Los estudiantes podrían estar aprendiendo de maestros falsos en Bogotá: esto se sabe del presunto cartel de los docentes

En Bogotá, un escándalo de corrupción educativa ha salido a la luz, involucrando a un grupo de docentes de colegios públicos que habrían utilizado diplomas falsos para obtener ascensos y aumentos salariales. La Procuraduría General de la Nación ha iniciado 40 procesos disciplinarios contra estos profesores, quienes estarían enseñando a miles de estudiantes sin la formación adecuada, según informó Semana.

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La investigación, que ha sido asumida con poder preferente por la Procuraduría, revela que más de 700.000 estudiantes y sus familias podrían estar siendo afectados por esta situación. La Secretaría de Educación de Bogotá también está bajo escrutinio, ya que se sospecha de irregularidades en la verificación de la autenticidad de los títulos presentados por los docentes. Según Semana, algunos profesores incluso habrían logrado trabajar y pensionarse sin contar con la formación requerida.

Helga Lidby Díaz, procuradora primera distrital de Bogotá, ha sido clave en destapar este entramado de corrupción. Durante la verificación de los diplomas, se han encontrado errores evidentes, y lo más preocupante es que algunas universidades han confirmado la falsedad de estos documentos. La gravedad del asunto ha generado una alerta en las autoridades educativas, quienes ahora enfrentan el desafío de restaurar la confianza en el sistema educativo público de la ciudad.

La Procuraduría General de la Nación en Colombia ha iniciado una serie de investigaciones sobre la falsificación de diplomas académicos. Según información obtenida, más de 400 personas habrían adquirido títulos falsos, pagando alrededor de 100.000 pesos por cada uno. Estos documentos fraudulentos incluyen diplomas de pregrado, especialización y maestría, y presentan inconsistencias evidentes como letras y tamaños diferentes, así como papeles superpuestos en datos críticos como la fecha de expedición.

Uno de los casos más destacados es el de Sandy Yolima Rodríguez, que presentó diplomas falsos de licenciatura en educación preescolar y maestría en ciencias de la educación para trabajar como docente en la Secretaría de Educación de Bogotá. Las universidades Antonio Nariño y San Buenaventura confirmaron que Rodríguez nunca cursó estudios en sus instituciones. La Procuraduría ha formulado cargos en su contra, señalando que los títulos presentados no corresponden a la realidad y que Rodríguez no cumplió con los requisitos de grado.

Otro caso relevante es el de un hombre que confesó haber utilizado diplomas falsos para obtener un puesto como profesor de educación física en el colegio Misael Pastrana Borrero. La Universidad Industrial de Santander (UIS) verificó que este individuo nunca estuvo registrado como estudiante ni graduado. En su confesión, el supuesto docente pidió perdón a la Secretaría de Educación, alegando que la falta de estabilidad económica lo llevó a cometer esta falta.

La Secretaría de Educación de Bogotá, liderada por Isabel Segovia, ha tomado medidas disciplinarias, sancionando a 126 personas por irregularidades similares. Sin embargo, la Procuraduría ha señalado que aún existen fallas en el proceso de verificación de las hojas de vida y diplomas de los docentes. Además, algunos funcionarios del Distrito estarían utilizando el argumento del debido proceso para evitar aplicar sanciones de inhabilidad.

El viceprocurador Silvano Gómez autorizó que la Procuraduría asumiera el control preferente sobre los procesos disciplinarios en la Secretaría de Educación, debido a la relevancia pública de estos casos y su impacto potencial en la administración pública. Actualmente, hay 16 procesos en curso, incluyendo el de Harry Salas Hurtado, quien presentó un diploma falso de la Universidad Tecnológica del Chocó - Diego Luis Córdoba para trabajar como docente provisional.

La situación es preocupante, ya que personas encargadas de la formación de niños y jóvenes están involucradas en este esquema de corrupción. La Procuraduría continuará investigando para identificar y sancionar a los responsables, con el objetivo de salvaguardar la integridad del sistema educativo colombiano.

Hasta el momento no se ha recuperado el dinero pagado a estos individuos, lo que ha dejado un considerable déficit financiero en las arcas de la ciudad. Las autoridades locales han indicado que es necesario esperar la conclusión de las investigaciones disciplinarias, fiscales y penales antes de proceder con el recobro de los salarios indebidos.

La Secretaría de Educación de Bogotá ha afirmado que realiza consultas con diversas instituciones educativas, tanto nacionales como internacionales, para verificar la autenticidad de los documentos presentados por los docentes. Sin embargo, la Procuraduría ha señalado que, a pesar de estas afirmaciones, el Distrito ha pasado por alto algunos casos, lo que ha permitido que personas con documentos falsificados ingresen al sistema educativo.

La Secretaría de Educación de Bogotá ha sido enfática en rechazar “la existencia de un presunto ‘cartel de profesores’”, según un comunicado reciente de la entidad.

Desde el año 2005, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) ha documentado 415 procesos relacionados con la falsificación de títulos, de los cuales “han finalizado 376″, explicó la entidad. A pesar de lo alarmante que pueda sonar esta cifra, cabe destacar que actualmente hay más de 35.000 docentes activos en Bogotá. De estos, “se adelantan 61 procesos disciplinarios por falsedad”, lo que representa un ínfimo 0.017% del total, detalló la SED.

A pesar de la gravedad de los casos de falsificación detectados, la Secretaría de Educación enfatiza que “el actuar doloso de unos pocos docentes” no debe llevar a concluir precipitadamente la existencia de un “cartel de profesores”. Esta afirmación, según ha indicado la SED, “hace daño al sector, a los docentes, a la institución; pero especialmente a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y sus familias” quienes confían en el sistema educativo público como un pilar para su proyecto de vida.