La tempestad fiscal que queda tras la salida de Ricardo Bonilla del Ministerio de Hacienda

Ricardo Bonilla, que ocupó el cargo de ministro de Hacienda durante 19 meses, presentó su renuncia irrevocable ante la petición del presidente Gustavo Petro. Esta decisión se produce en medio de tensiones internas en el Gobierno, conocido como ‘fuego amigo’, y con acusaciones de presunta compra de votos en el Congreso para apoyar proyectos gubernamentales.

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Durante su gestión, Bonilla enfrentó desafíos complejos, incluyendo una relación deteriorada con el Legislativo.

Los congresistas no respondieron a sus llamados para discutir el proyecto de ley de financiamiento ni para colaborar con la Comisión de Crédito Público, lo que obstaculizó el uso del cupo de endeudamiento. A pesar de ser uno de los colaboradores más cercanos de Petro, su nombramiento inicial se vio impedido por inhabilidades vigentes.

El mandato de Bonilla comenzó tras la salida de José Antonio Ocampo, que había tenido diferencias con Petro sobre los impactos fiscales de las reformas sociales.

Bonilla, por su parte, defendió la línea del presidente, lo que finalmente le costó su puesto. Durante su tiempo en el ministerio, enfrentó críticas por la gestión del Presupuesto General de la Nación para 2024, que casi comprometió trece billones de pesos destinados a obras importantes, como el metro de Bogotá y varias vías 4G. Además, las proyecciones económicas sobreestimadas llevaron a recortes presupuestales significativos.

La reducción de los gastos de funcionamiento, que inicialmente fue de 28 billones y luego de 33 billones de pesos, tampoco favoreció su gestión.

Aunque logró mejorar el crecimiento del recaudo tributario junto a la Dian, este indicador quedó en rojo al final de su mandato. Bonilla también fue criticado por la falta de un plan concreto de reactivación económica y un crecimiento económico lento que, según algunos estudios, estuvo por debajo del potencial real de la economía.

En sus últimas semanas, Bonilla lideró el trámite de la ley de financiamiento, que no fue bien recibida por diversos sectores económicos y políticos. Además, el trámite del Presupuesto General de la Nación para 2025 se realizará por decreto, debido a la falta de acuerdo entre el Legislativo y el Ejecutivo sobre los recursos necesarios.

El sector económico frecuentemente instó a Bonilla a reducir el gasto público, incluyendo la nómina y los gastos en logística y operaciones del Gobierno. Su salida coincide con un momento de alta incertidumbre en el mercado respecto a la estabilidad fiscal, ya que la caída del recaudo llevó a un aumento del endeudamiento nacional. En el presupuesto del próximo año, no hay certeza sobre 12 billones de pesos que carecen de una fuente de ingreso firme, y la gestión de la Dian podría estar nuevamente sobreestimada.

Antes de su renuncia, Bonilla trabajaba en un plan de subejecución presupuestaria para aliviar las restricciones financieras de la Nación y alcanzar una meta de recorte superior a 50 billones de pesos, como sugieren los expertos, para proteger la regla fiscal. Esta tarea ahora quedará en manos de Diego Guevara, el nuevo ministro de Hacienda.

A pesar de las dificultades, Bonilla afirmó que “las finanzas del país gozan de buena salud y la estabilidad fiscal se mantiene a pesar de las circunstancias internas y externas que nos correspondió afrontar”. Además, expresó su deseo de que el presidente Petro logre consolidar el “inicio de una nueva Colombia”.

Ricardo Bonilla, que fue el segundo ministro de Hacienda en dejar el cargo bajo la administración de Petro, se ha visto implicado en un caso relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Se le acusa de haber autorizado el desembolso de fondos que fueron malversados en la compra de camiones cisterna destinados a llevar agua potable a La Guajira.

El presidente Gustavo Petro solicitó la renuncia de Bonilla, no porque lo considerara culpable, sino para evitar que el escándalo afectara la agenda pública del Gobierno. Petro ha defendido a Bonilla, destacando su lealtad y su contribución a la recuperación económica del país. Sin embargo, la presión política fue un factor determinante en la decisión de apartar a Bonilla del cargo.

Por su parte, el ahora exministro de Hacienda ha manifestado que su renuncia le permitirá concentrarse en su defensa como ciudadano y evitar dañar la imagen del Gobierno. Ha declarado que enfrentará las acusaciones con dignidad y confía en poder demostrar su inocencia.