En el departamento del Cauca, Colombia, el reclutamiento forzado de menores por parte de las disidencias de las Farc ha alcanzado niveles alarmantes, según informes recientes.
Este fenómeno ha resultado en la muerte de varios adolescentes que intentaron escapar de las filas de estos grupos armados. El general Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército, destacó al medio Semana que en operaciones militares se han encontrado menores de entre 11 y 14 años, quienes son obligados a vivir en condiciones precarias y sometidos a abusos.
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El reclutamiento forzado es una práctica común en el Cauca, donde las disidencias lideradas por Iván Mordisco e Iván Márquez son responsables de la mayoría de estos casos.
Según el general Mejía, los menores son captados mediante engaños o secuestrados de sus hogares para ser incorporados a las filas de estos grupos. Una vez dentro, enfrentan un entorno hostil que los lleva a buscar formas de escapar, aunque con frecuencia no lo logran.
El 22 de noviembre, cinco adolescentes fueron encontrados muertos en una zona rural de Buenos Aires, Cauca, después de intentar huir. Entre ellos estaba Mauren Alejandra Ulchur, de 14 años, que había sido reclutada en La Plata, Huila. Estos jóvenes fueron asesinados y enterrados en una fosa improvisada, un destino que comparten muchos otros menores en la región.
El problema del reclutamiento forzado no se limita al Cauca. En otros departamentos como Bolívar, Magdalena y Putumayo, también se han registrado numerosos casos. Según un estudio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), entre 2013 y 2022, 2.181 menores fueron víctimas de reclutamiento, con un 37,3% de ellos pertenecientes a grupos étnicos, incluidos indígenas.
Según el medio citado, las disidencias utilizan diversas tácticas para captar a los menores, desde promesas de una vida mejor hasta el uso de redes sociales como Facebook para identificar y adoctrinar a los jóvenes. En 2023, se reportaron 301 menores reclutados, y para 2024, hasta el 30 de septiembre, ya se contabilizaban 189 casos.
El impacto de estas prácticas es devastador para la niñez en Colombia, especialmente en el Cauca, que se ha convertido en un centro de reclutamiento forzado. Las estructuras armadas como Carlos Patiño, Jaime Martínez y Dagoberto Ramos son las principales responsables de estas acciones, que incluyen el uso de la violencia para mantener el control sobre los menores.
Leonardo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), ha señalado que el uso de redes sociales para el reclutamiento es una estrategia común, donde se engaña a los menores con falsas promesas.
Además, el derecho internacional humanitario prohíbe la participación de menores en conflictos armados, pero la realidad en el terreno es que estos jóvenes tienen pocas opciones para escapar de su situación.
Autoridades capturaron a 9 personas y rescató a 2 menores en operación contra las Farc en el Cesar
En otro operativo realizado en el municipio de La Paz, Cesar, dos menores fueron rescatados y puestos bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tras una intervención militar en la vereda La Cabaña.
En la misma operación, soldados de la Décima Brigada, en el marco del Plan Ayacucho, lograron la captura de nueve personas presuntamente vinculadas al Frente 19 de las Farc.
Durante el operativo, también se incautó un importante arsenal de guerra que incluía 12 fusiles, una pistola, un lanzagranadas, miles de cartuchos, explosivos y detonadores. Este material, según las autoridades, estaba destinado a ser utilizado en ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.
El material de comunicaciones y la cantidad de armamento hallado sugieren que el grupo tenía la capacidad de realizar operaciones significativas en la región. Las personas capturadas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para su judicialización, mientras que los menores rescatados recibirán atención para el restablecimiento de sus derechos.
La operación en La Paz es un ejemplo de los esfuerzos continuos para desmantelar las estructuras ilegales que operan en el país.