Capturaron en Bucaramanga a exalcalde condenado por corrupción

Germán Hernando Durán Caicedo, exalcalde de Puerto Wilches, Santander, en el periodo de 2012-2015, fue detenido por uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Según el reporte entregado por las autoridades, la captura se produjo en el barrio Provenza de la capital santandereana, en medio de un puesto de control instalado por la fuerza pública. Allí, los uniformados le solicitaron su documento de identificación, y al verificar los datos en el dispositivo PDA, esto arrojó como resultado “antecedentes positivos en judiciales”, por lo que procedieron a su detención.

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El exmandatario de Puerto Wilches tenía una orden de captura solicitada por el Juzgado Penal del Circuito Número 2 de Barrancabermeja, expedida el pasado 31 de mayo de 2024, seis meses antes de su captura.

De igual manera, se conoció que Duran Caicedo está siendo investigado por la Contraloría General de la República por irregularidades en la entrega de complementos alimentarios a las instituciones educativas públicas dentro del Programa de Alimentación Escolar, PAE, durante su administración.

En un fallo, el órgano de control aseguró que las acciones del mandatario constituyen un daño al patrimonio estatal. “Según las pruebas aportadas, el contratista no entregó la cantidad de 23.750 complementos alimentarios a las instituciones educativas del municipio de Puerto Wilches, incumpliendo así el objeto contractual, ya que el compromiso era la entrega de 94.000 raciones”, señaló la Contraloría en un comunicado.

Así mismo, la Contraloría indicó en su momento que se presentaron entregas certificadas con firma de rectores o docentes de las instituciones educativas, pero que solo fueron de 70.250 complementos alimentarios, “lo que significa que se dejaron de entregar 23.750, y aun así se canceló al contratista la totalidad de las raciones contratadas”.

En este sentido, la entidad lo multó por un valor de 65.325.000 millones de pesos, tras analizar el contrato celebrado el 6 de octubre de 2015, entre la Alcaldía de Puerto Wilches con la Corporación Humana Integral de Relaciones Artísticas y Sociales (Corpochuiras), por valor de 251′863.000 pesos.

En el documento, se contemplaba respaldar proyectos generales de seguridad alimentaria y nutrición en la compensación en alimentación escolar en el municipio santandereano.

Esta no es la única medida disciplinaria que tiene el exalcalde del municipio santandereano, ya que la Procuraduría General de la Nación lo inhabilitó por un periodo de diez años, al autorizar un contrato de alquiler de vehículos y maquinaria sin cumplir los requisitos legales.

“En un intento de legalizar hechos cumplidos, el exfuncionario suscribió un contrato de transacción el 2 de diciembre de 2015 por valor de $850.280.000, sin contar con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria”, dijo el ente de control en un comunicado.

También, el exalcalde fue investigado por irregularidades en la ejecución de un convenio suscrito entre la administración municipal y la empresa Colinam, que tenía como objetivo la construcción de 200 viviendas de interés social para los damnificados de la ola invernal en los corregimientos de Bocas de Rosario, Campo Alegre, Chingale y Paturia de Puerto Wilches.

No obstante, la Procuraduría detalló que Duran Caicedo no había ejercido las acciones legales para proteger el patrimonio público y a la comunidad beneficiaria de dichas obras.

Adicionalmente, el Ministerio Público señaló que el exmandatario debía declarar el incumplimiento y la caducidad del contrato, para luego proceder a su liquidación de manera unilateral, o hacer efectivas la póliza del convenio, así como la cláusula penal. Sin embargo, la entidad mencionó que el entonces alcalde de Puerto Wilches no desplegaron ninguna actuación tendiente a hacer cumplir lo pactado contractualmente, por lo que fueron calificadas como gravísimas a título de culpa.

Finalmente, Germán Hernando Durán Caicedo también fue investigado por la Procuraduría, por presuntas irregularidades en la modalidad de contratación elegida para suministrar 3.031 libros, que buscaba garantizar el fomento y aseguramiento de la calidad de la educación en el municipio.