Gustavo Petro, presidente de la República, invitó a la oposición a colaborar con su gobierno en la creación de un “pacto de transparencia total” para enfrentar la corrupción en Colombia. “Les propongo un pacto de transparencia total en el ejercicio del gobierno y de la oposición”, publicó Petro en su cuenta de X.
A través de sus redes sociales, Petro expresó su inquietud por los altos niveles de corrupción que, según él, afectan a ciertos sectores de la oposición.
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“Registro con preocupación que continuamente aparecen miembros de la oposición sindicados de dar o recibir sobornos. Uno de los pactos que debe establecerse entre gobierno y oposición es luchar a fondo contra la corrupción”, escribió en sus redes sociales el mandatario colombiano.
El mandatario destacó la necesidad de establecer un acuerdo entre el Gobierno y la oposición para combatir la corrupción de manera efectiva. Además, resaltó que la oposición no debería involucrarse en actos de corrupción, como sobornar a funcionarios del Gobierno, y enfatizó que no se puede oponer a un gobierno mientras se desvían fondos públicos.
“La oposición no consiste en corromper funcionarios del gobierno. No se puede oponer a un gobierno y sacar por debajo los dineros del pueblo que maneja ese gobierno”, agregó el presidente Petro.
En sus declaraciones, el primer mandatario mencionó haber descubierto a una candidata de la oposición utilizando información que, presumiblemente, proviene de infiltrados en la Fiscalía, vinculados a la llamada “Junta del narcotráfico”, compuesta por grandes narcotraficantes nacionales e internacionales. Según el presidente, “estos grupos no solo buscan desestabilizar al gobierno, sino también atentar contra su vida”.
“He descubierto a una candidata de la oposición usando fuentes que muy presumiblemente provienen de infiltrados en la Fiscalía de la llamada Junta del narcotráfico, integrada por grandes narcos nacionales y extranjeros. Estos narcos no solo han buscado la destrucción del gobierno, financiando actividades sediciosas, sino que, buscan el asesinato del presidente”, dijo el mandatario.
Petro propuso la creación de una comisión internacional que colabore con la Fiscalía para investigar el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci y que también se enfoque en descubrir la infiltración de narcotraficantes en entidades públicas y políticas.
“Espero opiniones de las Cortes, la Fiscalía y la oposición para la configuración de una comisión internacional al servicio de la Fiscalía, que se dedique, en primer lugar, a la investigación del asesinato del fiscal paraguayo Pecci, y que se extienda a descubrir la fuerte infiltración de este grupo de narcotraficantes, llamados “Junta del narcotráfico”, en entidades públicas y políticas”, agregó el jefe de Estado.
Además, agradeció al subdirector de la Policía Nacional, general Zapata, por resistirse a ser sobornado, considerándolo un ejemplo para el país. “Agradezco al subdirector de la Policía Nacional, general Zapata, por no dejarse sobornar. Es un ejemplo para Colombia”, concluyó el presidente Gustavo Petro.
El presidente espera recibir opiniones de las Cortes, la Fiscalía y la oposición para avanzar en la configuración de esta comisión internacional, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción en Colombia.
Corrupción sacude al gobierno de Gustavo Petro: escándalos implican a altos funcionarios y círculo cercano
En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro enfrenta una serie de escándalos de corrupción que han debilitado su administración a medida que alcanza la mitad de su mandato.
Los problemas legales han involucrado a altos funcionarios, aliados cercanos y familiares del presidente, lo que generó una crisis de credibilidad en su gestión. Estos escándalos no provienen de la oposición política ni de los grandes poderes económicos, sino de personas cercanas al círculo del presidente.
Uno de los casos más destacados involucra a Laura Sarabia, que fue jefa de gabinete y una de las personas de confianza de Petro. En enero de 2023, Sarabia denunció la desaparición de dinero en su residencia, lo que llevó a un interrogatorio con polígrafo a su niñera, Marelbys Meza, en un edificio gubernamental.
Posteriormente, se reveló que las comunicaciones de Meza fueron interceptadas ilegalmente. Además, se filtraron audios de Armando Benedetti, embajador en Caracas, sugiriendo la entrada de dinero ilegal en la campaña presidencial. Tanto Sarabia como Benedetti dejaron sus cargos por decisión de Petro.
Otro escándalo significativo involucra a Nicolás Petro, hijo del presidente, que fue arrestado en julio de 2023 por cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito durante la campaña presidencial. Su exesposa, Daysuris Vásquez, proporcionó pruebas de que empresarios y exnarcotraficantes entregaron dinero en efectivo a Nicolás Petro, que supuestamente lo utilizó para gastos personales. Aunque el presidente se distanció de su hijo y solicitó una investigación, Nicolás Petro posteriormente afirmó haber sido presionado para retractarse de sus declaraciones iniciales.
En septiembre, surgieron nuevas acusaciones relacionadas con la financiación de la campaña presidencial. Una investigación reveló que el presunto narcotraficante Juan Carlos López y su esposa Sandra Navarro apoyaron la candidatura de Petro en Yopal, proporcionando vehículos de lujo y su residencia para eventos de campaña. Aunque el presidente negó estas acusaciones, existen audios que confirman la participación activa de la pareja.
El escándalo más reciente involucra la malversación de fondos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Testimonios de exfuncionarios indican una red de direccionamiento de contratos en municipios afectados por calamidades, con parte del dinero desviado supuestamente entregado a líderes del Congreso para agilizar reformas. Las acusaciones también alcanzan a varios altos funcionarios del gobierno.
El gobierno de Petro, que llegó al poder prometiendo un cambio profundo y la erradicación de la corrupción, ahora enfrenta el desafío de manejar las consecuencias de estos escándalos que han afectado su credibilidad y su capacidad para implementar reformas significativas.