El 28 de noviembre del año en curso, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes recibió una denuncia contra la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo. La acción, presentada por el ciudadano Santiago Suárez, cuestiona la decisión de la Fiscalía de liberar a cuatro disidentes de las Farc, entre ellos Erlinson Echavarría Escobar, alias “Ramiro”, líder de la estructura 18 de este grupo armado.
La controversia se originó en un retén militar el 23 de julio de 2024, cuando varias camionetas de alta gama, presuntamente pertenecientes a la Unidad Nacional de Protección (UNP), fueron detenidas. En su interior se encontraban personas buscadas por la justicia, algunas en flagrancia, portando armas y municiones. La Fiscalía, no obstante, decidió liberar a cuatro de los capturados argumentando su inclusión en los diálogos de paz entre el Gobierno nacional y el Estado Mayor Central (EMC) de las Farc.
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La denuncia alega que esta decisión contraviene el principio de legalidad establecido en la Constitución, argumentando que la Fiscalía debe actuar con imparcialidad y apego a la ley. Se cuestiona específicamente la liberación de personas capturadas en flagrancia, un acto que, según el denunciante, carece de sustento constitucional.
Suspensión de órdenes de captura durante el diálogo con grupos armados
En paralelo, la Fiscalía suspendió órdenes de captura contra líderes del grupo disidente Comuneros del Sur, vinculado al ELN, quienes participarán como delegados en las negociaciones de paz con el Gobierno. Esta medida responde a una solicitud del alto comisionado para la paz y se formalizó mediante la Resolución 502 de 2024, que certifica el cumplimiento de requisitos legales y avala el estado avanzado del proceso de diálogo.
La suspensión tiene como objetivo garantizar la participación de los representantes del grupo armado en la mesa de negociaciones. No obstante, el grupo Comuneros del Sur enfrenta acusaciones por múltiples crímenes en las zonas donde opera, lo que ha generado críticas sobre la estrategia gubernamental para alcanzar acuerdos de paz.
Este escenario subraya la tensión entre la búsqueda de soluciones negociadas al conflicto armado y las obligaciones legales de las instituciones encargadas de administrar justicia, poniendo de relieve los desafíos inherentes a los procesos de reconciliación nacional.
Ministro de Defensa también había criticado a la fiscal General
El 25 de julio, Iván Velásquez, ministro colombiano de la Defensa, hizo un pronunciamiento público en el que dejó ver su descontento con el proceder de la fiscal, señalando que esto genera mensajes erróneos para la población colombiana. Pidió mejorar el diálogo interinstitucional para evitar este tipo de polémicas.
“Hay una decisión de la Fiscalía General respecto de alias Ramiro. Con relación al cabecilla del Frente 36, que es quien se tiene como determinador de ese hecho tan grave cometido en Valdivia con la muerte del sargento segundo y de los cinco soldados. Naturalmente, para nosotros, con todo lo que hemos condenado este acto en el que asesinaron a los uniformados con cargas activadas, no pisando campos minados (...) Tenemos que buscar cómo afinar dentro de las relaciones del Gobierno con el Poder Judicial en esta suspensión de órdenes de captura, cómo definir exactamente los alcances de esas suspensiones”, dijo el ministro Velásquez.
En su momento, Camargo le envió una directriz a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía; allí solicitó a la encargada de esa oficina, Gladys Gaviria Giraldo, la libertad de Echavarría bajo la resolución 0282.
“La suspensión de las órdenes de captura, como se dispone en la Resolución 0282, se hace extensiva a las situaciones de flagrancia, de modo que, sírvase ordenar la libertad de Erlinson Echavarría Escobar, en tanto en virtud de esa decisión, no puede ser capturado”, se lee en el documento firmado por la fiscal Camargo en horas de la noche del martes 23 de julio.
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