Eissa Rodríguez, exsecretaria de Asuntos Indígenas de La Guajira, fue señalada por su papel en el Mecanismo Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 (Mesepp), un organismo adscrito al Ministerio del Interior encargado de supervisar la implementación de dicha sentencia.
Según La W Radio, Rodríguez supuestamente ha recibido pagos por coordinar eventos relacionados con la elección de autoridades tradicionales wayuú, lo que ha generado críticas por el momento fiscal de la sentencia.
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La Corte Constitucional expresó su preocupación por la crisis humanitaria en La Guajira, que afecta a niños por hambre, sed y enfermedades.
La implementación de la Sentencia T-302 enfrenta serios desafíos, especialmente en la figura de las autoridades tradicionales wayuú en municipios como Uribia, Maicao, Manaure y Riohacha.
La Corte ha cuestionado la manipulación de estas autoridades por parte del Mesepp, debilitado por un carrusel de contratos de prestación de servicios y la influencia de figuras cuestionadas.
Entre los implicados se encuentra Carlos Sama, exdirector de Etnias y cuota política del partido Aico, quien fue designado por el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para liderar el proceso del Mesepp.
Sama, conocido como ‘Olmedito’, ha sido acusado de replicar un esquema de poder similar al de Olmedo López cuando dirigía la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Bajo su dirección, Rodríguez fue reclutada desde su cargo municipal en Uribia para ocupar un puesto de mayor influencia a nivel nacional.
El esposo de Rodríguez, José Manuel Curvelo, actual jefe de contrataciones en Uribia, también ha sido vinculado a irregularidades.
Se ha denunciado que los contratos financiados por la Secretaría de Asuntos Indígenas deben contar con la aprobación de las autoridades tradicionales wayuú, cuya acreditación es gestionada por Rodríguez, lo que plantea un grave conflicto de intereses en el manejo de los recursos públicos.
La W Radio informó que el Mesepp ha sido criticado por no cumplir con sus objetivos a través de las entidades encargadas.
La Corte Constitucional no ha recibido el reporte de cumplimiento de los funcionarios a los 84 autos de seguimiento que tiene actualmente la sentencia.
La Consejería para las Regiones, bajo la dirección de Sandra Ortiz, ha sido cuestionada por contratos millonarios destinados a la articulación de asambleas comunitarias para elegir autoridades tradicionales.
El mecanismo de seguimiento ha sido objeto de controversia debido a la presencia de participantes en fotografías con figuras como Olmedo López y Sneyder Pinilla, implicados en el escándalo de la Ungrd. Además, se ha señalado a Álvaro Cotes García, primo del alcalde de Uribia, Jaime Buitrago, por ser nombrado como autoridad tradicional del corregimiento de Cardón sin cumplir los requisitos culturales fundamentales.
La situación en La Guajira sigue siendo crítica, con un bajo nivel de cumplimiento de la sentencia T-302 y denuncias de manipulación, corrupción y conflictos de interés en el manejo de los recursos destinados a atender la crisis humanitaria.
Corrupción en Ungrd involucra a Hacienda y congresistas en reuniones secretas
El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) ha alcanzado nuevas dimensiones con la revelación de las bitácoras de reuniones entre el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y varios congresistas investigados por la Corte Suprema de Justicia.
Según informó Noticias Caracol, estos encuentros, que se llevaron a cabo entre el 27 de noviembre y el 15 de diciembre de 2023, tenían como objetivo discutir la viabilidad de iniciativas económicas presentadas por Bonilla ante la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Los registros de las reuniones, que fueron tanto presenciales como virtuales, sugieren que se buscaba asegurar el apoyo de los congresistas a las propuestas económicas del Ejecutivo en el órgano legislativo.
Entre los involucrados se encuentran los senadores Juan Pablo Gallo y Liliana Bittar, así como los representantes Julián Peinado, Karen Manrique y Wadith Manzur. También figura el excongresista Juan Diego Muñoz, todos ellos bajo investigación por el presunto delito de cohecho impropio.
Este caso de corrupción comenzó a ganar notoriedad tras las declaraciones del exdirector de la Ungrd, Olmedo López, quien fue el primero en testificar ante la Corte el 25 de julio de 2023. Las revelaciones han puesto en el centro de la controversia al ministro Bonilla, quien ha sido señalado por su participación en estas reuniones con los congresistas implicados.
La divulgación de las bitácoras ha intensificado el escrutinio sobre las prácticas dentro de la Ungrd y el Ministerio de Hacienda, generando un debate sobre la transparencia y la ética en la gestión pública.
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