En una sesión que estuvo marcada por la controversia, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el jueves 5 de diciembre el cambio de comisión de la congresista Karen Manrique, que es investigada por su presunta implicación en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La representante pasará de la Comisión Tercera, encargada de asuntos económicos, a la Comisión Primera, donde se abordan temas constitucionales y legales.
La decisión no estuvo exenta de críticas. Algunos congresistas señalaron que el procedimiento se llevó a cabo de manera apresurada y sin suficiente debate, acusando a la plenaria de actuar a “pupitrazo”. Este término, común en la política colombiana, se usa para describir la aprobación rápida de decisiones sin un análisis exhaustivo o discusión adecuada.
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Varios representantes cuestionaron no solo la celeridad del trámite, también el momento en que se produce, dado que Manrique enfrenta investigaciones por posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a la Ungrd. Las críticas se centraron en que el cambio podría ser una estrategia para eludir presiones relacionadas con la investigación.
La congresista, por su parte, defendió su solicitud como un movimiento legítimo para enfocarse en áreas de interés político y legislativo que considera prioritarias. Sin embargo, esta explicación no convenció a todos.
Inspección en la oficina de Manrique
La Corte Suprema de Justicia intensifica la investigación contra la representante a la Cámara Karen Manrique, por su presunta participación en el escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Durante varias horas, funcionarios de la Sala de Instrucción realizaron una exhaustiva inspección judicial en la oficina de la congresista, ubicada en el edificio Nuevo del Congreso, con el objetivo de recabar evidencia clave en este caso que desató controversia en el ámbito político.
Esta diligencia, encabezada por el magistrado Misael Rodríguez, presidente de la Sala de Instrucción, se llevó a cabo apenas dos días después de que Manrique optara por guardar silencio en la indagatoria a la que fue citada por el alto tribunal. La inspección, más que un procedimiento rutinario, se convirtió en una búsqueda estratégica de documentos que conecten directamente a la congresista con la supuesta red de direccionamiento de contratos, valorados en 92.000 millones de pesos.
Según fuentes cercanas al caso, uno de los objetivos específicos de la diligencia era obtener material que permita realizar un análisis grafológico. Las autoridades buscan comparar la escritura de Manrique con las anotaciones en una libreta perteneciente al exdirector de la Ungrd Olmedo López. En dicho cuaderno, se habrían registrado, al parecer con la caligrafía de la congresista, los nombres de municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar), que serían beneficiarios de los presuntos contratos amañados.
La inspección no se limitó a la oficina de Manrique. Otras dependencias del Congreso también fueron visitadas por los funcionarios judiciales, quienes creen que en ellas podría haber información relevante para esclarecer el caso. Este procedimiento refuerza la gravedad del escándalo, que no solo involucra a Manrique, también a otros parlamentarios: Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.
Los mencionados legisladores son investigados por el presunto delito de cohecho impropio. Según las acusaciones, habrían aceptado emitir conceptos favorables a operaciones de crédito público propuestas por el Ministerio de Hacienda a cambio de beneficios que se materializarían en la adjudicación de contratos de la Ungrd.
Los presuntos vínculos entre los congresistas y los contratos de la Ungrd levantaron serios cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de recursos públicos. Según la investigación, los contratos habrían sido direccionados estratégicamente hacia municipios específicos como parte de una estructura de dádivas. Esto pone en entredicho no solo la gestión de los recursos, también el papel de los parlamentarios en la aprobación de políticas de interés nacional.
Además, el caso toma relevancia al involucrar reuniones supuestamente sostenidas entre Manrique, Olmedo López y el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Estas citas, según la Corte Suprema, serían clave para establecer cómo se articuló la red de corrupción.
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