Gobierno de Gustavo Petro piensa reducir el monto de los impuestos de la nueva reforma tributaria

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se refirió al proyecto de ley de financiamiento o reforma tributaria y afirmó que no es factible que el Congreso apruebe una ley que permita financiar completamente el presupuesto de 2025 por la suma de $12 billones. En términos del tamaño de la economía, esta reforma recaudaría el 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025, el 0,1% del PIB en 2026, y sería prácticamente neutra a partir de 2027.

Cristo mencionó que, a pesar de esta imposibilidad, sí es factible “avanzar en varios puntos de la reforma que den una cifra inferior, pero importante, lo cual de todas maneras va a contribuir a equilibrar en algo el presupuesto que está desfinanciado”.

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La declaración se produce a un día del primer debate en las Comisiones Económicas de Senado y Cámara de la iniciativa.

Y es que todo parece indicar que en el Congreso no hay ambiente para sacar la iniciativa adelante. El rechazo a esta medida por la mayoría de los congresistas surge en un momento en que la economía colombiana experimenta una recuperación moderada. Dicho rechazo genera un alivio entre ciertos sectores que consideran inadecuado cargar a la ciudadanía con más impuestos en una etapa de recuperación económica.

Anteriormente, Cristo había afirmado, por medio de X, presionó al Congreso para que se desarrollen los debates necesarios del proyecto de ley. Escribió que la situación fiscal del país es compleja, no es nueva y no nació con este gobierno.

Sin embargo, anotó que “este gobierno ha asumido el reto con responsabilidad: cumpliendo la regla fiscal, pagando la deuda y haciendo los ajustes necesarios. Además de responder a este panorama, seguimos avanzando en las reformas sociales necesarias para el país”.

De igual manera, anotó que en el Ministerio del Interior se seguirá insistiendo en la vía del diálogo y la concertación. “Abordemos este debate con altura, pensando en la estabilidad fiscal y las reformas sociales que piden los colombianos”, apuntó.

Entre otras cosas, el Gobierno propone introducir un nuevo régimen de tributación para las empresas, con tasas marginales del 27%, 30% y 33%, frente al 35% vigente en la actualidad. Esta medida reduce la tarifa de renta para las empresas, hoy la cuarta más alta a nivel mundial, y lo hace en una mayor proporción para empresas pequeñas, aquellas con una renta líquida gravable inferior a $300 millones anuales, algo que Fedesarrollo considera como positivo.

El Gobierno propone triplicar la tarifa del impuesto al carbono e incluir al carbón dentro de la base gravable del impuesto. Asimismo, se plantea un cambio sustancial en la destinación de los ingresos de este impuesto.

Actualmente, el 80% de los recursos son transferidos al Fondo Nacional Ambiental, y el 20% se destina al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. “Con la reforma, el 66% de los ingresos pasarían a formar parte de la unidad de caja del Gobierno, manteniendo el 34% restante para los usos actuales. Según el Gobierno, el aumento en el impuesto al carbono tendría un impacto de 0,15 puntos porcentuales en la inflación y generaría recursos por aproximadamente $1,2 billones anuales”, dijo el director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía.

De igual manera, apuntó que el proyecto introduce una modificación a la regla fiscal, permitiendo que el gasto en inversiones verdes no se contabilice dentro de los límites establecidos para el déficit fiscal.

Al respecto, la entidad cree que “esta modificación permitiría financiar inversiones verdes por hasta $5,5 billones anuales (0,3% del PIB hasta 2030 y 0,15% del PIB hasta 2035) fuera del espacio de gasto permitido por la regla fiscal”.

Según la misma, esto va en contravía del compromiso del Gobierno por el estricto cumplimiento de la regla fiscal y, probablemente, será interpretada por los acreedores como una señal de relajamiento en la senda de reducción del déficit y de la deuda pública del país, lo que podría aumentar los costos de financiamiento para la Nación.

En cuanto a la tributación a las personas, la reforma propone incrementar la tarifa marginal para el tramo de ingresos más alto del 39% al 41%. El umbral más alto corresponde a personas con una renta líquida gravable mensual superior a $121 millones, lo que afectaría únicamente al 1% de la población ocupada con más altos ingresos, profundizando la progresividad de la tributación a las personas.

La fuente de recaudo más significativa, cerca de $2 billones anuales, proviene ele la introducción del IVA para los juegos de suerte y azar digitales. Esta medida corrige una importante asimetría entre los juegos de suerte y azar físicos, que ya están gravados con IVA, y los digitales, que hasta ahora han estado excluidos. Dado que los juegos de suerte y azar no forman parte de la canasta básica, la aplicación del IVA en esta categoría no tendría un impacto inflacionario directo, pero sí generaría una fuente importante de recursos.

Por lo tanto, Fedesarrollo comparte la necesidad de introducir este cambio en el tratamiento tributario de los juegos de suerte y azar digitales.

La reforma también reduce el umbral para ser sujeto del impuesto al patrimonio y aumenta la tarifa marginal para el tramo más alto del 1,5% al 2,0%. El umbral actual se reduce de $3.389 millones a $1.883 millones de patrimonio líquido neto de deudas.

Eso significa, por ejemplo, que una persona con un patrimonio líquido neto de $2.000 millones, que antes no pagaba impuesto al patrimonio, ahora pagaría un impuesto de $587.000. Mientras que una persona con un patrimonio líquido neto de $4.000 millones, que antes pagaba un impuesto de $3 millones, ahora pagaría $14 millones.