Procuraduría dejó sin oportunidades de acuerdo a Olmedo López y Sneyder Pinilla por caso Ungrd e irán a juicio: no podrán testificar contra otros implicados

Un año después de que se conociera uno de los escándalos más grandes del Gobierno de Gustavo Petro, no paran las polémicas en el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), después de que se conociera una nueva decisión de la Procuraduría General de la Nación sobre los dos principales testigos del caso: Olmedo López y Sneyder Pinilla.

Según información obtenida por la revista Cambio, el Ministerio Público decidió llevar a juicio al exdirector y exsubdirector de la entidad del riesgo, a pesar de que ambos implicadas expresaran su intención de colaborar con la justicia.

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Y es que el cambio de parecer de la Procuraduría se habría dado ante los reiterativos aplazamientos que pidieron ambos exfuncionarios de la Ungrd para comparecer ante el ente de control y entregar sus declaraciones de confesión, además de aceptar los cargos de los que se les señala.

En su momento, se conoció que López y Pinilla le hicieron el “quite” a las citaciones de la Procuraduría bajo el argumento de que no podían autoincriminarse sin la protección legal que les ofrecía un principio de oportunidad prometido por la Fiscalía.

La Procuraduría, al optar por el juicio, ha cerrado la puerta a cualquier tipo de colaboración por parte de López y Pinilla, lo que implica que no recibirán beneficios como una reducción en la sanción, según la decisión revelada por Cambio. lo que podría resultar en una inhabilidad más severa para ambos exfuncionarios.

Además, el Ministerio Público realizó un avalúo de los carrotanques involucrados en el caso, determinando que los sobrecostos eran mayores a los calculados por la Fiscalía, lo que podría llevar a multas más elevadas de las calculadas inicialmente por la Fiscalía General de la Nación.

Sin embargo, hay revuelo por la decisión de la Procuraduría, pues también tendría implicaciones en el desarrollo del caso, ya que al no permitir que López y Pinilla actúen como testigos, se limita la posibilidad de obtener testimonios contra otros implicados en el escándalo, como el expresidente del Senado Iván Name y el expresidente de la Cámara Andrés Calle.

Según el abogado de López, José Moreno, esta decisión parece proteger a otros involucrados, sugiriendo que la Procuraduría está más interesada en sancionar ejemplarmente a quienes colaboran que en perseguir a los principales responsables.

“La Procuraduría, como un barco que se hunde, intenta expulsar a los testigos antes de que canten. Prefieren imponer sanciones ejemplares a quienes colaboran, mientras dejan intactos a los peces gordos que navegan bajo el radar. Esta no es justicia rápida; es una vendetta maquillada. Olmedo López no solo perdió su oportunidad de colaborar, sino que Colombia perdió la oportunidad de conocer a los otros responsables. Hoy, la justicia disciplinaria parece más un juego de ajedrez donde las piezas protegen al rey, mientras sacrifican a los peones. Al final, la piedra que tiró la Procuraduría no solo golpeó a Olmedo López, sino que cayó al fondo de la verdad, enterrándola un poco más (…) parece que la Procuraduría buscaba más titulares que justicia. Es como si las decisiones se tomaran con la calculadora política en una mano y el expediente relegado al fondo del escritorio”, señaló el togado en diálogo con la revista citada.

Incluso, el penalista señaló que la decisión de la Procuraduría dejaría al descubierto presuntos intereses políticos para no investigar sobre otros implicados conocidos y por conocer en el escándalo de la Ungrd.

“El mensaje es claro: no importa cuánto quiera colaborar alguien si su confesión amenaza con incomodar a los protegidos del sistema. ¿Celeridad o complicidad? ¿Justicia o teatro? Lo cierto es que a Olmedo López se le cerró la puerta, se le ataron las manos y se le obligó a cargar con todo el peso del proceso, mientras otros respiran aliviados en las sombras. Si este es el estándar de justicia, el país tiene derecho a sentirse traicionado. A largo plazo, estas decisiones no solo afectan a mi cliente, sino que socavan la confianza en las instituciones encargadas de ejercer control y garantizar la rendición de cuentas”, concluyó José Moreno a Cambio.

Además, los abogados de López y Pinilla están considerando interponer una tutela para proteger el derecho al debido proceso y la defensa material de sus clientes. Sin embargo, la decisión de la Procuraduría ya ha limitado su capacidad de colaborar con la justicia y de actuar como testigos en el caso.