Radiografía de los derechos más demandados en Colombia: ¿Es hora de una jurisdicción exclusiva para garantizar su protección?

Cada 10 de diciembre se conmemora el Día Mundial de los Derechos Humanos, una fecha que nos recuerda la importancia de proteger y garantizar los derechos fundamentales de todas las personas. Este día, instituido oficialmente en 1950, celebra la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Este documento emblemático establece derechos y libertades esenciales sin distinción de nacionalidad, etnia, religión o género.

En Colombia, la lucha por el respeto y la garantía de estos derechos se manifiesta de manera particular a través de la acción de tutela, un mecanismo constitucional que permite a los ciudadanos reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales.

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Sin embargo, pese a que este recurso ha sido fundamental para enfrentar un panorama marcado por la vulneración reiterada los derechos fundamentales; otra batalla con la que luchan los ciudadanos es con el propio sistema judicial, ante una falta de efectividad que dificulta la inmediatez en la protección de los mismos.

Estadísticas de la Corte Constitucional, consultadas y analizadas por Infobae Colombia, revelan que entre enero y agosto de 2024, se registraron 621.305 acciones de tutela en Colombia. Las cifras actualizadas al 25 de octubre; indican que, aunque no es propiamente un derecho fundamental; el derecho de petición encabezó las solicitudes, representando el 47,11% del total; es decir, 291.279 radicados. Este recurso es clave en la defensa de los derechos, toda vez que, como lo contempla el artícilo 23 de la Constitución Política: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”.

Al derecho de petición le siguen: el derecho a la salud; con un 28,31% (175.013 tutelas); el debido proceso, con el 14,80% (91.484); el derecho a la vida, con el 7,78% (48.109); al mínimo vital, con el 5,97% (36.924); a la seguridad social, con el 4,85% (29.974); derecho a la dignidad humana, con el 4,05% (25.022); al acceso a la administración de justicia, con el 3,08% (19.069); al habeas data, con el 2,34% (14.488); derecho a la igualdad, con el 1,70% (10.502) y el derecho al trabajo, con el 1,56% (9.602 tutelas radicadas). En la siguiente gráfica puede observar una lista más larga y detallada con otros derechos altamente reclamados vía tutela:

En cuanto a las pretensiones de las tutelas, se evidencia una marcada necesidad de mejorar la prestación de servicios públicos esenciales y garantizar procesos justos y expeditos para la ciudadanía; siendo los reclamos principales la solicitud de información, copias, procedimientos, la garantía del derecho fundamental, la práctica oportuna de procedimientos médicos y la entrega de medicamentos e insumos esenciales. Otros reclamos se enfocan en:

• Protección del debido proceso administrativo.
• Asignación de citas médicas oportunas.
• Garantía de condiciones básicas de subsistencia.
• Corrección o actualización de información personal en bases de datos.

Por otra parte, los departamentos con mayor número de tutelas son: Antioquia con el 16,59% de las tutelas, seguido por el Valle del Cauca (9,85%) y Norte de Santander (5,07%). En cuanto a ciudades, Bogotá se destaca como la ciudad con más acciones interpuestas, concentrando el 20,36%, (126.504 tutelas radicadas) mientras que Medellín y Cali ocupan el segundo y tercer lugar con el 9,66% (60.013) y el 6,46% (40.103), respectivamente.

Los datos sobre las acciones de tutela radicadas en Colombia de 2019 a 2023 muestran un comportamiento irregular y mayormente en ascenso. En detalle, las cifras evidencian que 2019 registró 620.272 tutelas, una cifra considerable pero no alarmante; pues en 2020, durante el confinamiento por covid-19, las tutelas disminuyeron drásticamente a 292.558, lo que representó una caída de aproximadamente el 53% con respecto al año anterior.

Sin embargo, a partir de 2021, se observa un rebote en las radicaciones, con 492.066 tutelas, un incremento del 68% en comparación con 2020. Este repunte reflejó un aumento de la insatisfacción ciudadana, especialmente en sectores como salud y servicios públicos.

En 2022, las tutelas continuaron su crecimiento, alcanzando 633,463, un 28% más que en 2021, y en 2023 se registró un récord con 742.876 tutelas, un aumento del 17% con respecto al año anterior. Este incremento sostenido refleja no solo el creciente uso de la tutela como mecanismo de defensa de derechos fundamentales, sino también la sobrecarga del sistema judicial, exacerbada por problemas estructurales en el acceso a servicios esenciales y la creciente desconfianza de la ciudadanía en la capacidad del Estado para resolver estos problemas de manera eficiente.

