El 3 de diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia notificó la condena a cinco años de prisión contra César Mauricio Velásquez, exjefe de prensa de la Casa de Nariño durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y Edmundo del Castillo, exsecretario jurídico del mismo gobierno, por el delito de concierto para delinquir.
Esta sentencia marca un nuevo capítulo en un caso que ha permanecido en el centro del debate público durante años, debido a la implicación de altos funcionarios del gobierno de Uribe en presuntos actos ilegales.
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La decisión fue tomada por la magistrada Rosa Elena Suárez Díaz, que ratificó la condena previamente emitida contra los dos exfuncionarios, al señalar que no hubo suficientes elementos para cambiar el veredicto: “La Sala encontró que los argumentos esgrimidos por los impugnantes no logran demostrar yerros atribuibles al tribunal”.
La Corte también defendió la integridad del proceso judicial al resaltar que el tribunal actuó conforme a la ley sin violaciones significativas durante el proceso.
La condena se deriva de un escándalo que ocurrió en el contexto de las famosas “chuzadas”, un caso en el que se les acusó de participar en una red de espionaje ilegal que afectó a altos magistrados de la Corte Suprema, entre otras personas.
Según el fallo, Velásquez y del Castillo fueron responsables de realizar un “concierto para delinquir”, al colaborar con actores externos en la ejecución de estos actos ilegales.
Velásquez defenderá su buen nombre
En respuesta a la sentencia, César Mauricio Velásquez, que ha mantenido su inocencia durante todo el proceso, emitió un comunicado a través de la cuenta oficial del Centro Democrático en la red social X.
En su mensaje, insistió en que la sentencia no se ajusta a los hechos ni a las pruebas presentadas en su contra: “El día de hoy, una sala de Conjueces insiste en condenarme luego de que el único juez que vio las pruebas de este proceso me había absuelto en el pasado”.
Velásquez también rechazó las acusaciones contenidas en la sentencia, especialmente las que lo vinculan con la filtración de información, afirmando que “no existe una sola evidencia” que respalde tales afirmaciones.
Confiado en su inocencia, Velásquez agregó: “Con la certeza de mi inocencia, seguiré luchando con todas las acciones jurídicas que existan para que la verdad salga a la luz y así reivindicar mi honra y mi buen nombre”.
El contexto de la sentencia
La condena contra Velásquez y del Castillo surge de un proceso judicial que se remonta a principios de la década de 2010, momento en el que la opinión pública conoció los oscuros episodios relacionados con las “chuzadas”.
En 2008, ambos exfuncionarios se habrían reunido con personas vinculadas al paramilitarismo, en lo que se conoció como el “escándalo de las chuzadas”, con el propósito de gestionar montajes judiciales contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Estos actos formaron parte de una serie de acusaciones de espionaje ilegal, que involucraron a miembros cercanos al gobierno de Uribe.
El caso fue emblemático no solo por las implicaciones legales, también por las repercusiones políticas que tuvo durante y después del mandato de Uribe.
A lo largo del proceso, Velásquez fue una figura central debido a su cercanía con el presidente Uribe y su papel como uno de los voceros más influyentes del gobierno.
A pesar de los escándalos, Uribe lo designó embajador ante el Vaticano en 2010, un nombramiento que fue ratificado por el gobierno de Juan Manuel Santos en 2012, a pesar de las críticas que surgieron tras la orden de la Corte Constitucional de revisar la queja presentada por el magistrado César Julio Valencia Copete contra Velásquez.
A pesar de la ratificación de la condena, Velásquez aún tiene la opción de apelar la decisión en un futuro cercano. El exjefe de prensa de Uribe ha dejado claro que no desistirá en su lucha legal, lo que augura una prolongada batalla judicial en la que la figura de César Mauricio Velásquez seguirá siendo un tema de discusión en los próximos meses.
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