Varios de los exmilitares colombianos en Sudán habrían sido contratados, en principio, para viajar a Emiratos Árabes Unidos y no a África

Álvaro Quijano, un coronel retirado del Ejército colombiano, ha sido señalado como el cerebro detrás de una operación que ha enviado a más de 300 exmilitares colombianos a participar en la guerra civil de Sudán, en África.

Estos exmilitares han sido reclutados para luchar junto al grupo golpista Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), bajo la falsa promesa de empleos en los Emiratos Árabes Unidos (Asia Occidental).

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El esquema de reclutamiento se ha llevado a cabo a través de la empresa colombiana A4SI, propiedad de Claudia Viviana Oliveros, esposa de Quijano, destacó en una publiación La Silla Vacía. En ella, Omar Antonio Rodríguez Bedoya, un mayor retirado que fundó A4SI en 2017 y fue socio de Quijano, le contó al mismo medio que no tiene relación con el envío de mercenarios a Sudán y ha calificado de ilegal las acciones de su exsocio.

Rodríguez Bedoya, que conoce en persona a Oliveros y Quijano, también afirmó que aunque Quijano no figura de manera oficial en los documentos de la empresa, es quien en realidad coordina las operaciones, y ha sido el enlace con empresas de seguridad en los Emiratos Árabes para obtener contratos para exmilitares colombianos.

Rodríguez Bedoya explicó que la empresa comenzó operando legalmente, enviando personal a trabajar en los Emiratos Árabes Unidos, pero subrayó que A4SI no cuenta con los permisos necesarios para enviar personal a zonas de conflicto como Sudán.

La investigación detalló cómo Quijano, a pesar de sus antecedentes problemáticos con el narcotráfico y su participación en movilizaciones contra el gobierno de Gustavo Petro, ha logrado engañar a numerosos exmilitares colombianos con promesas laborales que nunca se materializan.

“Nosotros empezamos a trabajar de manera legal a mandar personal a trabajar en Emiratos Árabes Unidos. Pero esta empresa no tiene los permisos para mandar gente ilegal a Sudán”, indicó Rodríguez, que con documentos en mano, argumentó que Oliveros y Quijano transformaron la empresa que les había vendido para el 2022, con el fin de engañar a exmilitares colombianos y trasladarlos rumbo a Sudán, apoyados de la empresa emiratí Global Security Service Group.

“Si logran llevar los 1.500 hombres que se proponen a Sudán, eso podría representarles en un año 32 mil millones de pesos. Entonces los escrúpulos no están. Por eso se metieron en esta vaca loca”, complementó Rodríguez.

El caso ha generado preocupación debido a las implicaciones legales y éticas de enviar mercenarios a un conflicto armado en otro país, especialmente bajo engaños.

La situación también pone de relieve los desafíos que enfrentan los exmilitares en Colombia, quienes a menudo buscan oportunidades laborales en el extranjero debido a la falta de opciones en su país de origen.

Esto quedó en evidencia entre el 24 y 25 de noviembre en las redes sociales, donde se difundió un video donde se observa a un grupo de militares sudaneses revisando las pertenencias del exmilitar colombiano Christian Lombana Moncayo, de 33 años, que murió tras el ataque a un convoy, y cuando los soldados estaban mirando qué había junto al cuerpo del connacional, encontraron todos sus documentos personales, incluida hasta la tarjeta de bus del Sitp, junto a varias fotos y una carta a puño y letra hecha por su hija.

Sudán ha sido escenario de un conflicto armado que ha cobrado la vida de 22 mercenarios colombianos, según informó el Ejército de Sudán. Estos individuos, junto con cuatro emiratíes, fueron abatidos en un ataque con drones en la localidad de Al Fasher, en el contexto de las hostilidades que se desarrollan en la región. El ejército sudanés ha señalado que estos mercenarios participaban en diversas guerras y conflictos en el área.

La Cancillería de Colombia ha anunciado que llevará a cabo investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que murieron los ciudadanos colombianos. Este incidente se enmarca en una serie de ataques que el ejército sudanés ha resistido recientemente, enfrentando más de 150 ofensivas por parte de la milicia Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), según el comunicado del ejército.

El ejército sudanés también ha acusado a Emiratos Árabes Unidos (EAU) de ser el responsable de la contratación de los mercenarios abatidos, señalando que este país es uno de los principales benefactores del grupo paramilitar. Estas acusaciones han sido elevadas al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) con el fin de buscar soluciones al problema.

Además, el ejército sudanés ha informado sobre la destrucción de un convoy militar de las FAR que transportaba otro grupo de mercenarios extranjeros procedentes de Libia. Según el comunicado, desde el inicio del conflicto, han participado combatientes extranjeros de países africanos como Níger y Chad, lo que subraya la naturaleza transfronteriza de los mercenarios involucrados.

El conflicto en Sudán ha sido marcado por intentos fallidos de la milicia FAR de asaltar ciudades clave, lo que ha llevado a una escalada de violencia en la región. La situación ha generado preocupación internacional, y se espera que las investigaciones y las acciones diplomáticas contribuyan a mitigar la crisis.