Las cifras reportadas en el periodo de enero de 2019 a agosto de 2023 muestran patrones consistentes con las problemáticas sociales consideradas más urgentes:

• Derecho de petición (45,49%): Esto se debe a la necesidad de los ciudadanos de obtener respuestas efectivas de entidades públicas y privadas que frecuentemente no cumplen con los tiempos legales establecidos.
• Derecho a la salud (26,80%): El sector salud sigue siendo el segundo foco principal de tutelas. Este porcentaje refleja problemas crónicos como la falta de acceso a tratamientos, medicamentos de alto costo, demoras en la asignación de citas médicas y fallos administrativos en las EPS.
• Derecho al debido proceso (14,81%): Este derecho ha cobrado importancia en tutelas relacionadas con disputas legales, laborales y administrativas. Incluye violaciones por procedimientos indebidos o injustos en despidos, sentencias judiciales y trámites oficiales.
• Derecho al mínimo vital (6,80%): Representa casos donde los ciudadanos buscan proteger condiciones mínimas de subsistencia, como acceso a agua potable, electricidad, alimentos o pensiones. Este derecho es particularmente importante para poblaciones vulnerables.
• Derecho a la vida (5,33%): Incluye tutelas relacionadas con situaciones de riesgo inminente para la vida por falta de atención médica urgente, amenazas de violencia o negligencia estatal.
• Derecho a la seguridad social (4,88%): En su mayoría, tutelas de este tipo se asocian con pensiones no reconocidas, problemas con cesantías y retrasos en el pago de prestaciones sociales.
• Dignidad humana (2,62%): Aunque menos comunes, derechos como la dignidad humana, el habeas data, la igualdad, y la reparación integral destacan emergentes en el uso de la tutela. Estos casos suelen estar asociados a grupos vulnerables como mujeres, comunidades étnicas y personas en situación de discapacidad.

Establecida en el artículo 86 de la Constitución de 1991, la acción de tutela se ha convertido en una herramienta esencial para garantizar derechos fundamentales en situaciones de amenaza o vulneración. Este recurso permite, en teoría, obtener respuestas rápidas en casos donde otras vías judiciales no son viables; sin embargo, como lo advierte el abogado y académico Juan Pablo Sarmiento, profesor investigador de la Universidad de La Sabana, el sistema judicial enfrenta dificultades para garantizar la efectividad práctica de estas decisiones.

“La tutela ha sido una garantía constitucional suficientemente robusta en abstracto y creo que han sido efectivas. Pero, cosa distinta es lograr la eficacia de una decisión judicial, que tiene problemas sistémicos y estructurales”, señaló en diálogo con Infobae Colombia.

En cuanto a los problemas sistémicos, muchas veces, el cumplimiento de las órdenes judiciales requiere procesos adicionales, como incidentes de desacato, lo que retrasa su efectividad. “Las entidades o los privados resisten aplicar la tutela hasta que ya el juez llega a intervenir con mayor severidad”, indicó el experto.

Ahora, los problemas estructurales se refieren, según Sarmiento, a la falta de recursos o voluntad por parte de las autoridades para cumplir sentencias que implican acciones “de gran escala”, como la descontaminación de un río o la construcción de infraestructura esencial. En ese sentido, el alto volumen de tutelas no solo refleja las necesidades de la ciudadanía, sino también las falencias en la respuesta institucional.

Según el especialista, la congestión judicial es un factor determinante; y aunque la acción de tutela ha permitido avances significativos en el reconocimiento de derechos fundamentales; el camino hacia una justicia más eficiente y accesible aún enfrenta múltiples retos: “Los principales problemas provienen de un incumplimiento sistemático en sectores clave, como el derecho a la salud, que ocupa una parte importante de ese universo de tutelas”.

Ante este panorama, el experto propone una solución que implicaría la reestructuración del sistema judicial: crear una jurisdicción exclusiva para la acción de tutela. “Jueces encargados exclusivamente de resolver las acciones de tutela probablemente podrían atender y descongestionar sus propios despachos de los asuntos que les corresponden ordinariamente. De esta manera, tendríamos una alternativa más eficiente”, sugiere.

Esta propuesta permitiría a los jueces especializados centrarse exclusivamente en garantizar la protección de derechos fundamentales, reduciendo los tiempos de respuesta y mejorando la ejecución de las órdenes judiciales. No obstante, como advierte Sarmiento, “el verdadero desafío no es solo emitir sentencias, sino garantizar que estas transformen realidades y protejan efectivamente los derechos de los ciudadanos”.

Finalente, en cuanto al papel de la Corte Constitucional en la garantía de los derechos fundamentales en Colombia, el experto destacó que, a través de sentencias emblemáticas, como la T-760 de 2008, el alto tribunal ha emitido órdenes para resolver problemas estructurales en sectores como la salud y el desplazamiento forzado. Sin embargo, estos avances necesitan ser respaldados por un sistema más robusto y recursos suficientes para garantizar su implementación.

En palabras del abogado, “no podemos evaluar exclusivamente en términos de eficacia absoluta, sino también como la Corte ha emitido órdenes y propuesto soluciones a problemas estructurales, dando seguimiento a las entidades competentes”.