios judiciales a quienes son vinculados al terrorismo y secuestro, que colaboren con la justicia.

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Uno de los férreos críticos de este cuestionado artículo es el senador Jonathan Ferney Pulido, conocido como Jota Pe Hernández, quien aseguró que envía un mal mensaje a los colombianos, al brindarle beneficios a delincuentes y terroristas.

“No puede ser posible que mientras el Congreso tramita una reforma tributaria que pone impuestos a colombianos honestos, el Senado apruebe un regalo para terroristas, financiadores del terrorismo, secuestradores y extorsionadores”, manifestó el congresista de Alianza Verde en diálogo con W Radio.

A su vez, el parlamentario cuestionó que la iniciativa no soluciona de raíz las problemáticas que enfrenta el sistema judicial colombiano, al considerar que en la actualidad, hay once jueces por cada 100,000 habitantes, siendo una cifra totalmente inferior frente al resto del mundo, que es de 18 magistrados, respectivamente.

“En lugar de legislar para los delincuentes, deberían fortalecer el sistema judicial para agilizar los procesos y atender a las víctimas”, complementó el senador Jota Pe Hernández.

Al respecto, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, y uno de los ponentes de la iniciativa, defendió el artículo en cuestión, y señaló que no brinda beneficios a terroristas, sino que otorga nuevas herramientas, con las que se combatirá el crimen organizado y la impunidad.

“La rebaja de penas que se establece no se disminuye. Es distinto si el procesado revela quiénes integran esa banda criminal, da información precisa, oportuna, eficaz, para la que la Fiscalía actúe y que el juez de garantías evalúe, pues ahí se permita por supuesto desmantelar esa banda criminal y dar un incentivo”, mencionó Motoa en el mismo espacio radial.

Adicionalmente, agregó que la posición del senador Pulido sobre el artículo 11 de la reforma a la Justicia es “errónea y equivocada”, y sostuvo que la reforma responde al llamado de la ciudadanía para frenar la delincuencia.

“Un ejemplo es la extorsión, está acorralando las ciudades y necesitamos ir detrás de los cabecillas, no solamente eslabón más débil de la cadena, sino de todas las estructuras grandes de estos delitos que están acosando de los ciudadanos”, agregó el congresista de Cambio Radical.

Finalmente, el senador Carlos Fernando Motoa precisó que este tipo de beneficios contemplados en la reforma a la justicia es una idea que proviene de otras partes del mundo, como es el caso de Estados Unidos.

“Necesitamos atacar las estructuras criminales desde adentro, y esto no se logra sin incentivos para los colaboradores (...) el senador Jota Pe Hernández no sabe defender sus posturas en escenarios diferentes a las redes sociales, sino que pusimos en evidencia su incapacidad de dar una discusión sin recurrir al grito, la mentira o la descalificación”, escribió Motoa en sus redes sociales.

Además de este artículo, en el segundo debate en el Senado también se discutieron otras dos proposiciones referentes a que los condenados por hechos de corrupción paguen sus penas en reclusión especial, así como un informe sobre la aplicación de la reforma en el Congreso de la República, puntos que no fueron acogidos por la mayoría de congresistas.

Con la aprobación en segundo debate, el articulado ahora pasará a ser discutido en la Cámara de Representantes, donde se espera también sea aprobada sin mayor complicación, cuyos debates se realizarían en el inicio del periodo legislativo de 2025.