
Transcurridos diez días desde que el juez Jaime Herrera Niño absolvió en primera instancia a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, de su presunta participación en el grupo paramilitar ‘Los doce apóstoles’, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial inició una investigación en contra del togado por posibles irregularidades en su declaración de bienes y rentas.
El caso está relacionado con aparentes omisiones en la declaración juramentada de bienes y rentas del juez, correspondiente al 2022. Según una investigación del portal Cuestión Pública, Herrera Niño no habría reportado su participación del 30.87% en una casa ubicada en Santa Marta, adjudicada junto a sus hermanos como parte de una sucesión en 2018, con un valor de $213 millones.
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Además, el juez habría omitido declarar que su hermana, Irlanda Herrera Niño, también ejerce como jueza de la República. Por si fuera poco, tampoco habría reportado ningún tipo de ingreso en su declaración, lo que ha levantado serios cuestionamientos sobre la transparencia de su gestión.
Ante estas revelaciones, Alfonso Cajiao, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, ordenó enviar copias del caso a la Comisión Seccional de Antioquia para que investigue las posibles faltas disciplinarias del juez. En una comunicación oficial, Cajiao indicó: “Debe procederse de manera inmediata al reparto. Agradezco, una vez efectuado, se me informe el número de radicado y magistrado sustanciador”.
La absolución de Santiago Uribe

La controversia en torno al juez Herrera Niño se suma al impacto del fallo emitido el pasado 13 de noviembre de 2024, cuando absolvió a Santiago Uribe de los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. Estos cargos estaban relacionados con su presunta participación en el grupo paramilitar ‘Los doce apóstoles’, que operó en el norte de Antioquia en los años 90 y que, según la Fiscalía, utilizó la hacienda La Carolina como base de operaciones.
El caso incluye la acusación del asesinato de Camilo Barrientos, un conductor de bus escalera señalado como colaborador de las entonces Farc. No obstante, el juez argumentó en su fallo que no se logró desvirtuar la presunción de inocencia de Santiago Uribe, más allá de toda duda razonable.
“La imposición de sentencia condenatoria debe fundamentarse en la existencia de la certeza respecto a la existencia del delito y la responsabilidad del procesado, de manera tal que, si el Estado, por medio de la Fiscalía, no ha desvirtuado la presunción de inocencia más allá de toda duda razonable que ampara al procesado, este debe ser declarado no responsable”, afirmó el togado en la decisión.

A pesar del fallo absolutorio, la Fiscalía General de la Nación anunció esta semana que apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Antioquia. El ente acusador sostiene que el juez no valoró adecuadamente las pruebas presentadas durante el juicio, incluyendo testimonios clave que vinculaban a Santiago Uribe con las actividades del grupo paramilitar.
Posibles sanciones para el juez
La investigación disciplinaria que ahora enfrenta Jaime Herrera Niño podría derivar en sanciones severas si se comprueban las irregularidades en su declaración de bienes y rentas. Las posibles consecuencias van desde una suspensión temporal hasta la destitución del cargo, dependiendo de la gravedad de las omisiones.

La Comisión Seccional de Antioquia será la encargada de determinar si las acciones del juez constituyen faltas disciplinarias y si su conducta afectó la imparcialidad en el ejercicio de su función.
El caso de Santiago Uribe y la conducta del juez Herrera Niño reflejan las tensiones persistentes en torno a la administración de justicia en casos de alto perfil en Colombia. La atención pública continúa enfocada en este caso, que abarca temas de justicia, transparencia y el impacto de los grupos armados en el país, dejando abierta la discusión sobre la responsabilidad de las instituciones en la búsqueda de la verdad y la reparación para las víctimas.
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